CEPYME pide al Gobierno de España que “concrete” la fiscalidad reducida para empresas de Cuenca, Soria y Teruel
El presidente de CEPYME, Gerardo Cuerva, ha instado hoy al Gobierno de España a “dotar” la partida destinada a sufragar el 20% de costes laborales de las empresas instaladas (o que vayan a instalarse) en las provincias de Cuenca, Soria y Teruel.
Una dotación que ha sido recogida de la disposición adicional final de los Presupuestos Generales del Estado para 2022, después de que, en abril de este año, la Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa, en inglés Southern Sparsely Populated Areas (SSPA), un lobby integrado por las organizaciones empresariales de las tres provincias, anunciase la autorización de la Comisión Europea para aplicar una fiscalidad diferenciada a las empresas de las tres provincias.
Ahora será el Gobierno de España el que deba concretarlas y adjudicarlas. “Son ayudas únicas para estas tres provincias y nos preocupa que después de todas las vueltas que hemos dado, se conviertan en oportunidad perdida”, aseguraba Santiago Aparicio, presidente de la Federación de Organizaciones Empresariales de Soria (FOES).
“Lo que hoy venimos a decir es que se dé sentido a la disposición adicional”, recalcaba el presidente nacional de CEPYME, en una rueda de prensa en Madrid, para que las empresas de estas tres provincias puedan recibir ayudas a la hora de pagar salarios, sueldos y cotizaciones a la Seguridad Social, porque “desgraciadamente, no se ha concretado la partida”.
“Creo que es fundamental para la mejora y la potenciación de la empresa en el territorio de cara a fijar población”, insistía, y para solventar el problema de la despoblación “que está más que testado en España”.
“Somos optimistas, pero necesitamos voluntad y presupuesto”, apostillaba María Ángeles Fernández, la directora general de la Federación de Organizaciones Empresariales de Soria (FOES).
“Cuando hablábamos de estas ayudas todos nos decían que estábamos locos”, decía. “Fue una partida que jugamos fuera de casa y la ganamos. Ahora la tenemos aquí”.
Aragón y las ‘Castillas’ ya han enviado su propuesta al Gobierno de España
Precisamente ayer, Castilla-La Mancha, Aragón y Castilla y León celebraban una reunión de trabajo telemática con los representantes de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales de Cuenca, Teruel y Soria para explicar el trabajo realizado por los tres gobiernos autonómicos en este asunto.
La reunión, en la que también participó la coordinadora de la Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (SSPA), Sara Bianchi, servía para analizar el documento técnico elaborado por las tres comunidades, en el que se facilita la herramienta jurídica necesaria para que Bruselas valide las ayudas, de forma que no tenga efectos negativos sobre la competencia y el comercio, como exige la Comisión Europea.
El documento ya ha sido remitido al Gobierno de España con el fin de dar respuesta a cómo articular las bonificaciones en los costes laborales para estas tres provincias, al amparo de las Directrices de la Unión Europea sobre ayudas estatales de finalidad regional.
Los gobiernos de estas regiones consideran que la forma más operativa de articular las ayudas, que también podrían alcanzar a zonas adyacentes con una densidad de población menor de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, debe realizarse aplicando beneficios sobre las cotizaciones a la Seguridad Social.
Oímos hablar del reto demográfico, pero no se concretan las ayudas”, insistía María Ángeles Fernández. “Esto se puede hacer ya. Es cuestión de voluntad y dinero
Y en concreto, sobre las aportaciones empresariales a las cuotas por contingencias comunes en el Régimen General, de forma que se establezca un tipo aplicable inferior al general. Este sistema, apuntaban ayer, “propiciaría la atracción y la consolidación de empresas en las que el peso de los costes laborables sea considerable frente a otros factores de producción”.
Las organizaciones empresariales reconocían hoy en una rueda de prensa en la sede nacional de CEPYME que hay sintonía con los gobiernos autonómicos, pero ponen el foco, y la presión, en el Gobierno de España.
“Oímos hablar del reto demográfico, pero no se concretan las ayudas”, insistía María Ángeles Fernández. “Esto se puede hacer ya. Es cuestión de voluntad y dinero”.
De momento no se sabe ni cuánto, ni cómo ni cuándo llegarán las ayudas, pero “es un proceso relativamente sencillo”, recordaba, aplicando bonificaciones a las cuotas de la Seguridad Social similares a las que reciben las empresas por contratar a personas con discapacidad o a mujeres víctimas de violencia machista, según aseguraba.
Además, recordaba, “el dinero no viene de Europa” sino que es el Gobierno de España, una vez que tiene el visto bueno de la Comisión Europea, el que ha de poner en marcha los incentivos.
La Red SSPA cree que el 96% de las empresas de estas provincias podrían beneficiarse de las ayudas pero, matizaba, “la responsabilidad la tiene el Gobierno de España. Se puede llegar al 20% de los costes laborales, pero puede ser inferior”.
El caso de Guadalajara: “Tendrían que hacer el trabajo que ya hemos hecho nosotros”
En mayo de este año, y recién autorizadas las ayudas por la Comisión Europea, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page firmaba con sus homólogos de Castilla y León y Aragón el llamado ‘Pacto de Albarracín’. Los tres territorios se congratulaban del visto bueno de Europa.
“Estas tres comunidades hemos conseguido un éxito contundente al habernos abierto una puerta que sabíamos que estaba ahí, pero que estaba cerrada; de lo que se trata es de entrar de la mano del Gobierno central”, decía entonces García-Page.
El presidente regional pedía en ese momento la creación de un grupo de trabajo “con calendario cerrado y presupuesto” para que las áreas poco pobladas de Cuenca, Soria y Teruel, así como zonas adyacentes a estas provincias, puedan acceder a las subvenciones correspondientes para las empresas ya establecidas, o para las compañías que quieran hacerlo en el futuro.
Durante el acto anunciaba que, en la región, además de la provincia de Cuenca, estas zonas contempladas son también zonas limítrofes de Guadalajara como las comarcas de Molina o Sigüenza “y algunas que hemos contemplado en zonas concretas de Ciudad Real”.
Sin embargo hoy, la directora general de FOES, preguntada por esta cuestión rebajaba expectativas sobre los territorios adyacentes. Reconocía que aunque a la Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa, en inglés Southern Sparsely Populated Areas (SSPA) de la que forman parte las tres organizaciones vinculadas a CEOE “le parece bien”, lo “primero” será que las ayudas lleguen a Cuenca, Teruel y a Soria.
“Es verdad que las directrices europeas hablan también de territorio adyacentes. Lo que estamos trasladando es que nos parece lógico, pero tendrían que hacer el trabajo que nosotros hemos venido haciendo y plantearlo también ante la Comisión Europea”, zanjaba.
Ocho años para lograr la autorización de la Comisión Europea
Durante la rueda de prensa se ha repasado el camino hasta el momento actual que comenzaba un 18 de septiembre de 2013 cuando FOES, CEOE CEPYME Cuenca y CEOE Teruel decidieron aunar esfuerzos y “trabajar como lobby para dar a conocer el gravísimo problema de despoblación que sufren las tres provincias”.
Santiago Aparicio ha recordado que los incentivos llegan a las zonas con menos de 12 habitantes por kilómetro cuadrado. Son los que tiene Cuenca, mientras que en Teruel hay 10 habitantes / km2 Y 8,6 en Soria. “Es una oportunidad de país, si no, nos quedaríamos con cara de tontos”, decía.
La Red se fija en un caso “de éxito”. El de Noruega. Este país aplicaba las mismas ayudas allá por 1975. En la última década la población ha crecido un 5%, hay un 11,3% más de empresa, el empleo ha crecido un 5,4% y también los sueldos que son un 4,3% superiores. “Es algo tasado”, decía María Ángeles Fernández.
“La despoblación limita el potencial económico de nuestro mercado interior, no podemos afrontar el mercado internacional y requerimos empleados que no encontramos”
El presidente de CEOE Teruel Juan Ciércoles, apuntaba a la “despoblación extrema” en las tres provincias con densidades que en Cuenca no superan los 11,4 habitantes por kilómetro cuadrado y que son todavía menores en Teruel (9,6) y en Soria (8,6).
Entre 1900 y 2011 estas tres provincias han perdido el 30% de una población envejecida. “Hasta 2033 perderemos 30.000 habitantes más, un 7%”, apostillaba.
La baja natalidad, el constante éxodo y el envejecimiento se refleja también en el mercado laboral y en el tejido productivo. El presidente de CEOE CEPYME Cuenca, David Peña recordaba que el PIB de las tres provincias supone el 0,83% nacional, sus empresas un 0,85% del total en España y que sus exportaciones no superan el 0,004% en España.
El 95, 7% de su tejido productivo está compuesto por microempresas y autónomos. “Son los que asientan población”.
Peña lamentaba que la situación “limita el potencial económico de nuestro mercado interior, no podemos afrontar el mercado internacional y requerimos empleados que no encontramos”. Y es que aquí, el hecho de que el paro esté por debajo de la media nacional desde hace 15 años “no es un dato positivo sino un lastre. Significa que no encontramos mano de obra”.
Por eso, concluía, “las ayudas no son ventaja sino una manera de hacer justicia y para que estas provincias puedan ser competitivas”.
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