Un juez de Nueva York rechaza desestimar el caso contra Maduro pero cuestiona la negativa de EEUU a que Venezuela pague su defensa

El juez rechaza desestimar el caso contra Nicolás Maduro. Pero muestra dudas sobre el bloqueo de EEUU a que Venezuela pague la defensa de su ex presidente, secuestrado por tropas de EEUU el pasado 3 de enero durante un ataque al país en el que resultaron muertas más de 100 personas, entre ellas 32 soldados cubanos.

El expresidente venezolano y su esposa, Cilia Rodríguez, han vuelto este jueves a los tribunales en Nueva York, donde han planteado el desistimiento de las acusaciones de narcotráfico en su contra, y han aprovechado para ello la disputa con los honorarios legales.

La defensa y la fiscalía debatieron sobre si Maduro podría beneficiarse de fondos del Gobierno venezolano para costear su defensa. Sus abogados han insistido en que EEUU está violando los derechos constitucionales del expresidente venezolano al impedir que se utilice dinero del Gobierno venezolano para cubrir sus gastos legales.

El juez Alvin Hellerstein cuestionó que el argumento de la fiscalía para bloquear los fondos siga vigente, ahora que las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela se han distendido. No obstante, no ha emitido aún un fallo sobre el asunto ni ha fijado un plazo para tomar la decisión ni para una próxima vista, informa AP.

Mientras partidarios y opositores se manifestaban en el exterior, Maduro y su esposa hicieron su primera aparición ante el tribunal desde la vista de lectura de cargos celebrada en enero, en la cual él protestó por su secuestro a manos de las fuerzas militares estadounidenses y declaró: “No soy culpable. Soy un hombre decente, el presidente constitucional de mi país”. Flores también se ha declarado no culpable.

La pareja se sentó en la mesa de la defensa, flanqueada por sus abogados, vistiendo uniformes de la cárcel y utilizando auriculares para escuchar la traducción simultánea.

Además de narcotráfico, se les acusa de ordenar secuestros, palizas y asesinatos de personas que les debían dinero por drogas o que obstaculizaban su operación de tráfico ilícito. De ser declarados culpables, podrían enfrentar cadena perpetua.

Ambos se encuentran detenidos en un centro de reclusión en Brooklyn, y ninguno ha solicitado la libertad bajo fianza. El juez Hellerstein aún no ha fijado una fecha para el juicio.

Si bien el partido gobernante de Maduro se mantiene en el poder, Delcy Rodríguez, la presidenta en funciones de Venezuela, ha ido reemplazando a altos funcionarios —incluyendo al ministro de Defensa, Vladimiro Padrino, y al fiscal general de Maduro, Tarek Saab—, ha reorganizado organismos estatales, ha designado embajadores y ha modificado algunos de los pilares del movimiento chavista, como la preeminencia estatal en la explotación petrolera del país.

La financiación de la defensa

El fiscal Kyle Wirshba argumentó este jueves que, si el fundamento de las sanciones estadounidenses contra Venezuela radicaba en que Maduro y su esposa estaban saqueando las riquezas de su propio país, “permitirles ahora acceder a esos mismos fondos para costear su defensa socavaría la eficacia de dichas sanciones”.

Maduro ha declarado que no dispone de fondos personales para pagar a sus abogados.

El juez Hellerstein cuestionó ese argumento, afirmando que el derecho de Maduro y Flores a defenderse “prevalece” sobre los intereses de seguridad nacional y política exterior del gobierno: “No veo ningún interés imperativo de seguridad nacional que se oponga al derecho de defenderse”.

Entre sus argumentos, el abogado de Maduro, Barry Pollack, sostuvo que, si Maduro obtuviera defensores públicos, la investigación y preparación de su caso consumirían recursos legales destinados a personas que no pueden costearse sus propios abogados; algo que carece de sentido en “un caso en el que existe alguien —distinto al contribuyente estadounidense— que está listo, dispuesto y capacitado para financiar dicha defensa”.

Hellerstein también desestimó la sugerencia de Pollack de sobreseer la causa en este momento procesal. El juez señaló que Pollack podría volver a plantear dicha solicitud si el Departamento del Tesoro no cede en su decisión de impedir que Venezuela sufrague los honorarios legales de Maduro.

El juez reconoció que el “gobierno tiene derecho a bloquear los fondos”, pero sugirió que la licencia que permitiría tales pagos podría haber sido “retenida de manera arbitraria”.

En un escrito judicial presentado el mes pasado, Pollack afirmó que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro —organismo encargado de administrar las sanciones— dio un giro radical respecto a su decisión inicial de permitir que Venezuela costeara sus honorarios legales.

Según Pollack, la oficina había aprobado dicho acuerdo el 9 de enero, pero posteriormente lo revocó —sin ofrecer explicación alguna— menos de tres horas después.

En una declaración jurada presentada ante el tribunal, Maduro argumentó: “Tengo derecho a que el gobierno de Venezuela sufrague mi defensa legal”.