Las zonas despobladas reclaman una “fiscalidad diferenciada” similar a la de Canarias, Ceuta o Melilla

El Lobby de las Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (SSPA), en colaboración con 16 Grupos de Acción Local (GAL) de las provincias de Cuenca, Teruel y Soria han presentado el informe ‘Una fiscalidad diferenciada para el progreso de los territorios despoblados en España’. Ha sido elaborado por un grupo de expertos de la Universidad de Valladolid, coordinado por el economista, José Antonio Herce San Miguel, y financiado desde la Red SSPA con fondos europeos Leader.

El documento detalla una propuesta fiscal para la repoblación de lo que denominan la ‘Ultraperiferia Demográfica Española’, es decir, “allí donde la gente vive a decenas de kilómetros de las grandes ciudades en sitios muy pequeños que carecen de la funcionalidad suficiente. Eso es más insalvable que la distancia y creemos que merecen un tratamiento fiscal positivo”, explica el economista.

Este informe, realizado entre junio y diciembre de 2018 ha utilizado como “banco de pruebas” a las provincias de Cuenca, Soria y Teruel. Todas tienen un común denominador:  cuentan con menos de 12 habitantes por kilómetro cuadrado y, además, son las únicas provincias reconocidas en la estadística oficial de la Unión Europea como zonas escasamente pobladas. No obstante, recuerda el documento, en España hay 1.271 municipios con menos de 100 habitantes (una media de 58), con una población total de 73.443 habitantes, según datos del INE de 2016.

¿Por qué una fiscalidad diferenciada para el medio rural? “Es una forma de discriminar positivamente”, subraya Herce, quien apunta que “de hecho, en Canarias, Ceuta o Melilla existe una fiscalidad de este tipo para sus residentes y en  el caso del archipiélago el motivo es claro: se trata de territorios ultraperiféricos y así está reconocido por la Unión Europea”.

 “El reconocimiento de una Zona Fiscal especial para los territorios despoblados podría tener encaje de realizarse una interpretación adecuada”, señala el informe, que plantea zonificar una parte del territorio con la característica común de la despoblación. “Nos lo planteamos como un reto que los pesimistas nos dicen que no se puede hacer porque está prohibido en los tratados europeos. Y es verdad, pero esos tratados no son cast iron, es decir, no están forjados con hierro fundido porque hay puertas que pueden abrirse”.

Por eso han trabajado con esa posibilidad de excepcionalidad, argumentando en el informe cómo encajaría la fiscalidad reducida para zonas despobladas en los ordenamientos fiscales y jurídicos, tanto de España como de las comunidades autónomas o en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

 “Creemos que hay resquicios si hay una iniciativa política liderada por el Reino de España, buscando aliados, para introducir cambios en los artículos 106 o 107 del Tratado y eso sin incurrir en un supuesto de ayudas de Estado”.

El ‘café para todos’ en fondos estructurales, “un escándalo”

José Antonio Herce (al igual que el informe) cita el caso de las Tierras Altas escocesas. “Allí cogieron todas las ayudas comunitarias que les correspondían, las empaquetaron, pusieron de acuerdo y firmes a todos los agentes sobre el terreno -cosa que en España es muy difícil pero que convendría intentar- y ordenaron ese gasto para buscar objetivos consensuados y concretos”.

Lamenta que en nuestro país el gasto haya que “repartirlo minuciosamente entre todo cristo” porque “se le diluye la fuerza”. Rechaza así el ‘café para todos’ en las ayudas estructurales procedentes de la Unión Europea. “Es un escándalo. O Europa dice cómo gastarse una parte en territorios desfavorecidos o aquí nunca seremos capaces de ponernos de acuerdo”.

Mientras tanto y más allá de esa sugerencia, el informe se centra en los impuestos. “Un uso inteligente y poco distorsionador de las figuras impositivas y de gasto público existentes y el desarrollo de nuevas figuras, orientadas todas hacia los particulares, las empresas y otras organizaciones (cooperativas, ONG, etc.) puede ayudar a crear los incentivos que evitasen la despoblación, provocando un efecto contrario, el de la repoblación”, señala el texto.

 

Herce reconoce que la reducción impositiva supondrá una merma en los ingresos de la Agencia Tributaria estimada en 335 millones de euros al año en las provincias de Cuenca, Soria y Teruel. Sin embargo, el economista sostiene que el coste que tendría para el Estado sería mínimo y podría recuperarse a medio plazo con impactos positivos en el PIB y en el empleo.

Y es que, asegura Herce, “ese dinero no se evapora, sino que se queda en el bolsillo del contribuyente, de los autónomos, en la cuenta de resultados de las empresas…y se gastará fuera de estas provincias en las que no se produce de todo, sino que están muy especializadas en la producción de bienes y servicios”.

Por otro lado, “lo que se queda dentro incrementaría el PIB de estos territorios en 260 millones de euros al año” y ese crecimiento económico traería aparejada la necesidad de más trabajadores y empresas, con una estimación de unos 4.000 empleos al año. “Con la nueva actividad económica que afloraría con esta medida, se volverían a pagar impuestos con un retorno estimado de 80 millones a la Agencia Tributaria”.

Tras 'echar cuentas', el economista detalla que se han elegido cinco impuestos sobre los que trabajar, a modo de “palancas fiscales”: IRPF, Impuesto sobre el Patrimonio, Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto de Sucesiones y Donaciones e Impuesto de Sociedades.

Herce cree que “da igual que la exención venga en la base, en el tipo o en la cuota pero que al menos se rebaje un 50%. Eso sí, matiza, ”evitando que los estrategas del sistema fiscal se vengan solo porque tendrán una rebaja del 50% en el Impuesto de Sociedades, pero sin aportar nada al territorio“.

Además cree que hacerlo “es muy sencillo porque basta con que la Agencia Tributaria compre un sistema de inteligencia artificial. Los robots pueden hacerlo y el problema de la elusión de impuestos se resuelve en un pispás comprando este tipo de commodity. Es baratísimo y si no lo hacen es porque no quieren”.

“Que las empresas puedan hacer I+D en estos territorios se traduce en la necesidad de una rebaja del 50% en la factura fiscal. Nosotros no decimos cómo hacerlo, sino que hay que hacerlo. Y en ese porcentaje que es el mismo que tienen muchas figuras tributarias en los casos de Canarias, Ceuta y Melilla”.

Una brecha “más importante que la renta”, la divisoria tecnológica

El informe alude también a otros parámetros como la tecnología, los servicios, las infraestructuras o la vivienda. “Para mí lo más importante es la tecnología, la banda ancha debe ser gratuita para todo el que se establezca y viva en estos territorios. Es la gran baza y si no, el 60% de nuestro territorio se vaciará”. Se refiere a la “brecha enorme más importante que la de la renta que supone la divisoria tecnológica y que es fundamental para la supervivencia de los territorios despoblados”.

Herce apunta también a la importancia de la casilla de la declaración de la Renta. “En España la despoblación causa alarma social pero nadie quiere hacer nada. Los contribuyentes pueden hacer un gesto: con tan solo un tic en una casilla, igual que se destinan a la Iglesia o a obras sociales en general, también pueden ir a la España vacía, pero que alguien se encargue de definir qué es”.

“Ahora todos quieren hacerse la foto, cada cual reivindica su gran misa con la España vacía…Ya hablaremos en un tiempo. Creo que nos queda menos de una década para que sea irreversible”, y añade, “no es un problema de recursos porque hay sanidad o educación de sobra en el territorio. Lo que no hay es accesibilidad. La solución pasa por la movilidad colaborativa y un banco de horas para que el vecino que ayuda a otro vecino sea compensado. Es el ábrete sésamo del acceso a los recursos en la España vacía y mientras lo solucionan, que rebajen los impuestos. Es lo que puede empezar a mover conciencias”.

El informe se presentará en Teruel el próximo 11 de febrero y en Soria el viernes 15 después de haber sido presentado a la comisionada frente al Reto Demográfico, Isaura Leal, a las diputaciones de las tres provincias, a diversas consejerías de los gobiernos autonómicos o la CEOE.