El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha asegurado que la Junta de Castilla y León está esperando un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para trabajar en la Ley contra la despoblación, que prometió el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, en 2020 y de la que no se ha vuelto a saber nada. Esta norma tendrá que esperar al próximo gobierno que se constituya tras las elecciones, previstas para marzo de 2026.
“Es una Ley que exige un consenso y todo esto que estamos haciendo: la Estrategia de Dinamización Demográfica, este Consejo, el informe de la OCDE que es muy importante”, ha enumerado Suárez-Quiñones, quien ha asegurado que “lo más urgente” era blindar por Ley los Servicios Públicos básicos en el medio rural. En septiembre de 2024, las Cortes de Castilla y León aprobaron —con los votos favorables de PP y Vox— esta Ley con el rechazo de todos los partidos de la oposición, porque pensaban que no garantizaría el mantenimiento de estos servicios.
El jefe de la división regional de Desarrollo Regional y Gobernanza multinivel de la OCDE, José Enrique Garcilazo, ha señalado que está terminando la primera fase del proyecto en el que participa Castilla y León, que está subvencionado por la Comisión Europea. “En cuanto lo tengamos todo listo vendremos a reportar todos los resultados”, ha avanzado Garcilazo, que ha preferido no dar un plazo para esta presentación.
La OCDE: “Esto va más allá de los cambios electorales”
También ha explicado que están viendo una “megatendencia estructural” en algunos países cuya población está decreciendo —entre ellos, Letonia, Japón, Corea y Lituania—, con dinámicas muy diferentes dentro de los territorios. “Los retos son mucho más fuertes para las regiones rurales. El 47% de las regiones rurales que están cerca de las ciudades están perdiendo población en los últimos 20 años”, ha indicado Garcilazo. Desde la OCDE se está trabajando con los gobiernos nacionales, autonómicos y locales para ver cómo se puede afrontar a largo plazo esta tendencia. “Esto va más allá de los cambios electorales y de los cambios de gobierno. Muchos países de Asia como Japón y Corea están desarrollando una visión a 40 o 50 años para ver cómo pueden afrontar la situación”, ha señalado Garcilazo.
El Consejo para la Dinamización Demográfica, en el que están representados distintos sectores económicos, políticos y administrativos para evaluar políticas públicas para hacer frente al reto demográfico. “Es un órgano vivo, asesor y de participación social”, ha insistido Suárez-Quiñones, que ha destacado que la población ha crecido “de manera sostenida” desde 2022, con casi 40.000 habitantes más que hace tres años.
“Vamos por buen camino”, ha aseverado Suárez-Quiñones, quien ha mencionado algunos pilares como la actividad económica o la calidad de vida como puntos de atracción de esta nueva población.
La presidenta de la Federación Regional de Municipios y Provincias, María Ángeles Armisén, ha ensalzado el valor de estas administraciones para enfrentar el reto demográfico a través de medidas como la gratuidad de la enseñanza de 0 a 3 tres años, la atención a domicilio para las personas mayores y los servicios sanitarios, entre otros. “Somos interlocutores muy válidos con el día a día de los ciudadanos para coordinarnos como estamos haciendo con la Junta de Castilla y León”, ha reiterado.