La igualdad se tambalea: lo que el 8M exige de Castilla-La Mancha

La igualdad está en riesgo, no es un exceso de dramatismo. Por ello, el 8 de marzo no debe interpretarse como un mero acto simbólico o una fecha del calendario; es un espejo que obligatoriamente debe devolvernos una imagen incómoda. España ha conquistado derechos que nos enorgullecen, pero esos avances están lejos de garantizar la igualdad real y cotidiana. La igualdad no se consolida con palabras; se construye con hechos. Y las cifras, tanto nacionales como regionales, cuentan una historia que incomoda porque revela que aún hay mucho por hacer, desde las brechas económicas hasta la violencia que sigue cobrando vidas.

En España, la brecha salarial se mantiene. A nivel nacional, las mujeres ganan de media entre un 15% y un 20% menos que los hombres por trabajos equivalentes, una desigualdad persistente que condena a muchas a depender económicamente, a renunciar a proyectos propios y a cargar la mayor parte de las responsabilidades familiares no remuneradas. Esta brecha no es anecdótica: define oportunidades y condiciona vidas.

Esa desigualdad estructural va de la mano de una violencia que sigue siendo una asignatura pendiente del sistema democrático. El feminicidio no es un concepto abstracto: en lo que va de 2026 se han registrado ya siete asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas, y cada uno de esos crímenes es una falla de la protección social, educativa y judicial que no podemos tolerar. En el conjunto de España, miles de mujeres denuncian violencia de género cada año, y un porcentaje significativo se ve obligado a acogerse a la dispensa de declarar por temor a represalias o estigmas.

En Castilla-La Mancha, la situación no es una excepción, aunque algunos indicadores sugieren matices complejos que también exigen una mirada crítica. Los recursos especializados de atención han atendido a decenas de miles de mujeres: en 2023, los centros de la mujer de la región atendieron a 25.444 mujeres por violencia machista y recibieron 28.545 consultas relacionadas con violencia de género, una cifra que refleja tanto la demanda de ayuda como la persistencia del problema en todos los rincones de la comunidad. Además, los servicios especializados proporcionaron apoyo a 402 menores relacionados con estos casos, evidenciando que el impacto de la violencia machista no se limita a la víctima directa, sino que sacude familias enteras y deja huellas profundas.

Que exista una red de protección es indiscutible, pero la presencia de esos miles de casos activos demuestra que el problema no es marginal ni aislado, sino estructural

Los sistemas de protección también revelan la magnitud del desafío: en Castilla-La Mancha hay más de 5.600 casos activos de mujeres bajo seguimiento por violencia de género en el sistema VioGén, una cantidad que representa a mujeres que han dado un paso valiente para pedir protección y que requieren acompañamiento policial y social constante.

Que exista una red de protección es indiscutible, pero la presencia de esos miles de casos activos demuestra que el problema no es marginal ni aislado, sino estructural. Es más: las agresiones sexuales en la región han aumentado, con una incidencia que apunta a que casi todos los días se registra una agresión sexual con penetración, lo que subraya que la violencia no se limita al ámbito doméstico y que la sociedad, en su conjunto, debe asumir responsabilidades.

La violencia machista se cobra vidas. En 2023, 55 mujeres fueron asesinadas en España por hombres con los que mantenían o habían mantenido una relación afectiva. En Castilla-La Mancha, ese mismo año dos mujeres perdieron la vida a manos de sus parejas o exparejas, y 56 menores quedaron huérfanos por estos crímenes. Estos datos no pueden tratarse como estadísticas neutrales; detrás de cada número hay una historia truncada, una familia rota y una comunidad que carga con un dolor que no desaparece cuando termina la noticia del día.

Más recursos no siempre significan menos desigualdad

Las inversiones en políticas de igualdad y en recursos especializados en Castilla-La Mancha han aumentado: la región destinó más de 14 millones de euros en 2023 y 2024 a centros de atención, programas de apoyo psicológico y jurídico, asesoramiento laboral y otros servicios integrales, y se prevé destinar aún más en el bienio 2025-2026. Pero los datos no mienten: más recursos no siempre significan menos desigualdad, y sin políticas públicas con visión transformadora se corre el riesgo de que esos recursos solo mitiguen síntomas sin atacar las causas profundas.

Si la juventud cuestiona hoy, con creciente distancia, el concepto de feminismo es síntoma de un malestar que no conviene ignorar. No rechazan la igualdad; rechazan la polarización, el reduccionismo, las etiquetas que convierten la lucha por los derechos en un campo de batalla ideológico. El feminismo es una herramienta para garantizar que los derechos humanos no dependan del género, y si esa herramienta se desdibuja o se deslegitima en el imaginario colectivo, se estará dejando un espacio vacío que otros discursos menos comprometidos con la justicia llenarán con resentimiento y confusión.

El 8 de marzo debe ser una llamada de atención. No para celebrar lo que ya se logró -porque aún falta mucho-, sino para exigir lo que aún no se ha cumplido. Exigir políticas que reduzcan la brecha salarial hasta eliminarla, exigir educación desde la infancia para desmontar los estereotipos que reproducen desigualdades, exigir medidas efectivas contra todas las formas de violencia, exigir que la igualdad sea un valor transversal en cada ámbito de la vida pública y privada.

La igualdad no es un lujo ni una consigna. La igualdad es justicia. Y siempre que una mujer, en Castilla-La Mancha o en cualquier punto de España, se enfrenta a discriminación, agresión o desigualdad estructural, la igualdad no está completa para ninguna de nosotras.

El 8M no es una fecha para el confort. Es una exigencia moral y es una urgencia democrática, y no puede esperar.