“Empezamos 2026 con una mala noticia: las dueñas del local han puesto La Libre en venta y nos han dado un estrecho margen de maniobra. La Libre quiere seguir existiendo y para ello va a necesitar todo tu apoyo”. Así arrancaba el correo que le mandó en enero el colectivo sociocultural y librería La Libre, en Santander, a diversos colectivos sociales de la ciudad para buscar alternativas.
Los colectivos de dos centros sociales autogestionados en Santander, Smolny y La Libre, enfrentan la finalización de los contratos de alquiler de los locales donde llevan 8 y 15 años, respectivamente. Los caseros de Smolny se lo anunciaron a inicios de 2025 y los sacarán del barrio santanderino del Carmelo en septiembre de 2026. A los de La Libre se lo dijeron en diciembre, y la finalización de su alquiler aún no tiene fecha cerrada.
Además de la extinción de estos alquileres, hay otro centro sociocultural -cuyos gestores prefieren no dar su nombre-, al que los propietarios le suben “hasta casi el doble” el arrendamiento este año, en una zona en proceso de gentrificación como es el entorno de la calle San Simón. Aunque están en negociaciones y no les habían subido el alquiler en 16 años, la subida es inminente.
La presión inmobiliaria tiene efecto rebote: no son tres colectivos los afectados, cada centro social es punto de encuentro de decenas de organizaciones más. La Libre ha convocado una asamblea, que se celebrará el próximo 30 de enero, para evaluar opciones, como recaudar fondos para comprar el local o ampliar la cuota de socios, y afrontar un panorama crítico porque un local de sus características hoy cuesta el doble “necesitando reforma”, advierten desde La Libre.
Junto a la Oficina de Vivienda
La Libre -que funciona de forma autogestionada igual que Smolny- es un local de 100 metros cuadrados, en el número 1 de la Rampa de Sotileza. Es una de las calles más antiguas de Santander, la última que mantiene el empedrado, a 62 metros de distancia exactamente de la Oficina de Vivienda de Cantabria.
Las caseras de La Libre, cuentan desde el colectivo, les han cobrado 550 euros desde que llegaron al local en 2009. Pero 2026, cuando cumplen 25 años de existencia, lo afrontan sin certezas. Deben asumir una probable salida del local en el que el colectivo sociocultural y librería está desde 2009.
“Es un proyecto militante y la casa de muchos colectivos más”, describen. “No hay nada oscuro, los propietarios querrían que nos quedaramos el local, pero es el problema de la gentrificación y de la burbuja, porque es imposible encontrar un local en las mismas condiciones”, explican desde el colectivo, que aglutina alrededor de 300 socios y en cuyo local se reúnen una docena de organizaciones sociales de todo tipo.
En Smolny sospechan que el local en el que están hasta junio pasará también a tener uso turístico. Su barrio, El Carmelo, ha sufrido una mutación en los últimos tres años, entre antiguos comercios reconvertidos en locales cerrados sin uso y plantas bajas destinadas al turismo.
Smolny está en un local, en la calle Santa Teresa de Jesús, de 160 metros cuadrados. Desde ahí hacen recogida y reparto de comida a familias en situación vulnerable y, cada tarde, dan clases de apoyo a niños del barrio El Carmelo. La relación con sus caseros, a los que pagaban 600 euros más IVA, siempre ha sido cordial.
Hasta que, en 2025, les contactaron para hacerles un anuncio: “No os vamos a renovar”, le dijo por WhatsApp la propietaria a Luis de la Mata, de Smolny. “Véndenoslo”, le propuso a la casera, cuya familia posee más locales en el entorno. La respuesta fue negativa. “Nos echan, pero en general no culparía a los dueños de los locales. ¿Cuántos locales tiene cerrados el Ayuntamiento”, se pregunta Luis de la Mata.
Hace ocho años que Smolny está en este espacio a pie de calle. Antes estaban en la misma zona, pero en otro local que, irónicamente, pasó a tener uso turístico. “En los últimos tres años, el barrio suena a trajín de ruedas de maleta”, cuenta Luis, que se ha criado en El Carmelo, como toda la junta directiva.
“Tenían ofertas”
Los colectivos afectados están en espacios amplios y céntricos de Santander, en pleno proceso de gentrificación de las ciudades medianas españolas, como Santander. “No nos querían echar, pero tenían ofertas para pagarles más de 1.000 euros de alquiler”, dice una de las portavoces de un tercer colectivo sociocultural, que pide no dar su nombre. Llevan más de 15 años en la misma sede, en el entorno de Entrehuertas. Cuenta que tienen buena relación con los caseros y nunca les habían subido el alquiler, que hasta ahora era de 450 euros.
El problema es que no son una asociación con ánimo de lucro e -igual que sucede con Smolny y La Libre- organizan actividades de muchos otros colectivos, aunque en su caso, sí piden subvenciones para conciertos, charlas y talleres, además de ser la sede permanente de otra organización de carácter social. “Tenemos relacion con la vecindad: algunos vienen a nuestros intercambios de esquejes, los locales de alrededor nos cuidan y hemos apoyado en intentos de desahucio”, describe.
Dicen que esperan encontrar una fórmula justa y ampliar el contrato otros tres años, ya que hasta ahora renovaban cada año. Sobre qué ha cambiado, la portavoz del colectivo que no se identifica, es clara: “Al final, ellos (los propietarios) ven que ahora pueden y ahora piden”.