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Quienes se oponen a la eutanasia, e incluso los que dicen estar a favor pero ni tienen el valor ni la determinación política de avanzar en su reconocimiento, sostienen que la eutanasia no es una reivindicación de los españoles y que éstos no están preparados para abordar el debate sobre ella. Pero lo cierto es que en las ocasiones en que a la sociedad española se pronuncia sobre la dignidad de la muerte, la respuesta contradice la visión negacionista.
El estudio oficial más reciente, el encargado por el Ministerio de Sanidad, realizado en 2009 siendo ministro Bernat Soria (CIS, estudio 2803), pone de manifiesto que sólo un 4% de los encuestados desearía que se prolongase su vida de forma artificial, aun sin esperanza de curación y un 8% optaría por dejar evolucionar su enfermedad de manera natural, sin tratamiento. El 64% está total o bastante convencido de que lo correcto es ayudar a morir al paciente en situación de sufrimiento mientras que sólo un 15% rechaza tajantemente esa opción.
Y el porcentaje alcanza el 73 % cuando se trata de estar a favor de la eutanasia (58,4% totalmente a favor y 15,2 bastante a favor). Por el contrario, sólo el 14% de encuestados se opone completa o parcialmente a la eutanasia.
Respecto del suicidio asistido, los porcentajes a favor y en contra son el 53 y el 26 respectivamente. Es reseñable el hecho de que tan sólo el 13% desconocía el significado de suicidio asistido y menos aun, el 5%, el de eutanasia.
Coherentemente, el 76% opina que debería permitirse por ley la eutanasia y el 64,2% el suicidio médicamente asistido en el caso de pacientes con cáncer terminal y sólo ligeramente inferiores son los porcentajes para enfermedades degenerativas que incapacitarán física o mentalmente en el futuro: concretamente el 70 y el 60 respectivamente.
Es obligado señalar también que, en contra de la abierta oposición que manifiesta la jerarquía católica ante la eutanasia, el 70% de los que respondieron se declaraban católicos. Lo mismo cabe decir sobre la preferencia política: quienes así opinan tienen sus simpatías políticas en alguno de los dos grupos parlamentarios, PSOE y PP, que han rechazado sistemáticamente en el parlamento las iniciativas de otros grupos minoritarios para despenalizar la eutanasia o simplemente para abrir el debate.
Anteriormente, a propuesta de la Comisión de Estudio de la Eutanasia del Senado, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) realizó una encuesta para recabar la opinión de los médicos sobre la eutanasia. Los resultados obtenidos en 2002 (en el estudio 2451) fueron, en resumen, que el 60% de los médicos estaba a favor de la eutanasia y el suicidio asistido, y el 97% cree que los cuidados paliativos no solucionan todas las demandas de eutanasia.
En el año 2000, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) daba a conocer los resultados de otra encuesta afirmando que el 21% de los médicos reconocía que, a pesar de su ilegalidad, en España se practicaba la eutanasia y el 15% de los médicos reconocía haber practicado al menos una. La OCU volvió a prestar atención a la eutanasia en 2007, afirmando que un 8% de los pacientes solicita una eutanasia y en el 1% finalmente es atendida. Según la Organización Médica Colegial, el 1% de los enfermos terminales (2000 al año) solicita una eutanasia.
Lo cierto es que respecto a la libre disposición de la propia vida en casos de enfermedad o sufrimiento intenso irreparable el acuerdo social en nuestro país no sólo es mayoritario sino que aumenta a lo largo del tiempo.
A contraposición, este hecho ilustra la gran brecha existente entre el sufrimiento de las personas y la respuesta a éste por parte de los gobernantes.
En este sentido, en el programa electoral del PSOE de las elecciones de 2004 se incluía la creación de una comisión para estudiar y regular el derecho a la eutanasia y a una muerte digna. Grupos políticos como IU, ERC, ICV, que casi anualmente desde 1994 hasta la fecha realizan ante el congreso proposiciones de ley sobre disponibilidad de la propia vida, fueron los que intentaron estimular, una vez más, la apertura del debate obteniendo, nuevamente, respuestas negativas por parte de PP, CiU y el propio PSOE (que lo incluía en su programa electoral). Para las siguientes elecciones de 2008, gobernando el PSOE en su segunda legislatura, dicha promesa ya no aparecía en su programa electoral.
En relación a esto, Coral Rodríguez Fouz, senadora y portavoz del PSOE en la Comisión de estudio sobre la eutanasia del Senado hasta el año 2000, afirmaba que “en nuestro país el debate sigue pendiente. Y todo apunta a que así seguirá. (…) Comprobamos así cómo, tanto en esta como en otras cuestiones bioéticas, nuestros gobernantes prefieren mirar para otro lado (…) el Gobierno rechaza todo debate aduciendo, con frivolidad pasmosa, que no constituye una demanda real de la sociedad. (…) Que no oculten tras el telón de absurdas trabas burocráticas (…) ciertamente la eutanasia divide a la sociedad, pero no más que el aborto o que en su día el divorcio o la reproducción asistida. La diferencia estriba en que nuestros gobernantes de entonces no escurrieron el bulto. Elaboraron -unas veces con más acierto que otras- leyes que no ha obligado a nadie a divorciarse ni a recurrir a técnicas de reproducción asistida ni a abortar. Como tampoco la ley holandesa obliga a nadie a solicitar la eutanasia”. Tristemente, 14 años después, estas declaraciones siguen vigentes. La sociedad española, muy adulta respecto a este tema (a pesar de los tabús que circundan la muerte) sigue a la espera de que sus gobernantes maduren de una vez por todas y permitan vivir y morir con dignidad a los ciudadanos, por encima de todo personas. Los resultados de estas elecciones, pues, suponen un aviso a los navegantes para las que están por venir.