El Gobierno de Cantabria tramita otro convenio singular para privatizar operaciones y pruebas sanitarias con Mutua Montañesa
La Consejería de Salud del Gobierno de Cantabria (PP) está tramitando un convenio con Mutua Montañesa para derivar a dicho centro cirugías de la especialidad de Traumatología y pruebas de resonancia y escaner que hasta ahora se hacían en la sanidad pública.
El acuerdo que se pretende firmar es otro convenio singular, como el aplicado en el hospital religioso Santa Clotilde, con un presupuesto mucho más moderado de 6,5 millones como máximo, frente a los 256 millones del centro privado, y una vigencia de cuatro años. En el caso del Hospital de la Orden de San Juan de Dios la privatización sanitaria se prolongará durante veinte años, hasta 2046, hipotecando la futuro gestión en la comunidad durante las próximas dos décadas.
Los convenios singulares permiten adjudicar servicios sanitarios sin concurso.
El acuerdo ha sido adelantado por El Diario Montañes y confirmado por fuentes del Gobierno a Europa Press.
Este segundo convenio no será el último que firmen los responsables de la sanidad pública. Falta un tercer acuerdo -todavía pendiente- con el Centro Hospitalario Padre Menni, que atiende a personas con enfermedad mental.
Mutua Montañesa se define a sí misma como una asociación de empresarios sin ánimo de lucro que colabora con la Seguridad Social “en la misión de cuidar de la salud y el bienestar de los trabajadores, gestionando la salud y las contingencias derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales”, así como las prestaciones económicas relativas a la incapacidad laboral por enfermedad común y aquellas otras prestaciones encomendadas por la Seguridad Social.
La entidad da cobertura a más de 30.000 empresas y autónomos a través de 21 delegaciones y 340 profesionales distribuidos por todo el país. Aunque su referencia y presencia principal está en Cantabria con su hospital, especializado en Medicina Rehabilitadora y Traumatología, situado en la avenida del Faro de Santander.
Privatización sanitaria con Santa Clotilde
El convenio singular con Santa Clotilde no se anunció públicamente y pasó desapercibido en los acuerdos del Consejo de Gobierno porque la inversión no se reflejó en la nota de prensa que se suministró a los medios de comunicación. La noticia la adelantó elDiario.es y el ejecutivo de Buruaga justificó que no se había hecho público porque “estaba pendiente de firmarse”.
Lo cierto es que el convenio entró en vigor el 1 de enero de este año y nunca hubo una firma pública ni una fotografía oficial de un acuerdo polémico que desató numerosas críticas por parte de partidos políticos, sindicatos y asociaciones como la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública.
A raíz de este acuerdo se va a pagar al hospital privado más del doble de lo que venía percibiendo por las prestaciones de hospitalización, cirugía y rehabilitación que ya realizaba el centro médico dependiente de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios.
elDiario.es también desveló que un informe oficial advirtió que el convenio para la privatización sanitaria aprobado por el PP compromete el presupuesto de Cantabria hasta 2042. El documento alertaba del “elevado compromiso presupuestario” para las cuentas públicas del acuerdo firmado con el hospital Santa Clotilde: “Obligará a adoptar medidas de priorización del gasto público”.
Críticas del PSOE
“Es un paso más hacia la privatización y un golpe más a la sanidad pública” -denuncia Marcos Agudo, secretario de Salud del PSOE de Cantabria- “una nueva vuelta de tuerca en esa carrera privatizadora de la sanidad pública”.
En su opinión, es “absolutamente incomprensible” que el Gobierno de Cantabria “siga transitando por una senda que no ha demostrado otra cosa que inutilidad y despilfarro, sin ningún beneficio para el conjunto de la ciudadanía; sólo numerosos beneficios para unas pocas manos: los que hacen negocio a costa de la salud de todos”.
Agudo sostiene que detrás de las privatizaciones hay un incremento de casi 2.000 personas en la lista de espera respecto a noviembre de 2025 y un aumento de 20 días de demora para hacerse una intervención quirúrgica. Esta situación “es todo un desastre” para la ciudadanía de Cantabria que ha visto “regalados” 256 millones de hacia la sanidad privada, y de 65 millones de un plan de reducción de listas de espera que no han servido para absolutamente nada más que para incrementar las demoras. “Un desastre para los cántabros y un buen negocio para la empresa privada”, ha concluido.