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El Consejo Consultivo propone a la Junta de Castilla y León que elabore informes sobre el “impacto” de sus medidas en el medio rural

Encarnación Pérez (subdelegada del Gobierno), Enrique Cabero (CES), Ricardo Rivero (USAL), Agustín Sánchez de Vega (Consejo Consultivo), Tomás Quintana (Procurador del Común) y el catedrático Marcos Fernando Pablo.

Europa Press

3 de noviembre de 2021 13:15 h

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El Consejo Consultivo de Castilla y León ha propuesto a iniciativa propia a la Junta que cada norma o anteproyecto de ley incorpore un informe sobre el “impacto” que suponen las medidas adoptadas sobre el mundo rural y el reto demográfico.

El presidente del Consejo, Agustín Sánchez de Vega, ha explicado que la idea, de adoptarse por el Ejecutivo, permitiría incorporar a los textos una documentación “similar” a la que ya se suma en concepto de género, familia o adolescencia.

Para Sánchez de Vega, es “importantísimo” que se conozca el “impacto” en el medio rural de las decisiones que se vayan tomando desde las administraciones, de ahí el interés de presentar esta iniciativa.

Así lo ha señalado antes de participar en la inauguración del II Congreso Internacional 'Rural Renaissance II: Acción, Promoción y Resiliencia', que se celebra hasta el 5 de noviembre en el Colegio Arzobispo Fonseca de Salamanca.

En este encuentro se promoverá la realización de un análisis de las estrategias y acciones puestas en marcha por el poder público con el propósito de hacer frente al reto demográfico y potenciar la cohesión social y territorial del Estado, al tiempo que pretende contribuir al diseño de soluciones tangibles que permitan poner en valor los recursos endógenos de los territorios rurales.

La sesión inaugural ha contado con las intervenciones del rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero; el presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León, Agustín Sánchez de Vega; el presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, Enrique Cabero; el procurador del Común de Castilla y León, Tomás Quintana; la subdelegada del Gobierno en Salamanca, Encarnación Pérez; y el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Salamanca, Marcos Fernando Pablo.

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