Intentos de fraude, 1.100 euros y dos meses de fianza con reserva: la especulación se extiende por los pisos de universitarios
A mediados de junio, después de tres meses buscando, José Manuel Graiño y dos amigos dieron por hecho que habían encontrado un piso de alquiler, en Santander. Pero tras ver el anuncio, la casa, y cerrar “verbalmente ”con el propietario, “a ultimísima hora, cuando solo había que firmar, nos dijo que subía el precio, de 900 a 1.000 euros, y que teníamos que pagar un comprobante de reserva del piso”.
“Obviamente”, dice Graiño, buscaron otro piso. No estaban dispuestos a aceptar las condiciones repentinas del casero y no se lo podían permitir. Con 21 años, este estudiante de Laredo (Cantabria) está seguro de que la búsqueda de piso en 2026 para hacer cuarto año de Economía en la Universidad de Cantabria (UC), en Santander, ha sido la más complicada.
“Recuerdo que el primer año de carrera era mucho más tranquilo y había tiempo para elegir”, dice tras haber conseguido finalmente un piso al que llamaron “corriendo”, después de ver el anuncio, tras ver otros por hasta 1.100 euros, por una vivienda de 65-70 metros cuadrados, en el entorno de la UC: “Para nosotros, que somos estudiantes, es bastante el precio”, dice aunque su piso nuevo acaba el contrato en junio, “prácticamente todos son así”.
Intentos de fraude, cobros de dos meses con reserva, pisos de tres habitaciones por más de mil euros y la ya asentada idea de que hay que abandonar el piso cada junio. Las dinámicas han cambiado completamente los precios en varias provincias. La especulación inmobiliaria se ensaña cada vez más con los universitarios de otros países o llegados de otros municipios que estudian en ciudades medianas, como Santander, Murcia o La Laguna, donde los salarios son inferiores a las grandes capitales.
Los patrones de Madrid y Barcelona se reproducen en el resto de ciudades. Santander, Murcia o La Laguna “están sometidas a tensiones inmobiliarias nuevas”, analiza Miguel Díaz, investigador de la Complutense y autor del informe 'Segovia. Ciudad tensionada', elaborado por la Fundación Rosa Luxemburgo, sobre el impacto de una universidad privada en el coste del alquiler. “La problemática es que al ser ciudades de mucha menor escala, el efecto global que puede tener sobre el mercado del alquiler es mucho mayor”, explica Díaz.
Para Ignacio Ezquiaga, doctor en economía e investigador en Funcas, hay que distinguir entre el ascenso de precios de vivienda libre en venta o alquiler y el encarecimiento de la vivienda libre respecto a la renta: El primero es un proceso que en parte depende del segundo. Lo que ya es caro sube normalmente menos que lo que aún no es tan caro. Hay una tendencia a igualar la asequibilidad en el mercado libre“.
Las diferencias de precios entre grandes y pequeñas ciudades, desarrolla Ezquiaga, o entre áreas de alta y baja densidad residencial, son proporcionales a la renta. “No creo que el fenómeno actual se circunscriba a las áreas más urbanas. En el resto ocurre igual: precios no asequibles para la mayoría de los nuevos hogares potenciales (incluidos estudiantes), precarización del alquiler y retraso en la emancipación”.
Ezquiaga señala que la ventaja de ciudades medias y pequeñas “es que disponen de mayor flexibilidad para aumentar la oferta de vivienda, con nueva edificación, rehabilitación o redensificación”.
A esto Ezquiaga agrega el problema adicional del efecto huida en la España rural y de ciudades menores, “ya que sus precios, aun siendo más bajos que las áreas más tensionadas, quizá deberían ser más atractivos y asequibles para retener e incrementar población”, plantea.
Díaz, que ha analizado el caso del Instituto de la Empresa en Segovia, señala por su investigación que el precio del alquiler en esa ciudad “practicamente” se ha duplicado: “Ha sido un cambio sustancial hacia otro modelo de precios mucho más elevados, donde la oferta residencial para el alquiler de largo plazo, se ha vaciado de una manera importante”, advierte.
Santander, más de 4.000 euros por un piso
En 2026, el Gobierno de Cantabria (PP) ha financiado, por primera vez, la gratuidad de la matrícula para el curso entrante en la UC, pero solo en el primer año de grado. Para ello, ha destinado este año un monto de 1,5 millones de euros, del que se beneficiarán los empadronados en la comunidad autónoma. La sede central de la UC está en Santander que, con 176.472 habitantes, según datos del Ayuntamiento (PP), carece de una residencia universitaria pública.
Este año, la rectora de la UC, Conchi López, anunció un proyecto de residencia de 116 habitaciones para el curso 2028/2029, “en un contexto marcado por la reducción de la oferta de vivienda en Santander y el incremento de los precios del alquiler, lo que dificulta el acceso a un alojamiento adecuado”, dijo la rectora.
El modelo pensado, si sale adelante, será una concesión a 40 años a una empresa gestora, con apoyo del Gobierno de Cantabria y del Ayuntamiento, con habitaciones a precios “asequibles”, regulados por la universidad.
Santander alberga también dos universidades privadas, Cesine y Universidad Europea del Atlántico (UneAtlántico). Hay un colegio mayor público de la UC y dos residencias privadas, una de UneAtlántico y otra llamada MiCampus, del fondo de inversión Stoneshield Capital.
Pablo Vázquez (Oviedo, 21 años) estudia periodismo y ha pasado por las dos residencias privadas de Santander. La experiencia sumada al precio le han hecho decidir que el próximo curso viajará en autobús cada día de Oviedo a Santander y vuelta. Dice que prefiere hacer cuatro horas y media al día, en el mejor de los escenarios, o hasta seis horas de viaje en autobús al día, que volver a pagar una residencia o vivir en un piso.
“Aunque mi familia se lo puede permitir”, reconoce Vázquez, “me compensa el viaje: puedo hablar de un ahorro de de 1000 euros”, respecto a las residencias, donde se gastaba -a excepción de una bonificación el primer año- por encima de 800 euros mensuales. Se muestra optimista respecto al bus por el abono transporte nacional: “Por 30 euros al mes puedo ir y volver las veces que quiera”.
Vázquez es una excepción. En su misma universidad -donde la matrícula supera los 6.000 euros-, una alumna latinoamericana cuenta bajo anonimato que este año, por primera vez, junto a sus tres compañeras de piso, han tenido que hacer tres pagos por un piso en Santander: dos meses de fianza y una reserva desde julio.
Un total de 4.350 euros por un piso de cuatro habitaciones, dos baños, cocina, sala, y trastero que sus familias pueden asumir, pero admite que son las condiciones “más caras” que ha tenido en cuatro años en la capital de Cantabria. “Es amplio”, valora esta estudiante que también aprecia que sea un contrato fijo durante dos años, frente a la tendencia de temporalidad general.
Otra alumna latinoamericana de su misma universidad, también bajo anonimato, dice que tras tres años en Cantabria puede afirmar que, cada año, “es un poco más complicada” la búsqueda de piso: “Antes pedían un mes de fianza y ahora suelen pedir más, además de gastos adicionales como la limpieza mensual”, cuenta.
Esto se traduce en que todos los pisos que ha visto para este año de dos habitaciones -tiene una compañera de piso- tienen un precio promedio mensual de temporada de 900 “o más”. Hace tres años, dice, les pedían antes un mes de fianza. “Ahora nos piden dos meses o incluso tres”, cuestiona esta estudiante.
Ibai Ruiz, de Laredo y estudiante de Ingeniería Mecánica en la UC, se fijó en esta tendencia y creó una plataforma llamada TrentiScan, con la que ganó un premio universitario, por ayudar a detectar fraudes en alquileres para estudiantes. “Con la desesperación por encontrar alojamiento, los fraudes se disparan”, cuestiona el creador de la app que ahora se llama Waybox.
“Lo que más vemos son los 'pisos fantasma': anuncios con precios algo más bajos de lo normal donde exigen pagar una fianza por adelantado para 'bloquear' la habitación antes incluso de verla. Juegan con el miedo del estudiante a quedarse en la calle”, dice Iba Ruiz sobre una ciudad que ha visto cambiar drásticamente en siete años: “Hablando con compañeros de cursos superiores, lo que en 2019 era una habitación de 200 o 250 euros, hoy roza los 400 euros y las condiciones para entrar son muchísimo más agresivas”.
La Laguna, estafas para ver pisos por 95 euros
En Canarias, al creciente precio de los alquileres se suma otra dificultad: el carácter insular del territorio. Los estudiantes que no viven en las islas capitalinas tienen que mudarse para poder ir a la Universidad e incluso los que han nacido en Tenerife o Gran Canaria se ven obligados a salir de su isla para poder cursar la carrera que quieren o a buscar un piso más cerca de las facultades y sortear así el colapso diario de las carreteras.
La Universidad de La Laguna (ULL), en Tenerife, es la más antigua de Canarias, con más de 200 años de historia. En la isla hay dos universidades privadas, pero ninguna ofrece formación presencial en La Laguna. Por un lado está la Tecnológica de las Islas Canarias (TECH), donde la formación es completamente digital, y por otro la Universidad Europea, con un campus en La Orotava y otro en la capital, Santa Cruz de Tenerife.
Así, la ULL ha hecho que La Laguna (161.091 habitantes) se consolide con los años como la ciudad universitaria por excelencia del Archipiélago. Sin embargo, ahora corre el riesgo de perder el título ante las dificultades crecientes a las que se enfrentan los universitarios para encontrar dónde vivir durante el curso. Alquilar una habitación cuesta a los jóvenes entre 300 y 450 euros, a pesar de que Canarias es una de las comunidades autónomas más empobrecidas del país, con un 31,2% de la población en riesgo de pobreza y exclusión social.
El precio no es el único problema. También lo es la falta de pisos. “Es muy difícil encontrar uno a un precio razonable y en un lugar adecuado”, cuenta Alejandra Ramírez. Ella es de Gran Canaria, pero estudia Psicología en la ULL porque en su isla, la universidad pública no oferta el Grado.
El miedo a no tener dónde residir durante el curso lleva a los jóvenes a caer en estafas y a pagar precios desorbitados por una habitación. “Se aprovechan para ofrecer pisos muy antiguos por precios muy altos. A mí me estafaron 95 euros. Mi amiga y yo teníamos que hacer una reserva para poder ver un piso y cuando llegamos allí, el piso no existía”, cuenta Ramírez.
Los centros de alojamiento públicos que ofrece la ULL también se han quedado pequeños. La Universidad cuenta con tres colegios mayores y una residencia, que suman un total de 541 habitaciones entre individuales, dobles y adaptadas. Según los datos publicados por el centro, hasta el momento se han matriculado para el próximo curso 17.452 personas. La Laguna también cuenta con una residencia privada, la Residencia Universitaria Nazaret, de carácter religioso y solo para mujeres.
En enero de este año, la ULL presentó una iniciativa para construir 50 plazas de estudiante con una construcción basada en un sistema industrializado. Las plazas alojativas no estarán disponibles este curso, ya que según ha explicado la institución a esta redacción, acaban de recibir el proyecto.
Murcia, un 16% de oferta contra un 58% de demanda
Para María Dolores, estudiante de tercero de Bellas Artes en la Universidad de Murcia, el verano ha sido un sinvivir frente a la pantalla del ordenador buscando una habitación que le permita seguir estudiando en la capital sin que el alquiler se lleve buena parte del presupuesto familiar.
Una presión que se ha intensificado en los últimos años. En el primer trimestre de 2026, la oferta de habitaciones en Murcia aumentó un 16% respecto al año anterior, pero la demanda lo hizo un 58%. El precio medio se sitúa ya en 300 euros mensuales. Eso convierte una habitación en un piso compartido —la opción que tradicionalmente permitía abaratar el coste de estudiar fuera de casa— en un gasto que supera fácilmente los 3.000 euros anuales, a los que hay que sumar alimentación, transporte, matrícula, material académico y pago de suministros.
Murcia, con 479.471 habitantes según el censo, cuenta fundamentalmente con dos grandes universidades en su entorno inmediato: la Universidad de Murcia (UMU), pública, y la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), privada. La primera supera los 30.000 estudiantes, mientras que la segunda cuenta con más de 22.000 alumnos en programas de grado y posgrado.
En Murcia, el precio medio de una habitación alcanzó los 300 euros mensuales en el primer trimestre de 2026, según el portal especializado Idealista. Una cifra que se mantiene estable respecto al año anterior pero que acumula un incremento del 34% en cinco años: de unos 223 euros en 2021 a los 300 actuales.
El mercado actual ofrece, no obstante, una horquilla más o menos amplia. En los anuncios consultados recientemente aparecen habitaciones desde alrededor de 230 euros, especialmente en zonas periféricas, hasta 350, 390 euros o más en viviendas mejor ubicadas o equipadas. La ubicación pesa. También el estado de la vivienda, el número de personas que comparten baño, si los suministros están incluidos y, cada vez más, la distancia al tranvía o a los campus.
Álvaro, estudiante de 21 años procedente de Albacete, lleva dos cursos compartiendo piso en Murcia. El primer año pagaba 250 euros por la habitación. Para este curso, su casero le anunció a él y a sus otros tres compañeros de piso que el precio subía, de golpe, a los 315 —lo que supone unos ingresos mensuales para el propietario de 1.260 euros—, sin contar luz, agua ni Internet: “Cuando hicimos cuentas, la habitación se nos iba a los 370 al mes a cada uno, pero hemos preferido asumir la subida impuesta por el propietario antes que jugárnosla tal y como está la cosa”, relata.
Es lo que le pasó a Lucía, de 23 años, nacida en la localidad costera de Águilas. A mitad de curso se vio en la necesidad de salir del piso que compartía en Murcia con otras dos chicas por la pésima relación que mantenía con ellas, con denuncias por agresiones de por medio. “Encontré una habitación, pero me dijeron que había otras cuatro personas interesadas y que, si quería reservar, tenía que transferir 500 euros ese mismo día. Pedí ver el contrato y me dijeron que lo enviarían después”. Lucía, que asegura sentirse “desesperada”, realizó el trato por WhatsApp y efectuó el ingreso de la “reserva”. Resultó una estafa.
María Dolores procede de Purias, una pedanía del municipio de Lorca situada a poco más de 70 kilómetros de la capital regional. Una distancia que, en coche, se completa en unos 51 min por la Autovía del Mediterráneo (A-7). Ella no dispone de vehículo propio y la utilización del transporte público no es una alternativa para evitar el traslado temporal de su residencia a Murcia, porque le obligaría a emplear unas 5 horas diarias en viajes en autobuses y tranvías —el servicio de trenes de Cercanías entre Murcia y Lorca lleva suspendido desde octubre de 2021debido a las obras del AVE—, entre ida y vuelta.
Así que empezó a buscar piso en junio. “Pensaba que lo conseguiría pronto, pero muchas habitaciones ya estaban reservadas. Los que encuentro por 250 o 270 euros están muy lejos o están compartidos por muchas personas y tienen solo un baño. Y si pago 350 euros más gastos, mis padres no saben si podrán mantenerlo todo el curso”, explica. “Tengo otros dos hermanos que vienen detrás de mí. No me parecería justo comprometer los ahorros que ellos han previsto también para sus estudios, así que no sé lo que haré al final, pero entre las opciones está dejar la carrera”, reconoce a pocas semanas de que empiece el nuevo curso académico.