Piden la dimisión del consejero de Educación por “ocultar” un ciberataque a la plataforma educativa Yedra que comprometió datos personales

Podemos Cantabria ha exigido este lunes la “dimisión en bloque” de los responsables de la Consejería de Educación, Formación Profesional y Universidades, comenzando por su máximo titular, el consejero Sergio Silva (PP), tras conocerse que la Administración “ocultó” un ciberataque hace dos años a la plataforma educativa Yedra que comprometió los datos personales “de especial sensibilidad de miles de alumnos, familias y docentes de la comunidad autónoma”.

El responsable de Educación de Podemos Cantabria, Pablo González, ha calificado este episodio como una “grave negligencia” institucional que “ha puesto en situación de vulnerabilidad a un colectivo especialmente protegido”, como son los menores de edad, así como a sus familias y al profesorado. Para la formación morada, un fallo de seguridad de “esta envergadura”, sumado al “apagón informativo” por parte del Gobierno del Partido Popular, “no se puede saldar bajo ningún concepto con unas meras disculpas”.

“Estamos ante un hecho gravísimo que no se puede pasar por alto. La protección de los datos de la comunidad educativa es una obligación ineludible de la Administración pública, y la respuesta de esta Consejería ha sido la falta de transparencia y la ocultación”, ha denunciado González.

Por ello, ha instado de forma directa a la presidenta del Gobierno de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), a que “actúe con firmeza y cese de inmediato al consejero Silva”, al que señala como el principal responsable político “de un perjuicio mayúsculo a la ciudadanía”.

Asimismo, desde Podemos Cantabria han exigido que “se den explicaciones detalladas, transparentes y urgentes a todas y cada una de las personas afectadas, aclarando el alcance real de la información sustraída”.

Por su parte, en otro comunicado, CCOO ha considerado de “extrema gravedad” las conclusiones de la Agencia Española de Protección de Datos sobre el robo de información personal de la plataforma educativa Yedra, y ha pedido el cese o la dimisión del consejero Silva, ya que es “el principal responsable” de la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria.

“Estamos hablando de información personal de miles de docentes, familias y menores de edad que debía estar protegida por una Administración pública. No es un simple problema informático, sino un fallo de seguridad de enorme gravedad que exige explicaciones, transparencia y responsabilidades”, ha señalado la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO en Cantabria, Conchi Sánchez.

Para Sánchez, los responsables públicos “no pueden esconderse cuando lo que se ha comprometido es la seguridad y la privacidad” de la comunidad educativa de Cantabria. Asimismo, ha añadido que no solo se deben exigir responsabilidad cuando está en juego la integridad física de las personas.

Desde CCOO han considerado que “ahora más que nunca” es necesario revisar las medidas de autenticación anunciadas por la Consejería de Educación para el próximo 1 de enero y que ya denunció hace algunas semanas. Unas medidas con las que se pretende que los aproximadamente 9.000 docentes accedan a Yedra mediante Cl@ve móvil, Cl@ve permanente y certificado electrónico personal.

“La Consejería debe explicar qué requerimiento concreto de la AEPD justifica esta decisión y qué análisis de riesgos y categorización de seguridad se ha realizado porque no tiene sentido obligar al profesorado a utilizar su teléfono personal para realizar tareas profesionales tan habituales como pasar lista, consultar una ficha o registrar calificaciones”, ha advertido Sánchez.

Por ello, la Federación ha propuesto que se estudien otras soluciones profesionales de autenticación que no dependan de dispositivos personales ni obliguen a instalar certificados privados en ordenadores compartidos.

“La seguridad de Yedra es una obligación de la Administración y no una responsabilidad que pueda descargar sobre cada docente. Necesitamos soluciones técnicas adecuadas que funciones en los centros y que garanticen la seguridad, la disponibilidad y adecuación a las condiciones reales de los centros educativos”, ha concluido Sánchez.

Por último, ANPE Cantabria ha expresado su “indignación y preocupación” ante el ciberataque que sufrió la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria en abril de hace dos años y ha exigido responsabilidades y soluciones. En un comunicado, el sindicato ha destacado que, según la información conocida, se habrían sustraído “miles de datos personales de especial sensibilidad pertenecientes a alumnos, familias y docentes”.

Así, ha subrayado que, desde hace años, ANPE ha denunciado “la obsolescencia” de la plataforma educativa Yedra, una herramienta que, a su juicio, “no responde a las necesidades profesionales, técnicas ni, como ahora queda de manifiesto, a las exigencias de seguridad que requiere un sistema tan importante como el educativo”.

“Resulta absolutamente inaceptable que la Consejería haya ocultado esta situación a las personas afectadas y no haya actuado con la transparencia, diligencia y responsabilidad que un incidente de esta gravedad exige”, ha criticado el sindicato.

En este sentido, ha señalado que la protección de los datos personales de menores, familias y trabajadores de la enseñanza “no es una cuestión secundaria, sino una obligación ineludible de la Administración”. La organización ha apuntado que Yedra se ha demostrado “como una plataforma con graves deficiencias de seguridad, un auténtico queso de Gruyère informático”.

Y ha afirmado que la solución planteada por la Consejería, consistente en que los docentes utilicen sus credenciales personales mediante certificado digital o sistema Cl@ve, “no resuelve el problema de fondo”. “Las vulnerabilidades no desaparecen cambiando el sistema de acceso cuando el problema reside en una plataforma tecnológica completamente desfasada”, ha lamentado.

Por ello, ANPE ha pedido la adopción inmediata de medidas eficaces para garantizar la seguridad de los datos personales y profesionales de la comunidad educativa; la eliminación de Yedra y su sustitución por una plataforma “moderna, segura y adaptada a las necesidades reales del sistema”; información transparente y completa a todas las personas cuyos datos puedan haberse visto comprometidos, y una investigación exhaustiva de lo sucedido y la depuración de responsabilidades entre quienes hayan ocultado esta situación o incumplido sus obligaciones de protección y comunicación.

Y es que, ha opinado que lo sucedido “no es un simple problema informático”, sino un incidente que afecta a la privacidad y seguridad de miles de personas y que pone en cuestión “la gestión de los sistemas tecnológicos de la Consejería de Educación”.

Por último, ha exigido a la Consejería que sea “la primera en cumplir y garantizar la protección de los derechos de la ciudadanía, no la última en dar explicaciones”. “La comunidad educativa merece respeto, transparencia y seguridad. ANPE Cantabria no va a aceptar parches ni soluciones cosméticas ante un problema estructural que lleva años denunciando. Es hora de asumir responsabilidades y ofrecer soluciones definitivas”, ha concluido el sindicato.