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Todo atado y bien atado

El gobierno ha aprobado una reforma que puede cerrar causas judiciales si la instrucción dura más de seis o dieciocho meses. En los casos de corrupción se tardan años por la complejidad y la falta de medios. Primero las leyes mordaza para tapar bocas y ahora esto para atarle a los jueces las manos.

Puede ser la puntilla al Estado de Derecho pero ha pasado de puntillas, quizá porque estamos hartos de estar hartos y absortos en la campaña que ya ha empezado. Con la legislatura vista para sentencia, el gobierno ha aprobado una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal que es de las más criminales de sus reformas. Impone un plazo de seis meses para la instrucción de las causas, con un máximo de dieciocho en asuntos “complejos”. En los casos de corrupción, que se tardan años en instruir, podría significar una mala investigación, cuando no su archivo por falta de pruebas. El gobierno de los sobres quiere que la impunidad quede sobreseída.

La excusa ha sido acelerar nuestro exasperante sistema judicial, pero en lugar de proporcionarle más medios a los saturados tribunales, le pone una pista de despegue a los pájaros para que salgan volando. Dice el ministro que ningún caso quedará impune, que se pueden pedir prórrogas cuando sea necesario, pero la reforma señala que sean los fiscales quienes lo soliciten, no los jueces que están investigando, y ya hemos visto cómo algunos fiscales pueden jugar para el equipo contrario. Además, cada fiscal tiene la friolera de 0,8 funcionarios a su cargo, así que ya me diréis cómo van a poder analizar los cientos de miles de casos que tienen sobre la mesa. No aceleran la justicia, aceleran la huida de los corruptos.

Las razones para evitar el carpetazo es que se encuentren pruebas, añade la ley, pero no se da a los jueces medios y tiempo para hacerlo. Alrededor de 700.000 causas actualmente en instrucción podrían quedar impunes. La norma afecta también a los casos que están en marcha, a los Bárcenas, Gürtel, Bankia, Púnica y demás buitres que sobrevuelan Génova. Por cierto que Anticorrupción acaba de dar por probada la relación de los jueces asignados a la Gürtel con el partido del gobierno. Si no los sacan por un butrón, los sacan por el otro. En el mejor de los casos, es una reforma cosmética para vender en campaña la mayor eficacia y rapidez judicial. En el peor, es una medida de régimen totalitario.

Primero las leyes mordaza para tapar bocas y ahora esto para atarle a los jueces las manos. El mundo al revés. La Justicia esposada y los ladrones con la mano libre para seguir afanando. Puede que nos pille exhaustos o demasiado hipnotizados por la posibilidad electoral de un cambio, pero la reforma ha pasado más desapercibida de lo que debería y ha provocado menos contestación de la que debiera. Todas las asociaciones de jueces y fiscales la han denunciado, sin embargo, al resto nos la han colado. La última en la frente nos ha dejado KO. El gobierno se despide como ha gobernado, pasándonos con el rodillo por encima y nosotros arrodillados.

Rajoy está diciendo adiós como un caudillo, inaugurando pantanos y hasta carreteras sin terminar, mientras lo deja todo amañado. Por un lado, deja aprobados unos presupuestos para hipotecarle el futuro al que venga. Por otro, aprueba esta reforma que entra en vigor el día de la Constitución, para más recochineo, y le pone a la corrupción plazo de vencimiento. Nadie gobernará en mayoría después de las elecciones y entre pitos y pactos, el cronómetro seguirá corriendo a favor de los corruptos. El reloj de este gobierno va marcha atrás. Hacia la navidad del año 1969 cuando Franco dijo que lo había dejado todo atado y bien atado.

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