Infancia en riesgo de exclusión social en un mundo global

El 20 de noviembre se conmemoró el día Mundial de la Infancia, establecido por la ONU, cuyo origen, se remonta a la Primera Guerra Mundial, cuando se comenzó a ser consciente, por parte de las sociedades y de los Estados, que las personas más vulnerables en cualquier conflicto y que sufrían consecuencias nefastas, tanto directas como e indirectas en todos los aspectos y sentidos, eran los menores que vivían en las zonas bélicas, y debían ser protegidos.

Hoy es un día de celebración, pero sobre todo de reflexión, de análisis y de crítica constructiva, para valorar a fondo, desde un prisma singular, plural y global, sobre los que las naciones estamos haciendo, cumpliendo e incumpliendo, para velar y garantizar los derechos y deberes de nuestros predecesores, de nuestros hijos, de nuestros herederos, y en gran medida de nuestro futuro.

Si el propio Estado es el garante de cumplir con los deberes y derechos de la infancia, y de sus familias, los programas políticos y sociales, tienen que desarrollarse y aplicarse en su totalidad, en beneficio y desarrollo de los menores, más allá de las ideas políticas y de la demagogia con la que se trata, en beneficio de los gobernantes o del partido de turno que gobierna en cada país, y más allá de las crisis económicas de cada país.

Es mucho más importante tener una inversión alta en programas sociales dirigidos a la infancia y a las familias, que sobre los programas de defensa de cada nación. Felicito y aplaudo, como persona y profesional, la labor de las entidades no lucrativas que realizan un trabajo de vital importancia y desarrollo con la problemática de la infancia, y que verdaderamente sirve de ayuda para los menores y sus familias. Pero no debemos olvidar, que es una garantía del Estado que se debe cumplir.

Expongo para análisis y reflexión algunas cuestiones que deben ser tenidas en cuenta y que deben cambiarse.

Lo ocurrido recientemente con los menores extranjeros, en EE.UU., resulta inaudito, y constituye en sí un fragante delito contra los derechos de la infancia, cuando su presidente, inventa una treta de separación, sobre las personas migrantes, en la que se decide, arrancar a los hijos de sus padres, para evitar que consigan la nacionalidad estadounidense.

Una verdadera barbarie institucional, que incumple los derechos fundamentales del ser humano, y que lo único que ha conseguido ha sido perjudicar el apego y la vinculación de los hijos con sus padres, y crear y agravar más problemas y dificultades en la relación filio-parental, por si no tenían ya suficientes, dado que ha supuesto en sí, un aumento de la problemática a nivel familiar, como un incremento de diagnósticos de salud mental, en los hijos y en los padres.

Estas prácticas, pueden ser comparables a la barbarie nazi frente a los judíos, cuando arrancaban a los hijos de los brazos de sus padres, por lo que la historia, se repite. Muchos de estos niños/as, sin saber por qué, y sin cometer ningún acto negativo, durante su corta vida, se han visto detenidos, separados, y encarcelados, sin sentido o hecho alguno.

Si dichos menores, tenían aún algo de inocencia por la difícil vida que les ha tocado vivir, con lo que han experimentado, han perdido lo que les podía quedar de inocencia, y han descubierto, que el ser humano, en muchas ocasiones, es un ser malvado, y el mundo donde participan, o donde quieren participar, en un mundo egoísta y sin sentido, preocupado más por sus vanidades y sus economías, que por el desarrollo de la humanidad.

Por suerte, alguien o algunos, con algo de sensatez, lógica y coherencia, se percataron que esa idea no era el camino correcto, y si un camino multi-problemático, y comenzaron reparar la situación, antes de que fuera a más, pero el daño, ya estaba hecho, y a día de hoy, ha sido imposible repararlo en su totalidad.

En Europa, desde hace años, los menores y familias de nueva llegada y acogida, producto de los conflictos bélicos de África y Oriente Medio, también ha supuesto un reto, y no ha sido bien gestionado en su momento, ni a día de hoy. La entrada de menores extranjeros no acompañados, conocidos en el argot social como MENAS, ha supuesto en sí, un vendaje en los ojos por parte de los estados miembros, más preocupados por los miedos y por los límites para dar asilo y asistencia social, que por cumplir con los derechos y deberes que deben defenderse para la infancia.

Creo, que pocos son los países europeos, que han cubierto en su totalidad, el llamado cupo de refugiados que se repartieron. Sin duda, en Europa del Este, han aumentando el tráfico de menores, la explotación laboral, sexual, el tráfico de órganos, el secuestro de menores, y todo tipo de maltratos, incluyendo el maltrato institucional. En situaciones de conflicto armado, como de pobreza extrema, nadie se va de su casa o de su territorio, por gusto o por placer, sino por necesidad, y con la esperanza de mejorar su vida, y la vida de su familia y de sus hijos.

La Reunión de Consulta de OMS, sobre la Prevención del Maltrato de Menores, celebrada en 1999, bajo consenso, describió la siguiente definición sobre el maltrato: “El maltrato o la vejación de menores abarca todas las formas de malos tratos físicos y emocionales, abuso sexual, descuido o negligencia o explotación comercial o de otro tipo, que originen un daño real o potencial para la salud del niño, su supervivencia, desarrollo o dignidad en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder.”

Se considera maltrato infantil, cualquier acontecimiento en relación a la acción o a la omisión, que no sea casualmente accidental, y que tenga una intención de causar dolor, por parte de progenitores, familiares o profesionales, que deben velar y garantizar las necesidades básicas del menor y desarrollo a todos los niveles.

Las instituciones de educación formal, en la mayoría de las ocasiones, tienen como objetivos que el alumnado alcance unas competencias clave y básicas, según los objetivos del curso y de la etapa escolar en la que se encuentran. Estos objetivos, para un menor que tiene dificultades sociales o se encuentra en riesgo de exclusión social, incluyendo alguna situación de maltrato en su familia o en su entorno familiar, no tienen sentido, dado que resulta imposible que un menor se preocupe y se ocupe de su proceso de enseñanza aprendizaje, o de aprendizaje-enseñanza, cuando no tiene cubiertas ni garantizadas sus necesidades básicas de desarrollo, protección, alimentación, cuidado, vinculación, apego, bienestar emocional…

En ocasiones el maltrato institucional que provocan las instituciones públicas, tanto desde la legislación, como por programas específicos o actuaciones que supongan un agravio de los derechos de la infancia, a nivel emocional, físico, o que atente contra su salud, su bienestar, su alimentación, sus creencias religiosas, suele hacer mella en el desarrollo evolutivo y social de los menores.

Dicho maltrato institucional también se produce en programas de protección de menores, cuando la burocracia es inoperante y los profesionales perpetúan una situación de incertidumbre de los niños, como cuando sus intervenciones y/o decisiones, producen abusos, maltrato, omisión o negligencia, sin tener en cuenta, el interés superior del menor, ni sus necesidades básicas.

El maltrato social es una forma de maltrato institucional, que se produce cuando las estructuras y el funcionamiento de un Estado son deficitarios, ineficientes y priorizan, las dificultades por las que atraviesan, a los derechos básicos y fundamentales de la infancia y de las familias, y de otros colectivos sociales, en detrimento y en el deterioro de los servicios básicos, como la sanidad, la educación, los servicios sociales, la dependencia.

El maltrato social se debe, principalmente a factores económicos, que directamente provocan falta de recursos y servicios, que trascienden negativamente en la dinámica y desarrollo familiar, principalmente en familias de clase media, media-baja y baja. Ejemplos de países que actualmente mantienen un maltrato institucional y social son: Siria, China, Rusia, Ucrania, Armenia, India, Marruecos, Venezuela, Brasil, Colombia, Méjico, Portugal, Italia, España, Grecia,… etc.

Es España, la violencia de género es en sí, un maltrato asociado, tanto para las mujeres, como para los/as hijos/as. La encuesta del CIS del 2011, cifra en 517.000, los menores que sufren maltrato y son víctimas de la violencia de género como consecuencia de las más de 2 millones de mujeres maltratadas. Los resultados de la encuesta señalan que un 70% de las mujeres que han sufrido violencia de género, tienen hijos menores de edad, por lo que alrededor de 800.000 niños viven en primera persona la violencia de género y el maltrato a través de la situación familiar.

Desde enero de 2013 a febrero de 2017, un total de 166 menores han perdido a su madre por violencia de género en España, según un informe elaborado por el Fondo de Becas Fiscal Soledad Cazorla y la Fundación Mujeres. Otro dato importante a tener en cuenta, es que han muerto muchos menores a manos de sus progenitores. A través de los datos de este informe, presentado en Madrid, las entidades han estimado que desde la aprobación de la Ley Integral de Violencia de Género, existirían un total de 500 niños huérfanos de madre desde 2005.

Si cada cuatro años hay 166 menores huérfanos de madre, según el dato, cada 12 años, 664 menores. ¿Cuántos son huérfanos absolutos? ¿Cuántos acaban en Centros de urgencia y valoración, primera acogida, o acogimiento residencial? ¿Cuántos no tienen ni cuentan con una pensión de orfandad, porque sus progenitores, además de maltratarlos, no han cotizado 16 años o más para tener ese derecho a la pensión de orfandad? Vaya incongruencia de las bárbaras y sin ningún sentido.

Otra cuestión a reflexionar en el caso de los MENA, es que sufren hacinamiento en los centros de protección, más próximo a los sistemas penitenciarios de países en vías de desarrollo, que en países desarrollados. Si existe un aumento notable en la intervención socioeducativa de menores de protección, lo lógico es que aumenten los ratios profesionales y los recursos sociales destinados para los menores.

En España, existe un maltrato institucional y social cuando los menores de protección, tanto nacionales, que no son pocos, como MENAS, al cumplir la mayoría de edad, son expulsados de los programas de protección. En el caso de los menores nacionales de protección, muchos de ellos, vuelven a su familia de origen, pero en el caso de los MENAS, que no pueden volver a su familia de origen, y a los que a la mayoría de ellos, se les niega la nacionalidad, quedan en nuestra sociedad como extranjeros ilegales, que para sobrevivir, se ven envueltos en la economía sumergida a través del trabajo precario, el trapicheo, el robo, la explotación laboral, el consumo de sustancias tóxicas, la venta ambulante, el uso de las mafias, la explotación sexual… ¿Para qué los hemos protegido durante su infancia y luego los convertimos en ilegales? ¿Tiene sentido una protección como menores y una abandono e ilegalidad como adultos?