No a cualquier precio

Amnistía sí, pero no a cualquier precio. Investidura también, pero no a cualquier precio. Ni los independentistas ni los socialistas pueden pretender una carta blanca dado su peso actual en votantes y diputados. Recordemos que Esquerra y Junts fueron tercera y cuarta fuerza en Cataluña en número de diputados, que los primeros perdieron seis escaños, los segundos uno y la tercera posición, y lo que es más llamativo: ambos partidos separatistas obtuvieron menos votos que el Partido Popular. Los procesistas se han dejado 600.000 votantes en la pasada legislatura. Las últimas conmemoraciones de la Diada y el 1-O dejaron claro que el apoyo popular en la calle ha menguado visiblemente. Con esos mimbres, no se puede pretender hacer el cesto del referéndum. 

En el punto álgido del procés había una mayoría amplia de los catalanes favorable a la consulta, no tanto a la independencia. Muchos defendimos el derecho a decidir, aunque en el resto del Estado no existía la mayoría absoluta parlamentaria que la permitiera. Soy de los que creen en una consulta para los catalanes (como para la monarquía), pero cuando haya una fuerza numérica que exija esa vía para evitar un choque como el de 2017. Pudo ser el caso entonces, no lo es ahora. La resolución del Parlament pidiendo a ERC y Junts que condicionen la investidura a un referéndum no se corresponde ni con la realidad ni con el realismo. No tienen la legitimidad ni la legalidad para hacerlo. 

Tampoco la oportunidad, a no ser que quieran perderlo y perder la posibilidad de autodeterminación en las próximas décadas. Lo saben. No es más que postureo para sus bases. No están en condiciones de exigir el referéndum, no solo porque el PSOE no puede dárselo, también porque saben que no pueden ser responsables de una repetición electoral que lleve a un gobierno con la extrema derecha española. El independentismo sigue atrapado en una gestualidad y una gesticulación histriónicas por miedo a que les llamen botiflers y otras perlas de la inflamada retórica patriótica. Amnistía y autodeterminación hoy por hoy son incompatibles. Una es posible y ayudaría a desinflamar. La otra es inviable y volvería a inflamar los ánimos. La amnistía nos lleva hacia adelante, el referéndum nos llevaría hacia atrás, hacia el pasado que la amnistía quiere olvidar. 

La amnistía es necesaria por dos motivos: para resolver políticamente un conflicto que se judicializó por la incapacidad de diálogo de ambas partes y para acabar con la persecución judicial del activismo. A los políticos no creo que haya que perdonarles porque sean inocentes sino porque son imprescindibles para buscar una solución. La medida de gracia a los dirigentes no es una corrección de la Justicia sino una corrección de la política. Un reconocimiento de que se hicieron las cosas mal y tenemos que darnos una oportunidad de enmendarlas. Los políticos procesistas tomaron una vía unilateral desobedeciendo las mismas leyes que les dieron el poder que tenían. Los políticos populares impidieron cualquier vía de diálogo. Eso es lo que la amnistía quiere subsanar. 

Pero, sobre todo, creo en la amnistía como mecanismo para subsanar la represión del Estado a ciudadanos y movimientos sociales separatistas. Represión no solo el 1-O sino en todas esas causas politizadas en las que se ha perseguido a los activistas catalanes por expresar libremente sus ideas. Amnistía para todos ellos y por todos nosotros. Por una democracia plena, por la libertad de expresión y de pensamiento. Por eso mismo, por una democracia plena, el PSOE no puede pretender que Sumar le regale sus votos sin un programa ambicioso de reformas sociales, políticas y económicas. Pedro Sánchez no puede pretender que Yolanda Díaz le conceda la presidencia solo por parar a Vox y hacer una amnistía. 

Quedaron muchas cosas por hacer en la anterior legislatura por la resistencia de los socialistas a las reformas profundas. Los votantes les hemos dado una segunda oportunidad porque no nos ha parecido suficiente. No nos conformamos con Perro Sanxe como animal de compañía, queremos que este país cambie de verdad en sus estructuras. Queremos que se depuren las cloacas y se democraticen las instituciones. Queremos más igualdad, mejor justicia, mejor reparto de la riqueza, menos poder de las élites, más poder popular. Queremos poder juzgar al franquismo y abrir el debate monarquía o república. El gobierno tiene un precio: el compromiso de ser un verdadero gobierno de izquierdas.