La Fiscalía inicia la investigación por las presuntas irregularidades en el SCS
La Fiscalía de Cantabria ha iniciado la investigación sobre las presuntas irregularidades en el Servicio Cántabro de Salud (SCS) reveladas por una alta funcionaria de este departamento tras la denuncia presentada por Izquierda Unida. La coordinadora autonómica de esta formación, Leticia Martínez, se ha mostrado “satisfecha” al conocer que este organismo judicial ha abierto las diligencias con las que espera que “se pueda aclarar” lo que el Gobierno de Cantabria no ha querido“ hacer, y ha criticado que en su lugar haya ”decidido perseguir judicialmente a la funcionaria“.
El PP también apoyó el testimonio de la jefa de contratación de este departamento de sanidad y ha denunciado en las últimas semanas “un reguero de irregularidades” sobre el que pidió a Revilla que depurase responsabilidades. Ante lo que consideran una negativa del presidente a llevarlo a cabo, Buruaga anunció este miércoles que en los próximos días también presentarán una denuncia ante la Fiscalía.
Martínez ha reivindicado en un comunicado que su partido “ha hecho lo que tenía que hacer”. “Ante la sospecha de irregularidades en un área tan básica como la sanidad pública hemos actuado con responsabilidad”, ha remarcado. Unos hechos que, según detallaron en su denuncia, podrían implicar la comisión de delitos de “prevaricación administrativa, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, además de la usurpación de funciones y falsedad en documento público”.
La dirigente de IU ha querido diferenciar su denuncia de la anunciada por el PP señalando que la impulsada por Buruaga está “forzada por la iniciativa” de la formación de izquierdas. “Carece de sentido que el PP corra ahora a poner una denuncia que no puso cuando debió hacerlo”, ha subrayado, y ha explicado que las denuncias se pueden presentar indistintamente ante la policía, la Fiscalía o el juzgado. “No se le mandan a Revilla para no se sabe muy bien qué”, ha recalcado Martínez.
“Secundar” su denuncia
Es por ello que ha instado al PP a “secundar” su denuncia “en lugar de abrir una nueva”, sumando a ella “las pruebas que parece que acaba de encontrar y no tenía”. En ese sentido, Martínez se ha preguntado por qué el PP “no había acudido antes a la Fiscalía” y ha rechazado que fuera porque entonces hubiera “falta de pruebas”, como vienen sosteniendo los populares.
“¿Significa entonces que la presidenta del PP lleva dos semanas dando ruedas de prensa escandalizada sin tener pruebas? ¿Si no tenían pruebas, qué documentación le entregaron al presidente del Gobierno cuando su estrategia ante las irregularidades era priorizar la lealtad institucional con Revilla a la preocupación por el cumplimiento de la legalidad?”, se ha preguntado la coordinadora de IU.
Martínez ha hecho hincapié en que “si no se tienen pruebas, no se convocan ruedas de prensa poniendo el grito en el cielo”, “y si se tienen”, ha añadido, “a donde se va es al Juzgado, a poner denuncias con nombres y apellidos”.“Así funciona la justicia, y así hicimos nosotros cuando llevamos a los tribunales al exalcalde de Astillero del PP Carlos Cortina”, ha recordado.“No nos cabe duda de que el Partido Popular conoce bien lo que es sentarse en el banquillo y los procedimientos judiciales, por lo que no cabe tratar con tanta ligereza estos asuntos”, ha enfatizado.
Para la coordinadora de IU, “eso es lo que podría haber hecho ya el PP si priorizaba el rigor en la investigación a su escenografía política” con Revilla, “pero prefirió el espectáculo al rigor” y ahora quiere “extender el show”, ha criticado.
Martínez ha puesto en cuestión la preocupación del PP por la sanidad pública, afirmando que la “ahora escandalizada” presidenta del PP “puso Valdecilla, nuestro mayor referente de la sanidad en manos de constructoras”. Finalmente, también ha recriminado a PSOE y PRC sus “incoherencias” en la defensa de la sanidad pública.
Los responsables del SCS negaron las irregularidades denunciadas y achacaron las acusaciones a una campaña política encabezada por el PP, con el objetivo de “echar sombras sobre la gestión” de este departamento ante la “proximidad de las elecciones”. Asimismo, el subdirector presentó una demanda contra la jefa de contratación por “injurias y calumnias” que, según señaló, atentan “contra su derecho al honor”.
