Asaja critica que Dueñas vaya al Consejo Agrario “con las manos vacías” cuando el sector está en alerta por sequía
Asaja Castilla y León ha criticado que la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural se haya presentado al Consejo Agrario Regional este jueves “con las manos vacías y una retahíla de promesas inconcretas” cuando el sector está atravesando “una situación de alerta máxima por sequía”.
La organización agraria ha afeado al consejero del ramo, Gerardo Dueñas, de Vox, que haya “eludido las preguntas” y que haya “evitado concretar qué dinero pondrá su departamento para ayudar a los agricultores y ganaderos de Castilla y León”.
El presidente de Asaja CyL, Donaciano Dujo, ha calificado de “decepcionante” que todo lo que “estén dispuestos a ofrecer al sector sean vagos compromisos de que lo van a estudiar o de que complementarán lo que dé el Ministerio central, sin concretar qué cuantía global reservan para ello, si aportarán al menos lo mismo que Madrid, o si contemplarán los mismos sectores o algunos que han quedado olvidados”.
“En resumen, nada en absoluto”, ha lamentado Dujo, que ha recordado que el Consejo Agrario no es el “foro de tertulianos” en el que lo quiere convertir la Consejería, sino el órgano democrático y representativo legítimo de los agricultores y ganaderos, al que “hay que ir con los deberes preparados y no solo para cubrir el expediente”.
“Nos parece una falta de respeto que al final la sequía y la ruina de los agricultores y ganaderos se convierta en un combustible electoral por unos y otros”, ha subrayado Donaciano Dujo, quien lamenta que “Castilla y León esté siendo penalizada tanto por el Ministerio, al relegarla a un peor tratamiento que otras comunidades, como por la Junta, que por ahora solo tiene buenas palabras, pero ninguna acción”.
Pérdidas de 2.000 millones
Asaja calcula que las pérdidas por sequía en Castilla y León superarán los 2.000 millones de euros. Por ello, ha pedido que entre todas las administraciones “aporten ayudas por al menos la mitad de las pérdidas, 1.000 millones”.
“Repartidas entre los 40.000 profesionales de la agricultura y ganadería de la Comunidad Autónoma, estaríamos hablando de alrededor de 25.000 euros por explotación, que deberían cubrirse de forma
conjunta por el Estado español, el fondo de crisis de la Unión Europea y la Junta de
Castilla y León“, han apuntado en un comunicado.
En este punto, Donaciano Dujo ha subrayado que Castilla y León es “buque insignia” de la producción agrícola y ganadera de España y “sería imperdonable que tanto el presidente Mañueco como al consejero Dueñas no sean los primeros defensores del sector”.
Además de las “imprescindibles” ayudas directas, Asaja aboga por un seguimiento continuo de las necesidades específicas de cada sector, comenzando por el ganado de extensivo, que ya tiene dificultades para contar con paja o abastecerse de agua, y siguiendo por el resto de producciones.
Respecto a otras medidas complementarias, Asaja ha señalado que es importante el incremento de subvención del seguro agrario, aunque sigue pendiente una reformulación del seguro, para que cubra realmente los rendimientos a precios reales de la agricultura de Castilla y León, algo que penaliza especialmente a las provincias del sur de la Comunidad Autónoma.
En cuanto a las medidas de financiación, un apartado al que “el consejero ha dedicado mucho tiempo”, han apuntado, ASAJA sigue reclamando un plan de financiación a largo plazo, que aporte liquidez “porque los intereses están muy altos y las explotaciones no aguantan más endeudamiento”.
UPA-COAG
Finalmente, Asaja ha reclamado en el Consejo Agrario Regional que Castilla y León se pronuncie con urgencia sobre la flexibilización de las normas de la PAC, tanto para esta campaña como para campañas sucesivas, para apartar prácticas agronómicas que encarecen los costes de producción o que directamente reducen las producciones, así como aligerar la enorme y absurda carga burocrática con la que ha nacido esta nueva PAC.
Por su parte, la Alianza UPA-COAG ha llevado al Consejo Regional Agrario un documento de seis páginas que recoge las medidas del `Plan Sequía 2023' que debería poner en marcha la Junta de Castilla y León para complementar las ayudas hechas públicas días atrás por parte del Gobierno central.
Ante la gravedad de la situación, la alianza agraria ha entregado un documento vertebrado en seis puntos: ayudas directas; liquidez para afrontar la próxima campaña; medidas fiscales autonómicas; seguros agrarios; flexibilización de la PAC y otras medidas.
Para compensar las pérdidas de producción en los sectores agrarios ha reclamado ayudas directas por hectárea de cultivo sembrada en secano, así como también para las sembradas en regadío cuando las restricciones de agua no hayan permitido atender la demanda completa del ciclo de cultivo. En este sentido, han planteado que la Consejería complemente las indemnizaciones que deba abonar Agroseguro a las explotaciones hasta llegar al 100 por cien del capital asegurado.
Y para las explotaciones ganaderas han pedido complementar los importes fijados para nuestra Comunidad en una cuantía igual a la aportada por el Ministerio de Agricultura, para que de esta forma los ganaderos de Castilla y León perciban las mismas ayudas que los de las comunidades autónomas calificadas como de “afección alta”.
Asimismo, ha pedido a la Consejería que se sume a apoyar la liquidez de las explotaciones de los profesionales a título principal bonificando, bien otro 15 por ciento del principal, o bien los intereses de los préstamos que se acojan a esta medida para que los mismos resulten al cero por ciento.
En cuanto a las medidas fiscales autonómicas, han solicitado a la Junta la exención de todas las tasas de competencia autonómica que gravan las diferentes gestiones de obligado cumplimiento en el desarrollo de las actividades agrarias y ganaderas.
Respecto a los seguros agrarios, UPA-COAG ha reclamado que aumente su aportación a la financiación del seguro agrario, de tal manera que la suma de las aportaciones estatal y autonómica permita llegar hasta el 70 por ciento de subvención de la prima a partir de la próxima campaña.
Acerca de la flexibilización de la PAC, han instado a la Consejería a que haga uso de las opciones que el Real Decreto-ley 4/2023, de 11 de mayo ha abierto para que las comunidades autónomas adopten medidas de flexibilidad en la aplicación de la nueva PAC.
En concreto, han reclamado que se permita la distribución de purines en barbechos en abril, mayo y junio, y que se suprima la prohibición de alzar rastrojos tras la cosecha antes del 1 de septiembre.
Por último, han puesto sobre la mesa otras medidas tales como que desde la Consejería se gestione la disponibilidad de agua para abastecimiento a las ganaderías que puedan necesitarlo, así como la disponibilidad de paja y forraje, o que se aumente la inversión en infraestructuras hidráulicas de almacenamiento de agua, recarga de acuíferos o modernización de regadíos.
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