“Es tu palabra contra la suya”. La víctima tenía pruebas, pero los agentes hicieron que Y., no denunciase al tatuador que había abusado de ella y que actualmente está condenado por lo que le hizo a ella y a otras dos mujeres, una menor de edad. La reprobable actuación del Servicio de Atención a la Mujer (SAM), integrado en la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) de la Comisaría Provincial de Valladolid, está reflejada en la sentencia que impone cinco años de prisión y dos de libertad vigilada al autor de los hechos. La Policía sólo investigó los hechos cuando se encontró con “un problema de orden público”, ya que lo ocurrido acabó provocando una concentración ante el estudio del tatuador, durante la que se fracturó una luna. La existencia de más víctimas, localizadas por Y, hizo que se plantease, por primera vez, la investigación de los hechos.
“No puede empezarse esta sentencia, con carácter previo al análisis de la prueba, sin dejar de poner de manifiesto un hecho realmente perjudicial para cualquier campaña de sensibilización social contra este tipo de comportamientos que perjudican de manera abrumadora a las mujeres como es que, incluso en el año 2018, momento en que ocurren los primeros hechos denunciados en este procedimiento, todavía en instancias oficiales, en este caso desde una Comisaría de Policía Nacional, se desmotive de tal manera a una víctima de un delito de contenido sexual hasta el punto de que ésta tenga que buscar otras vías de apoyo para conseguir que su iniciativa tenga acogida judicial”, dice el juez de Penal 3 de Valladolid. La UFAM, una unidad especializada en delitos de violencia doméstica, violencia sexual y violencia de género, acalló a la víctima.
El comportamiento de los agentes, dice, “podía haber concluido en la absoluta falta de persecución de unos hechos que se han reiterado en el tiempo y para los que la denunciante a la que no se recogió la misma, contaba con un elemento de prueba contundente”. Tal y como se reflejó en el atestado policial del 27 de julio de 2018, la víctima acudió a la Comisaría para entrevistarse con la Unidad de Familia y Mujer para contar lo sucedido el día 26 en el negocio del acusado y pedir asesoramiento para denunciar los hechos, donde fue “informada de la posibilidad de denunciar los hechos y el recorrido de la denuncia”, decidió finalmente no hacerlo.
El relato de esta víctima, a la que el juez cree “completamente”, no deja lugar a interpretaciones erróneas. El 26 de junio de 2018, acudió al establecimiento del tatuador. Iba para hacerse un tatuaje en el la zona superior izquierda de su cuerpo. El mismo que se habían hecho tanto la amiga que la acompañó como una tercera, un día antes. La realización del tatuaje duró más tiempo del que necesitó para hacerlo a las dos amigas el día precedente, y “cuando el dibujo estaba terminado el acusado prolongó los retoques aprovechando para, teniendo a Y. de espaldas cara a la pared, empujar desde su abdomen y espalda a ésta para que quedara casi fuera de la camilla de tatuaje y le permitiera rozarse con su pene en la pierna izquierda de Y. a a la altura de la unión entre el muslo y el glúteo. Mientras el acusado accionaba el instrumental del tatuaje frotaba su pene contra Y”.
Se perdió una prueba que habría evitado el cuestionamiento de la víctima
La joven llegó a preguntar en voz alta dónde estaba su amiga y al comprobar que ésta respondía que estaba en la misma sala descartó que pudiera estar ocurriendo esa acción hasta que, tras decir el acusado a su pregunta que había terminado, se volvió rápidamente de la camilla y comprobó como el acusado mantenía sus genitales completamente fuera del pantalón a través de la abertura de la cremallera, con el pene erecto y notando su pantalón mojado de una sustancia suave que no era agua, marchándose a continuación“. ”Vámonos, lo he visto, lo he visto, tenía todo fuera“, dijo la víctima a su amiga antes de abandonar el local.
Cuando Y quiso denunciar los hechos, dice la sentencia, “incluso ofreció el pantalón que sospechaba manchado de semen del acusado como prueba de que lo que denunciaba no era un simple malentendido o un equívoco por un roce o un tocamiento involuntario, sino que había habido una satisfacción sexual completa por parte del acusado”. Para el juez, la “negligencia policial” podía haber evitado un enjuiciamiento prolongado, puesto que si se hubiese analizado la prenda y se hubiese determinado que había semen “toda excusa del acusado sería ociosa, hubiera evitado el peregrinaje de declaraciones y sometimiento a cuestionamiento constante en su versión y, desde luego, hubiera facilitado la argumentación de que los hechos ocurrieron tal y como lo cuenta Y.”.
Pero la bronca del juez no acaba ahí, va más allá al subrayar que “cualquier otra víctima menos sensibilizada, cualquier otra persona menos beligerante o que se sintiera culpabilizada por lo sucedido hubiera abandonado su interés”. Sí que alude a la rectificación policial una semana después, “aunque perdida ya una prueba importantísima, subsanaba en parte la ineficacia inicial”.
Pero es que además, el juez destaca “el comportamiento proactivo de la denunciante sin la que, probablemente, estos hechos hubieran permanecido en el anonimato cómplice y silencioso en el que se ha amparado el acusado desde 2015”.
“Propósito de mejora” de la Policía
La joven se vio “obligada ante la inicial pasividad policial” a intentar buscar más víctimas de hechos similares. Fue así como a través de redes sociales y amistades comunes supo que podía haber más mujeres en situación similar y contactó con una de ellas. El juez también se refiere a la “tentativa de encerrona” que sufrió a través de whasapp cuando alguien a quien no se identifica en la sentencia, intentó que incurriese en alguna contradicción que desvirtuase la denuncia que no había interpuesto “por la desidia policial” y la intentó coaccionar amenazándola con una querella por calumnias. “Ha sido, y por un lado es elogiable, y por otro lamentable, la fortaleza de Y. y su decisión de no pasar página la que ha permitido descubrir hechos tan lamentables y de tanta gravedad como los presentes, y ante los que la Policía Nacional sólo reacciona cuando teme un problema de orden público y se da cuenta de que en la comparecencia de la víctima el día 27 de junio de 2018 había mucha más realidad que la que se había querido apreciar inicialmente”, lamenta el juez.
La investigación policial posterior pondría de manifiesto que Y no fue la única ni la primera de sus víctimas y que entre ellas había una menor de edad. Desde la Comisaría Provincial apenas se pronuncian sobre un asunto que ha dejado al descubierto a una unidad, en teoría, especializada en violencia contra la mujer. “Se tomaran las medidas adecuadas al caso y desde luego siempre con el propósito de mejora”. Las mismas fuentes no precisaron a qué medidas se refieren.
El caso Sara
No es la primera vez que la UFAM queda en entredicho. En 2017, una pequeña de cuatro años falleció tras una paliza y una brutal agresión sexual por parte del novio de su madre, que fue condenada también en la modalidad de comisión por omisión. Pero es que 22 días antes del terrible desenlace un médico alertó a la Policía cuando la madre llevó a la niña a urgencias por unas heridas en la boca y detectó que la niña estaba cosida a golpes y con una deficiente higiene genital. La UFAM, que se ocupó del asunto, creyó la versión de la madre, que la niña se caía mucho, y que de ser alguien responsable, era el padre, de quien se había separado. Aseguró que el hombre estaba en Rumanía y que ella había sufrido maltrato. No se hizo una sola comprobación, ni siquiera se intentó localizar al padre de la menor. El atestado se instruyó como un caso de violencia de género mientras la cría siguió sufriendo agresiones hasta que murió asesinada.