Trump odia las ciudades

En los últimos años, Donald Trump ha amenazado con retirar financiación federal a ciudades gobernadas por demócratas, ha confrontado políticas locales vinculadas a la diversidad y ha construido un relato en el que las grandes metrópolis aparecen como espacios de desorden, inseguridad y decadencia moral. No es solo una estrategia retórica: es una posición política coherente. Cuando las ciudades funcionan como espacios de derechos, redistribución y comunidad, se vuelven incómodas para un modelo basado en el autoritarismo, la desregulación, la acumulación y la centralidad del mercado.

He tenido la suerte de pasar dos semanas conversando con equipos, responsables públicos de proyectos urbanos y organizaciones de Ciudad de México y Nueva York. En contextos muy diferentes, emerge una misma intuición: la ciudad no es solo un escenario, sino una herramienta. Una infraestructura que puede organizar la vida colectiva, redistribuir oportunidades y sostener derechos. Y, precisamente por eso, es también un espacio de disputa política.

Decir que 'Trump odia las ciudades' es, en este sentido, una simplificación útil. No habla de una cuestión personal, sino de un conflicto entre modelos. Por un lado, una visión que entiende el territorio como soporte para la acumulación, donde el valor se mide en rentabilidad y el espacio se gestiona como un activo. Por otro, una práctica urbana que sitúa la vida en el centro y que convierte la ciudad en una infraestructura de derechos: proximidad, acceso a servicios básicos, espacio público de calidad y comunidad.

Frente al urbanismo del capital, que tiende a fragmentar, segregar y privatizar, están emergiendo prácticas que reordenan la ciudad desde otra lógica: la proximidad, un espacio público que no está subordinado al beneficio económico y el acceso garantizado a servicios básicos como la sanidad o la alimentación. Para explicarlo, pondré cuatro ejemplos de ciudades que representan un nuevo orden urbano.

En Chicago, esta tensión se concreta en políticas que intentan desplazar el centro de gravedad del gobierno urbano. Programas de renta garantizada, iniciativas para reforzar servicios comunitarios y estrategias para abordar la salud mental fuera de la lógica punitiva apuntan a una ciudad que no solo reacciona al conflicto, sino que intenta prevenirlo desde la redistribución. En un contexto estadounidense fuertemente marcado por desigualdades estructurales, estas políticas operan como ensayos de un modelo urbano que entiende la ciudad como garante de derechos, no solo como espacio de crecimiento económico.

Frente al urbanismo del capital, que tiende a fragmentar, segregar y privatizar, están emergiendo prácticas que reordenan la ciudad desde otra lógica

En Bogotá, las Manzanas del Cuidado representan un cambio de paradigma aún más explícito. La ciudad reconoce que el trabajo de cuidados, históricamente invisibilizado y sostenido mayoritariamente por mujeres, es una infraestructura esencial. A través de una red territorializada de equipamientos y servicios, se construye una geografía del apoyo que permite redistribuir tiempo, recursos y responsabilidades. No se trata solo de prestar servicios, sino de reorganizar la ciudad desde la vida cotidiana.

En Nueva York, a pesar de ser uno de los grandes centros globales del capital, también emergen prácticas que tensionan este modelo. Figuras como la de Zohran Mamdani, su alcalde, han impulsado una agenda que pone el foco en las condiciones materiales de la vida urbana, y recientemente hemos visto que una de sus propuestas centrales, desarrollar un sistema de supermercados públicos, ya ha empezado a caminar.

Además, acciones concretas como la mejora sistemática del espacio público, reparación de aceras, mantenimiento de infraestructuras básicas e intervenciones de proximidad pueden parecer menores, pero tienen una dimensión política clara: reivindican que gobernar es cuidar lo común. Que la calidad de vida urbana no depende solo de grandes proyectos, sino de la atención sostenida al detalle cotidiano.

Mientras tanto, en Ciudad de México, las UTOPÍAS (Unidades de Transformación y Organización para la Inclusión y la Armonía Social) operan como verdaderos laboratorios para la construcción de derechos. Son grandes equipamientos híbridos que combinan deporte, cultura, educación, cuidados y espacio público en barrios populares. Pero más allá del programa, lo relevante es su lógica: poner la dignidad en el centro.

Una mujer que ha sufrido violencia machista puede llegar a un espacio donde, antes de denunciar o explicar nada, recibe atención y cuidado en un spa, mientras sus hijos tienen acceso simultáneo a actividades, cursos de natación o a un partido de fútbol, baloncesto o voleibol. Las UTOPÍAS son la materialización directa del derecho a la ciudad.

Este conjunto de experiencias puede leerse desde un marco teórico que, aunque fue formulado hace décadas, resulta hoy especialmente pertinente. A finales de los años setenta, el arquitecto Oswald Mathias, junto a otros colegas profesionales, desarrolló la teoría de “Berlín como archipiélago verde”.

En ese momento, Berlín era una ciudad fragmentada, marcada por vacíos, discontinuidades y fracturas políticas. Ante la imposibilidad, y quizá la inutilidad, de reconstruir una ciudad continua y homogénea, estos autores propusieron otra aproximación: trabajar con la fragmentación. Pensar la ciudad como un conjunto de islas urbanas de alta intensidad rodeadas de vacío, conectadas entre sí pero autónomas en su funcionamiento.

Su propuesta no era solo formal. Implicaba aceptar que la ciudad moderna no podía ser total y que quizá su fuerza residía precisamente en su capacidad de ser parcial, diversa y discontinua.

Lo que funciona en una ciudad puede transferirse a otros contextos. De las ciudades al mundo, porque operan como prototipos reales de otro modelo posible

Hoy, esta idea adquiere un nuevo significado. La ciudad como archipiélago ya no es solo una respuesta a la forma urbana, sino una propuesta política. Y como propuesta política, la ciudad adquiere el carácter de laboratorio no como una excepcionalidad, sino como una condición operativa: es en esta escala donde se hace posible testar políticas con capacidad de escalabilidad y replicabilidad. Lo que funciona en una ciudad puede transferirse y adaptarse a otros contextos. De las ciudades al mundo, porque estas prácticas operan como prototipos reales de otro modelo posible.

Pensar así la ciudad implica un cambio de paradigma: de la ciudad como máquina productiva a la ciudad como infraestructura de la vida. De la extracción a la reproducción. De la acumulación al cuidado. Y es precisamente eso lo que incomoda. Porque estos modelos no son teóricos: ya existen. Funcionan, con todas sus limitaciones, y demuestran que es posible organizar la ciudad desde otras prioridades.

Por eso, el conflicto no es menor. Reordenar el espacio público para que no beneficie prioritariamente al capital, garantizar el acceso universal a servicios básicos o redistribuir el tiempo y los recursos implica disputar intereses muy concretos.

En este contexto, las ciudades se convierten en algo más que centros urbanos: se transforman en laboratorios políticos. Espacios donde ensayar formas alternativas de organizar la vida. Y quizá es precisamente eso lo que explica su incomodidad. Que, conectadas como un archipiélago, estas experiencias no solo resisten, sino que apuntan hacia otro modelo de sociedad.