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Unanimidad en el Parlamento cántabro para pedir que el Gobierno central garantice la seguridad del puerto de Santander

Zona Franca del Puerto

MAPO

SANTANDER —

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También insta a no conceder los indultos del procés, con el voto favorable de todos los grupos salvo el PSOE

SANTANDER, 17 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Parlamento de Cantabria ha aprobado este lunes por unanimidad una proposición no de ley (PNL) presentada por Vox que pide al Gobierno regional instar al Gobierno de España a que cumpla su deber y garantice la seguridad de las instalaciones del puerto de Santander para paliar el problema de los polizones albaneses.

La PNL solicita que se cumpla esta reclamación tanto desde el Ministerio del Interior, aumentando la dotación de efectivos de Guardia Civil, como desde Puertos del Estado (Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana), autorizando un incremento de efectivos de Policía Portuaria.

Además, se aprueba por segunda vez en el Hemiciclo cántabro, puesto que ya se hizo -también por unanimidad- en febrero de 2020, tras la decisión de Brittany Ferries de suspender la ruta entre Santander e Irlanda y trasladarla al puerto de Bilbao, entre otros motivos por el problema de los polizones.

Así, desde Vox Armando Blanco ha defendido esta iniciativa de nuevo señalando que el problema lleva "tres años" afectando al puerto y "seguimos igual o peor".

En este sentido, todos los grupos han reconocido que la existencia de polizones albaneses que intentan entrar de forma irregular en Gran Bretaña estaba en aumento en 2020 y se redujo debido al confinamiento, pero actualmente esta volviendo a repuntar. En concreto, el año pasado se registraron 1.152 saltos y en lo que va de 2021, concretamente hasta este 4 de junio, se han contabilizado 753.

También han remarcado la importancia que tiene para Cantabria el puerto de Santander, ya que representa el 10,5 por ciento de la actividad regional y el 9,5 por ciento del empleo, y han mostrado su preocupación por la posibilidad de perder operadores si no se soluciona el problema.

Además han coincidido en que, al margen de que se pueda aumentar la presencia policial y las medidas preventivas -como el refuerzo de vallas y cámaras-, existe un problema jurídico que radica en que la entrada al puerto por parte de estos polizones no está contemplada como un delito, de modo que los agentes "no pueden hacer nada" más que sacarles del recinto portuario y, al no ser detenidos, vuelven a intentar su cometido.

Por ello, y dado que "no es suficiente" con aumentar el número de agentes, el PSOE, aunque ha apoyado la iniciativa, había presentado una enmienda que ha sido rechazada por Vox y con la que pretendía hacer una petición "más completa" dirigida a todas las administraciones y no solo al Ejecutivo central, "para no señalar solo a un culpable".

Además, ha recordado que la Autoridad Portuaria ha invertido ya casi 2 millones de euros en medidas como vallas, sensores térmicos y cámaras y que el Ministerio de Transportes ha autorizado nueve plazas más de Policía Portuaria, además de que la infraestructura cuenta con presencia de Guardia Civil las 24 horas y cuando se requiere se refuerza el dispositivo con patrullas Fical y de Fronteras de Santander, Santoña y Polanco.

Por su parte, el PRC ha asegurado que el puerto "va muy bien" y empieza a "ver la luz al final del túnel" ya que está "recuperando la normalidad" y los flujos de mercancías previos a la pandemia, pero ha defendido que el Gobierno le proporcione "la misma seguridad que a cualquier otro" del país.

Mientras, los partidos de la oposición, PP, Cs y Vox, han achacado la ausencia de soluciones a una "dejadez política" y han advertido que sería un "golpe devastador" perder las conexiones con los puertos del sur de Inglaterra como consecuencia del problema de los polizones. A su juicio, aunque se ha tomado ya alguna medida, aún "no son suficientes".

INDULTOS DEL PROCÉS

Por otro lado, el Parlamento ha sacado adelante en el Pleno de este lunes otra petición al Ejecutivo central consistente en no conceder indultos a los políticos del 'procés', que ha contado con el apoyo de todos los grupos salvo el PSOE.

En concreto, esta PNL, presentada por Cs, insta al Gobierno de Cantabria a que a su vez inste al de España a defender y garantizar la igualdad de todos los españoles ante la ley y no conceder estos indultos, ya que los afectados "no han dado muestras de arrepentimiento y además han manifestado su intención de volver a llevar a cabo actuaciones contrarias a la legalidad, por cuyos delitos fueron juzgados y condenados el pasado octubre de 2019".

En este punto, los socialistas han opinado que esta semana se han "estrechado las posibilidades de crítica" dado que mejora la evolución del Covid-19 y avanza la vacunación y por tanto "la derecha" recurre al "se rompe la patria" para "buscar munición contra el Gobierno".

Además, han defendido que los indultos pueden "ayudar a normalizar la convivencia entre Cataluña y el resto de España" y que el independentismo "pierda fuerza" al carecer de lo que consideran "mártires".

Sin embargo, el resto de grupos de la Cámara -PP, Cs, Vox y PRC, socio del PSOE en el Gobierno cántabro y del que ha diferenciado su voto en este punto- han considerado que en estas condiciones "no es admisible" el indulto y han lamentado que será "el pago de una factura que el Gobierno de Sánchez negoció con los independentistas" para que apoyaran su investidura y que ha supuesto "un precio muy alto".

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