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Castilla-La Mancha: obligar a que los abortos se hagan en sistema público puede “complicar” la gestión autonómica

La consejera de Igualdad del Gobierno de Castilla-La Mancha y portavoz del Ejecutivo, Blanca Fernández, ha dicho sobre la ley del Aborto a nivel estatal que “tiene aristas” que pueden llegar a “complicar” a la gestión de las comunidades autónomas, como el hecho de “hacer obligatorio que se practiquen las interrupciones del embarazo en el sistema público sin ninguna excepción”.

Castilla-La Mancha pide el mismo respeto para las mujeres que quieren abortar que para los médicos objetores

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A preguntas de los medios, Fernández ha indicado que este extremo “hace que sea incompatible” esa práctica con el derecho a la objeción de conciencia por parte de los profesionales de la medicina. “A las mujeres hay que protegerlas de cualquier polémica, quizá merezca la pena reflexionar un poco sobre un tema tan delicado, porque un derecho se tiene que ejercer con garantías e intimidad”, ha apuntado la consejera este martes.

Este miércoles, en la rueda usual tras el consejo de gobierno, Fernández ha ido más allá, afirmando que desde Castilla-La Mancha “no encuentran la fórmula” para ofrecer la interrupción voluntaria del embarazo en los centros sanitarios públicos de la región. Esto, debido a la objeción generalizada de conciencia que existe entre todos los profesionales de la salud de la región. A este derecho deontológico, recordó Fernández, están acogidas todas las personas profesionales que pueden realizar abortos. “No se les puede negar este derecho, que sigue reconociendo la ley de aborto actual”, señaló Fernández.

“La reflexión que hemos hecho es cómo es posible seguir respetando la objeción de conciencia y obligar a que sea en los hospitales públicos dónde se practiquen los embarazos. No encontramos la fórmula”, reconoció. Por eso, pidió que en los próximos meses el Ministerio de Igualdad ofrezca las claves para poder garantizar la prestación. 

Sin embargo, también apuntó a que, aunque todos los abortos se realicen en clínicas privadas y en sólo dos en toda la provincia, es el sistema público el que ampara las intervenciones. “Con condiciones de calidad, seguridad e intimidad. Esto para mí es lo más importante”, señaló. También recalcó que se hará una suerte de registro para evitar que quienes objeten en lo público no puedan trabajar realizando interrupciones voluntarias del embarazo en la sanidad privada. 

En Castilla-La Mancha, la objeción de conciencia en la interrupción del embarazo es prácticamente generalizada en todo el sistema público de la comunidad autónoma. Actualmente solo hay dos centros privados que realizan esta práctica, en la ciudad de Albacete y en la localidad de Miguelturra (Ciudad Real).

La consejera de Igualdad del Gobierno de Castilla-La Mancha y portavoz del Ejecutivo, Blanca Fernández, ha dicho sobre la ley del Aborto a nivel estatal que “tiene aristas” que pueden llegar a “complicar” a la gestión de las comunidades autónomas, como el hecho de “hacer obligatorio que se practiquen las interrupciones del embarazo en el sistema público sin ninguna excepción”.

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A preguntas de los medios, Fernández ha indicado que este extremo “hace que sea incompatible” esa práctica con el derecho a la objeción de conciencia por parte de los profesionales de la medicina. “A las mujeres hay que protegerlas de cualquier polémica, quizá merezca la pena reflexionar un poco sobre un tema tan delicado, porque un derecho se tiene que ejercer con garantías e intimidad”, ha apuntado la consejera este martes.

Este miércoles, en la rueda usual tras el consejo de gobierno, Fernández ha ido más allá, afirmando que desde Castilla-La Mancha “no encuentran la fórmula” para ofrecer la interrupción voluntaria del embarazo en los centros sanitarios públicos de la región. Esto, debido a la objeción generalizada de conciencia que existe entre todos los profesionales de la salud de la región. A este derecho deontológico, recordó Fernández, están acogidas todas las personas profesionales que pueden realizar abortos. “No se les puede negar este derecho, que sigue reconociendo la ley de aborto actual”, señaló Fernández.

“La reflexión que hemos hecho es cómo es posible seguir respetando la objeción de conciencia y obligar a que sea en los hospitales públicos dónde se practiquen los embarazos. No encontramos la fórmula”, reconoció. Por eso, pidió que en los próximos meses el Ministerio de Igualdad ofrezca las claves para poder garantizar la prestación. 

Sin embargo, también apuntó a que, aunque todos los abortos se realicen en clínicas privadas y en sólo dos en toda la provincia, es el sistema público el que ampara las intervenciones. “Con condiciones de calidad, seguridad e intimidad. Esto para mí es lo más importante”, señaló. También recalcó que se hará una suerte de registro para evitar que quienes objeten en lo público no puedan trabajar realizando interrupciones voluntarias del embarazo en la sanidad privada. 

En Castilla-La Mancha, la objeción de conciencia en la interrupción del embarazo es prácticamente generalizada en todo el sistema público de la comunidad autónoma. Actualmente solo hay dos centros privados que realizan esta práctica, en la ciudad de Albacete y en la localidad de Miguelturra (Ciudad Real).

La consejera de Igualdad del Gobierno de Castilla-La Mancha y portavoz del Ejecutivo, Blanca Fernández, ha dicho sobre la ley del Aborto a nivel estatal que “tiene aristas” que pueden llegar a “complicar” a la gestión de las comunidades autónomas, como el hecho de “hacer obligatorio que se practiquen las interrupciones del embarazo en el sistema público sin ninguna excepción”.

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