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La sostenibilidad del sistema público de pensiones en España constituye uno de los principales desafíos socioeconómicos de las próximas décadas. Esta problemática está estrechamente vinculada al cambio estructural de la demografía española, caracterizado por un descenso persistente de la fecundidad, un aumento significativo de la esperanza de vida y una pirámide poblacional progresivamente invertida.
El aumento del gasto en pensiones como proporción del PIB no solo responde al incremento de pensionistas, sino también a mayores expectativas de prestación por individuo debido a las mayores pensiones consolidadas de los nuevos beneficiarios y al alargamiento de la esperanza de vida. Este crecimiento presiona las cuentas públicas, incrementa el déficit del sistema contributivo y condiciona la política presupuestaria y fiscal.
Las proyecciones económicas también muestran que para 2050, el porcentaje de la población de 16 a 64 años disminuirá del 65 % actual al 57 %, mientras que la población mayor de 64 años aumentará del 20 % al 30 % del total. Esta evolución incrementa la presión sobre las pensiones públicas, que dependen de la relación entre cotizantes y beneficiarios. Además, estudios de centros de investigación económica como la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) advierten que el gasto público en pensiones podría alcanzar hasta el 17,1 % del PIB en 2050, situándose varios puntos porcentuales por encima de los niveles de 2010 y lejos de los promedios europeos.
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