Cantabria es la única comunidad con un convenio de privatización sanitaria de 16 años sin sanciones progresivas
Cantabria es la única comunidad autónoma que ha firmado un convenio de privatización de servicios sanitarios, sin concurso público, por un periodo superior a los diez años. Lo normal es que la duración se limite entre uno y tres años, mientras que el Gobierno del PP en Cantabria ha firmado con el Hospital Santa Clotilde, un centro religioso de gestión privada, un compromiso de 256 millones de euros durante 16 años prorrogables hasta los 20 años, hipotecando la gestión sanitaria hasta el año 2042, como mínimo. Una duración tan elevada y un compromiso de gasto prolongado que puede alcanzar dos décadas invita a presumir, en la práctica, una cesión estructural, no una colaboración puntual.
Algunos de los convenios de otras comunidades autónomas también prohíben subcontratar servicios, establecen penalizaciones más estrictas y exigen que los centros privados dispongan de todos los recursos desde el primer día, no como en el caso cántabro que, aunque Santa Clotilde no dispone de infraestructuras, de camas, personal sanitario o consultas suficientes, el convenio ya ha entrado en vigor. De hecho, el hospital ni siquiera ha empezado a construir el nuevo edificio que necesita para cumplir las condiciones del acuerdo que entró en vigor el pasado 1 de enero de 2026.
Asturias, por ejemplo, también mantiene suscritos cuatro convenios singulares, pero la duración de todos ellos se limita a un año, a diferencia del caso cántabro. La Fundación Hospital Avilés también ejerce como centro de apoyo de atención especializada y también realiza el cribado de cáncer de mama, como ya está haciendo Santa Clotilde, a cambio de 10 millones de euros anuales. Además, mantiene acuerdos con la Cruz Roja para realizar hemodiálisis, con el Sanatorio Adaro como centro de convalecencia y con la Fundación Hospital de Jove en Gijón. La cantidad económica, no obstante, es considerablemente mayor que en el caso cántabro: casi 100 millones de euros anuales en total.
Otras comunidades autónomas también tienen convenios singulares -como se denomina este tipo de acuerdos sin concurso público y adjudicación directa- con la Orden Hospitalaria San Juan de Dios, propietaria del Hospital Santa Clotilde en Santander, aunque las condiciones son muy diferentes. Castilla y León firmó un acuerdo con los religiosos, pero solo de tres años de duración, entre 2026 y 2029, por importe de 63,6 millones de euros. Pero este contrato prohíbe expresamente la subcontratación de infraestructuras o servicios, una claúsula de la que carece el contrato con el Servicio Cántabro de Salud.
De igual forma, también establece condiciones más estrictas en caso de incumplimiento. Las penalizaciones pueden suponer que no se haga el abono o que se reduzca proporcionalmente si no se cumple la actividad asistencial máxima o si no se dispone de los medios técnicos y del personal exigidos en el acuerdo. Mucho más exigente que en Cantabria, donde la misma Orden Hospitalaria cobrará el 99% del dinero comprometido en la peor de las circunstancias, ya que solo el 1% está sujeto a sanciones.
El convenio leonés prohíbe subcontratar
Castilla-La Mancha ha añadido otra condición: que el centro religioso privado no pueda subcontratar “infraestructuras ni servicios”, una prohibición ausente del convenio cántabro, donde dentro del hospital opera la empresa privada HT Médica, que aporta los aparatos y realiza, entre otras cuestiones, la lectura de las mamografías. La cuestión es sustancial porque el convenio se ha suscrito con una entidad sin ánimo de lucro, y es precisamente ese motivo el que permite adjudicarlo a dedo.
El convenio de Castilla y León especifica incluso las características de los aparatos de rayos que deberán ser de una antigüedad máxima de diez años, cuestión que tampoco se regula en el convenio cántabro. En este sentido, precisa, por ejemplo, que durante las pruebas radiológicas deberá estar presente un médico especialista en Radiodiagnóstico, tanto durante la preparación del paciente como durante la ejecución de la prueba. En el caso de que se incluyan exploraciones bajo anestesia es obligatorio que haya un anestesista, además de un enfermero y un técnico en Radiodiagnóstico.
Mientras que en el caso de los cribados de cáncer de mama que se han encargado al hospital Santa Clotilde no figura ningún protocolo en el acuerdo. Otra ventaja sobre el convenio cántabro es que en Castilla y León se revisarán anualmente los protocolos de las exploraciones.
Cataluña también firmó un convenio con el Hospital San Juan de Dios en Esplugues de Llobregat (Barcelona) para “promover actividades científicas y promover sinergias de cooperación entre las partes” por cinco años, prorrogables por otros tantos.