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Venimos haciendo estas últimas semanas un análisis y reflexión sobre la actuación en nuestros espacios urbanos con valor patrimonial. Hemos hablado sobre la ocupación del espacio público y sobre su rentabilidad y de la turistificación y sus efectos perniciosos para la conservación del patrimonio cultural. Hoy vamos a hablar de lo contrario, de la dejadez por parte de las administraciones públicas sobre la protección del patrimonio cultural dejando sin uso, y, lo que es peor, deteriorándose dichos inmuebles y espacios urbanos.
Y es que cuando el Estado, la comunidad autónoma -que además es responsable de la gestión de dicho patrimonio cultural-, las diputaciones, los ayuntamientos o la iglesia católica dejan solares o inmuebles de su propiedad abandonados, cuando no obligan a los particulares a conservar adecuadamente los suyos o cuando no hacen políticas de vitalización de los espacios urbanos están colaborando activamente en el deterioro de dicho patrimonio.
Ocurre en Toledo, pero nos imaginamos que este asunto se replica en las otras cuatro provincias de la región. Por no aburrir al lector, realizamos un listado de inmuebles públicos, con valor patrimonial, abandonados y sin uso en la provincia: el Estado mantiene cerrada la Delegación de Hacienda y el amplio solar que estaba destinado a la ampliación del Museo de El Greco entre los Alamillos del Tránsito y San Juan de Dios, además del castillo de Maqueda. La Diputación Provincial mantiene cerrada y sin uso la antigua residencia femenina, plaza de Abdón de Paz, el que fuera maternidad o residencia de San Juan de Dios y la ermita de San Ildefonso y cementerio de monjas.
El ayuntamiento capitalino tiene sin uso la llamada Casa de las Cadenas, el edificio de la Alhóndiga y ermita de los Desamparados, la Casa del Diamantista y el solar de la calle de Esteban Illán. Mientras, la iglesia católica tiene vacía la iglesia de la Magdalena, el inmueble donde estuvo la Cárcel del Vicario o el complejo de la ermita de San Eugenio.
Y la propiedad privada. Recordemos que durante años se estuvieron dejando arruinarse a los inmuebles que hoy ocupa el hotel Aurea, establecimiento que enseña restos arqueológicos y pictóricos de indudable interés y que nos da idea de lo que se ha podido perder. Hay solares comprados como aquel, para la especulación, deteriorándose en el casco urbano que ocupan grandes extensiones como ocurre en la calle y travesía de San Torcuato, del callejón de Husillos o cuesta del Corchete.
O inmuebles con valor patrimonial que se dejan caer sin que el ayuntamiento intervenga obligando a su rehabilitación y uso residencial, como el inmueble de la plaza de Santa Catalina, la casa donde Galdós escribiera Ángel Guerra en la calle Santa Isabel, la casa modernista de la calle Alfileritos, la Cuesta de la Mona, Niños Hermosos o los solares en vías transitadas como la Bajada del Ángel. Hay calles que parecen arrasadas, como la Cava Baja, llena de solares, o la calle de las Bulas, que tiene abandonados los inmuebles de los números 20, 25, 30,34, 36, 38, 40 y 42, calle que sin duda no han descubierto aún los especuladores de suelo urbano.
Lógicamente urge la revisión del Plan Especial del Casco Histórico y ejecutar, con los datos que el Consorcio de la ciudad de Toledo tiene, las intervenciones subsidiarias a las que está obligada la administración cuando los dueños no cumplen con el deber de rehabilitar patrimonio cultural o, al menos, velar por la salubridad pública -son auténticos nidos de palomas, roedores y xilófagos- o la vitalización de un Casco Histórico Patrimonio de la Humanidad -no entendemos que Barcelona pueda legislar sobre pisos turísticos y/o sociales y nuestra comunidad autónoma y/o ayuntamiento no. Ya saben: eliminar pisos turísticos en 5 años y dedicar el 30 % de la obra nueva a pisos sociales.
Y de recursos, mejor no hablemos, puesto que se han realizado intervenciones con fondos europeos, de la Junta de Comunidades o municipales que han dejado varados millones de euros, como el complejo hidráulico de Safont, el Quixote Crea o lo que hubiera sido la Casa de la Juventud de la ciudad, o los planes no realizados, pero si anunciados, sobre La Vega Baja, Palomarejos o la Vega Alta.
Por su parte, el Consorcio de la ciudad ha estado subvencionando rehabilitaciones que posteriormente han acabado siendo aprovechadas para su explotación turística, por lo que ha de corregir los errores o mecanismos que han permitido que el objetivo sea el contrario al que se pretendía.
En todo caso, resulta ridículo el número de cinco viviendas públicas destinadas a alquiler en el Corral de Don Diego frente a la necesidad que jóvenes o familias sin recursos tienen para acceder a la vivienda y que pueden, a la vez fomentar las políticas de rehabilitación y restauración de los cientos de inmuebles y elementos de valor patrimonial que están en peligro de desaparecer en el Casco Histórico toledano.
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