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Hace dos semanas el equipo de CC.OO del campo de Albacete, con su responsable Ana Albaladejo a la cabeza y rodeados de una veintena de trabajadores temporeros marroquís, denunciaban la terrible realidad que vivían y sufrían en la finca en la que estaban trabajando recogiendo lechugas en las cercanías de Albacete. La denuncia salto de inmediato al conjunto de los medios de comunicación provinciales, regionales y nacionales del país con una gran repercusión.
Se denunciaba su situación: trabajo de sol a sol, dos horas de viaje para llegar al puesto de trabajo y otras dos de vuelta, sin ropa de trabajo, ni calzado, ni lugar donde comer, o para hacer sus necesidades básicas, dos meses sin cobrar –les pagaban la lechuga recogida a dos céntimos de euro-. Los tenía contratados un intermediario marroquí que era el que se entendía con la empresa principal. Su situación, como ellos mismos calificaron, nada tiene que envidiar a la de la esclavitud, ni a las condiciones de trabajo del siglo XIX. Tras la denuncia no se les permitió iniciar su actividad pese a que ellos han estado viniendo al tajo desde Murcia todos los días.
Pues bien, tras la denuncia y las conversaciones mantenidas con la Subdelegación del Gobierno, la Inspección de Trabajo -bastantes tensas por cierto- y especialmente con la empresa principal por parte de la responsable de CC.OO del campo en Albacete, se ha llegado a un acuerdo total, por el que la empresa subroga a dichos trabajadores, les reconoce la condición de fijos discontinuos, la antigüedad y les abona los salarios adeudados de dos meses, incluidos los 15 días que no ha trabajado: unos dos mil euros a cada uno de ellos, amén de la jornada de trabajo, el plus transporte, etc.
Un triunfo sin paliativos de los trabajadores que dieron la cara, del sindicato que desde el primer momento asumió la defensa de los intereses de los trabajadores y su denuncia ante los medios de comunicación y las autoridades laborales, y como no de quien estuvo sindicalmente al frente de todo ello. De este hecho y de su análisis, extraigo una serie de consideraciones y de conclusiones que voy a intentar exponer.
Primeramente habría que preguntarse ¿como en pleno siglo XXI y en un país como el nuestro existen empresas que imponen estas condiciones de explotación tan inhumanas que se asemejan a la esclavitud?.
No me equivoco al afirmar que no es un hecho aislado sino muy extendido hoy en el sector agrario, concretamente con los trabajadores emigrantes en determinadas zonas y actividades agrarias intensivas en mano de obra. Si bien esta problemática hace tan solo diez años era muy reducida, hoy por desgracia ha crecido de forma alarmante, ante la situación de impunidad con la que actúan estas empresas y las mafias que se mueven alrededor de las mismas y que en palabras de la responsable de CC.OO “son el autentico cáncer del sector”.
Y esto es así porque la reforma laboral, especialmente la de Rajoy, ha desequilibrado aun más el poder en favor del empresario; porque ha disminuido la capacidad de intervención de los sindicatos como consecuencia de la misma; porque la Inspección de Trabajo ha reducido en casi un treinta por ciento el número de Inspectores en los últimos siete años, y sus prioridades de actuación se han canalizado fundamentalmente, por decisión política, hacia los trabajadores desempleados y no frente estos sectores empresariales; porque para los cuerpos y fuerzas de Seguridad tampoco está entre sus prioridades. Fruto de todo ello, como ya he dicho, hay una gran sensación de impunidad por parte de estas empresas y sus intermediarios.
La segunda de las razones, hay que buscarlas en las altas tasas de desempleo, y más concretamente entre los trabajadores emigrantes, que viven en la situación de marginalidad absoluta y se ven obligados a aceptar lo poco que les llega. Situación de la que se aprovechan tanto las empresas sin escrúpulos del sector, como las mafias que operan a su alrededor, conocedoras ambas de la situación de impunidad con la que actúan.
La tercera en una cierta debilidad de los sindicatos, que ven limitada su capacidad de actuación. Es evidente que esta se debe afrontar desde la cercanía, desde la proximidad y con la máxima atención y conocimiento del sector, que permita dar confianza y seguridad a los trabajadores afectados. Y la cuarta es el desconocimiento de esta realidad por el conjunto de la sociedad, y por tanto se ve ajena al problema y a su solución.
Contra ella hay que actuar con contundencia por parte de todos –poderes públicos, sindicatos, medios de comunicación, etc.- para terminar con situaciones tan dramáticas y vergonzosas como la que este hecho ha puesto sobre la mesa. En este sentido, si queremos poner fin a la situación, o al menos reducirla, hay que: terminar con la situación de impunidad que hoy tienen las empresas del sector y los intermediarios, sabiendo que el incumplimiento de las leyes laborales no va a ser gratuito y por tanto que el peso de la Ley más pronto que tarde va a caer sobre ellas.
A tal fin sería necesario que tanto las Inspecciones de Trabajo, como las Subdelegaciones del Gobierno de cada provincia afectada, desarrollen un plan de actuación concreto, consensuado por los sindicatos y con las patronales del sector, en el que, entre otras directrices, se prohíba la intervención de testaferros o intermediarios en la contratación y que se proceda a suscribir por parte de empresa y trabajador el pertinente contrato de trabajo, también con participación sindical, en el que se establezcan el conjunto de las condiciones de trabajo, de acuerdo con el convenio colectivo del sector.
Además hay que derogar las dos últimas Reformas Laborales, y proceder a la negociación de un nuevo marco de relaciones laborales, en las que se equilibre el poder entre empresa y trabajador, y donde la figura del intermediario laboral, al estilo del que nos ocupa, desaparezca de la normativa. También hay que adecuar las estructuras sindicales a la problemática del sector, conforme lo acordado en el XI Congreso Confederal de CC.OO., donde la cercanía, la referencia del sindicato, el conocimiento y la capacidad primen por encima de todo. El trabajador ha de ver al sindicato y al sindicalista cerca, pendiente de su problemática y con capacidad para dar solución a la misma. Además hay que hacer que la denuncia del problema llegue al conjunto de la sociedad e implicarla en la solución del problema.
En definitiva un problema denunciado con claridad y firmeza por parte del sindicato de CC.OO, donde se ha logrado conjugar cercanía, implicación y conocimiento. A su vez ha sido clave el compromiso de los trabajadores afectados y el de los medios de comunicación, obligando todo ello a una actuación, tanto de la Subdelegación del Gobierno como de la Inspección de Trabajo de Albacete, más eficaz, y una empresa que al verse social y administrativamente desbordada y denunciada se ha sentado a negociar y a pactar un buen acuerdo de presente y de futuro para los trabajadores afectados.
Desde esta columna no puedo por menos que celebrar el buen final, y sobre todo felicitar a los trabajadores implicados que han dado la cara, a los responsable sindicales de CC.OO. del sector del campo de Albacete que han estado al frente de la denuncia, de la gestión y del acuerdo y muy especialmente a su responsable Ana Albaladejo que ha jugado un papel esencial, y a los medios de comunicación que han sido claves para hacer que el problema tomara la dimensión social que realmente tenia.
Obligado estoy de recordar a quienes han venido diciendo que los sindicatos no son necesarios, o no son útiles, o no responden a los problemas de los trabajadores, que no tiene razón, que éstos son la herramienta más eficaz que tienen los trabajadores para defender sus derechos.