Tensión entre ética y política

Cuando la Unión Europea dijo que España tenía que reducir la interinidad en la función pública se refería a que las plazas debían convertirse en fijas. Estos días regresa la conversación sobre este proceso que, al parecer, se ha malentendido: lo que se estabilizan son las plazas, no las personas que las ocupan de forma transitoria.

Es decir, eliminar la interinidad consiste en sacarlas a concurso. En ningún sitio se dice que esa plaza pertenece al interino y que hay que adjudicársela con un concurso a medida. Aunque, es cierto, que a menudo los afectados consideran que es suya y que nadie más tiene derecho a disputársela. Es un sentimiento muy humano, pero indefendible desde el punto de vista administrativo y legal. Todas las plazas de empleados públicos deben ser ocupadas por quienes estén más capacitados para ello.

La cuestión es cómo se mide esa capacitación. Hay convocatorias que llevan el nombre y el apellido del futuro beneficiario escrito en las bases. En la universidad, por ejemplo, es una rareza extraordinaria que haya más de un competidor por plaza. En Cartes, el propio alcalde nombró al jurado y redactó las bases. Eso explica por qué se daban más puntos a quienes hubiesen ejercido tareas de mantenimiento en Cartes que en Torrelavega o Vega de Pas. También, con lógica a favor, decidió el método más favorable para pasar de interino a fijo: un concurso de méritos.

Quizá ante esta banalización del proceso de selección público, ante la normalización de la puerta de atrás en algunos ejemplos poco edificantes, el exalcalde de Cartes, Agustín Molleda, haya adquirido el convencimiento de que ha obrado correctamente.

Pero la primera anomalía es esa: creer que la plaza de mantenimiento le pertenecía a él y la de monitora de tiempo libre a su hermana, solo porque llevaban algunos años desempeñando ese trabajo como empleados interinos. Ninguna ley ni ningún procedimiento administrativo dice que hay que hacer funcionario al mismo interino que la ha ocupado.

Se produce una segunda anomalía: no ver un conflicto de intereses cuando un alcalde ejecuta un concurso de méritos a la carta para 'estabilizarse' a sí mismo y a su hermana. Agustín Molleda resuelve adjudicar una plaza en propiedad a Agustín Molleda, publicó el Boletín Oficial de Cantabria.

La tercera anomalía es la reacción. Ya se sabe que todo está correctamente hecho desde el punto de vista administrativo. Desde el legal no hay idénticas certezas: en su día posiblemente un tribunal podría haber corregido un proceso de cierto aire esperpéntico donde los méritos laborales se valoran menos unos kilómetros más allá del perímetro municipal. Como nadie más se presentó y nadie lo denunció nos vamos a quedar con la incógnita.

Hasta la reacción a la crisis ha sido desafortunada: difundir una carta de apoyo a Molleda firmada por todos los concejales sin su permiso.

Desde el Ayuntamiento de Cartes cierran filas con un comunicado defendiendo lo que hizo el exalcalde presuntamente firmado por todos los grupos municipales. Pero, en un giro de guion, el PRC y el PP locales –que asistieron de convidados de piedra a esta original 'estabilización' de su propio alcalde– se desvinculan del contenido, dicen que ellos no han firmado esa carta de apoyo a Agustín Molleda, que la exhibe en las redes sociales con aires de bula papal.

Es decir, el comunicado es falso. Solo lo firma el PSOE. Circunstancia que debilita aún más la confianza en el afectado por esta crisis.

Más allá del caso concreto del alcalde que se estabiliza laboralmente a sí mismo, está el director de Personal del Ayuntamiento de Santander que prepara opositores o el diputado que aspira a ser interventor en el Parlamento que gestiona su propio partido. Son casos diferentes con un denominador común: la barrera ética ha descendido a un sótano político del que urge rescatarla.

La ética y la política mantienen una continua tensión. Pero en tiempos convulsos de descrédito de las instituciones y de desprestigio de la propia política la exigencia moral debe elevarse, no rebajarse. Debemos exigir mayor rigor y más escrúpulos en el ejercicio del cargo.

Predicaba Platón que la gente honesta no necesita leyes que les digan lo que hay hacer para actuar responsablemente. En cambio, quien no tiene esa cualidad, encontrará las formas de saltáselas.