Hermetismo en el Gobierno cántabro sobre el municipio que recibirá las 4.000 toneladas de amianto de la Residencia Cantabria

El Gobierno de Cantabria presidido por María José Sáenz de Buruaga (PP) guarda hermetismo sobre sus planes para verter en Cantabria las cantidades ingentes de amianto que se obtendrán del desmantelamiento de la Residencia Cantabria, en Santander. Sin embargo, el consejero de Medio Ambiente, Roberto Media, ha avanzado este martes que en mayo de 2026, esta comunidad contará con una planta de tratamiento de residuos de amianto, aunque sin especificar dónde.

No obstante, sí ha adelantado que se situará cerca del Centro Medioambiental de El Mazo, ubicado en Sierrapando (Torrelavega). “No voy a decir dónde está, ya lo diré”, ha afirmado cuestionado por los medios durante el inicio de las obras de remodelación y automatización del citado vertedero y a raíz del anuncio que llevó a cabo en sede parlamentaria este lunes el consejero de Salud, César Pascual.

Media ha explicado que Cantabria es una de las pocas comunidades que no tiene un vertedero de amianto, por lo que, según ha dicho, cualquier administración o particular que tiene que hacer un tratamiento se ve obligado a llevar los residuos a País Vasco, Castilla y León o Aragón. “Eso supone unos costes terroríficos para nuestras empresas y administraciones que no podíamos dejar eternizarse en el tiempo”, ha remarcado.

Así pues, el titular de Medio Ambiente ha asegurado que “las obras ya están en marcha”. “Para el mes de mayo de 2026 tendremos una instalación no muy lejana de donde nos encontramos ahora y en la que podremos tratar esos residuos abaratando muchas de las actuaciones de las administraciones, como es el caso de la Residencia”, ha afirmado, tras precisar que se trata de la construcción “de un vaso en instalaciones que ya existen”.

En Cantabria hay tres plantas de tratamientos de residuos, dos de las cuales son vertederos. El Mazo quedó clausurado como tal y las instalaciones de Meruelo y Castañeda tratan y almacenan residuos orgánicos e inertes, respectivamente. Entre las empresas privadas especializadas para el tratamiento del fibrocemento, principal producto que contiene el asbesto (amianto), solo hay una en Cantabria: Tirso Hierros y Metales, aunque no tiene vertedero propio.

Sin embargo, y como avanzó Pascual, Cantabria dispondrá de un vertedero que admita residuos de amianto cuando haya que transportar los elementos contaminantes que resulten de la demolición del edificio de la antigua Residencia, para implantar el futuro Parque de Innovación de la Salud, que se levantará en el solar en donde ahora se encuentra el complejo sanitario. El desmantelamiento lo ejecutará la empresa pública Tragsa.

Inicialmente, como dijo el consejero de Salud, estaba previsto trasladar las 4.000 toneladas de amianto que se calcula que se extraigan, a Zaragoza, lo que suponía, según Pascual, un coste “importante”, pero finalmente se depositarán en Cantabria, con lo que se ha “rebajado” el presupuesto para el desmontaje del inmueble.

Las 4.000 toneladas de este material cancerígeno que hay en la Residencia Cantabria se reparten por la cubierta, los paramentos de las fachadas y los forjados y pavimentos entre plantas de su principal edificio, una torre de 45 metros de altura frente al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla en Santander. Su retirada y tratamiento costaba inicialmente 10,17 millones de euros, la mayor parte de los 17,5 millones que calcula el Gobierno que podría costar desmantelar un complejo de cuatro edificios y cuyo solar ocupará el futuro Parque de Innovación de la Salud.

“Como residuos nucleares”

El sellado de amianto en un vertedero es un proceso de eliminación más económico que el tratamiento, el cual suele necesitar altas temperaturas hasta inertizar el material y, en consecuencia, un alto coste energético. Sin embargo, el vertido no es necesariamente un proceso simple y barato, ya que tiene sus condiciones.

Las directrices estatales para la eliminación el vertido de este material fueron actualizadas en 2024. Permiten el uso de vertederos que no fueron pensados para residuos peligrosos, cuando se cumplan una serie de condiciones: “no contener sustancias peligrosas distintas del amianto; en la celda en que se deposite material no se depositará otro tipo de residuos y será suficientemente estanca; no ha de producirse rotura ni del contenido ni del continente del embalaje; la zona de depósito ha de cubrirse diariamente y antes de cada operación de compactado; se colocará sobre el vertedero o la celda una cubierta superior final”, se indica entre otras disposiciones.

Más contundente es el planteamiento de las empresas especializadas, en donde se habla de un recubrimiento de hormigón para estos residuos. Según la plataforma especializada Gestión del Amianto, el almacenamiento de este residuo es el proceso más utilizado en el mundo, ya que la destrucción del asbesto tiene un elevado coste. En consecuencia, la opción más habitual es enterrarlo siguiendo un método similar al que se utiliza con los residuos nucleares, es decir, con un recubrimiento de hormigón.

El vertido requiere evaluar continuamente la probable exposición de los operarios del vertedero “que se ocupan de transportar o enterrar las bolsas de residuos”, los cuales “deben protegerse contra el riesgo de exposición (provocada, por ejemplo, por la rotura de las bolsas o los embalajes de los residuos durante su transporte o enterramiento), mediante la utilización de equipos de protección adecuados (filtros de partículas de alta eficacia en el aire acondicionado de las cabinas de los vehículos y uso de equipos de protección respiratoria aptos para amianto y ropa protectora, así como vestuarios o instalaciones de descontaminación)”.