Los hosteleros critican la moratoria del Gobierno cántabro que permite que sigan funcionando pisos turísticos sin regularizarse
La Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria ha manifestado este jueves su “rechazo frontal” a la instrucción del Gobierno regional para el decreto de viviendas de uso turístico, que considera que “vacía de contenido” a esta normativa, y ha asegurado que no descarta emprender acciones.
En un comunicado, esta asociación considera que esa instrucción representa una “moratoria” a la hora de cumplir el decreto y “altera su finalidad, al permitir que viviendas que no se han adaptado a la normativa continúen operando”.
“El objetivo era claro: quien no cumpla, no puede seguir; y esta instrucción hace justo lo contrario”, ha afirmado el presidente de la asociación de hostelería, Eduardo Lamadrid, para quien esa instrucción “permite seguir en el mercado a numerosos alojamientos sin resolución municipal”, según informa EFE.
Para la asociación, “no se trata de una cuestión técnica, sino de una decisión que cambia las reglas del juego y afecta directamente a la competencia”.
Los hosteleros cántabros denuncian que se genera una “grave distorsión al perjudicar a los empresarios que sí han cumplido la ley frente a quienes no lo han hecho”. “Se está premiando al incumplidor y castigando al que ha hecho el esfuerzo de adaptarse”, ha resumido Lamadrid.
Además, frente al argumento del Gobierno de que la Instrucción no tiene carácter normativo y no altera el régimen jurídico del decreto, esta asociación ha advertido de que “lo relevante no es esa declaración formal, sino su efecto real”.
“No estamos ante una simple organización interna, sino ante un criterio general nuevo que, de hecho, está reordenando la aplicación del decreto”, han incidido los hosteleros, que aseguran que en los últimos días ya se ha producido un “efecto llamada” con un aumento de solicitudes de registro de las viviendas de uso turístico “que saben que no van a poder cumplir los requisitos”.
Han apuntado, además, “falta de claridad sobre cuánto tiempo podrán seguir operando aquellas viviendas que, tras los ocho meses de periodo de adaptación, aún no han completado la documentación”. “Si no hay respuesta de los ayuntamientos o resolución de recursos, pueden seguir ofertando su producto turístico sin un plazo límite claro, lo que agrava la inseguridad jurídica”, agregan.
Desde la Asociación de Hostelería consideran que esta situación merece una “especial objeción”, porque “mediante una figura administrativa de rango inferior se están generando efectos que afectan directamente al equilibrio regulatorio fijado por el decreto”.
Así mismo, los hosteleros han criticado “la falta de diálogo previo con el sector”. “Nos sorprende profundamente habernos enterado por el BOC, sin ningún tipo de comunicación previa, siendo la asociación empresarial con mayor representación en Cantabria” ha señalado Lamadrid.
Y ha insistido en la necesidad de reforzar la inspección para garantizar el cumplimiento de la normativa, recordando que sigue pendiente la incorporación de nuevos inspectores anunciados por el Ejecutivo autonómico.
Ante esta situación, la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria ha anunciado que sus servicios jurídicos están analizando el documento y no descarta emprender acciones para defender los intereses del sector y garantizar la igualdad de condiciones.