La Junta de Castilla y León no ve inconveniente en que no se condene la dictadura franquista en su proyecto de Ley de Concordia

La Junta de Castilla y León entiende que la condena al franquismo está implícita dentro de la proposición de Ley de Concordia presentada este martes por PP y Vox en las Cortes de Castilla y León. Sin ninguna referencia a ello en el texto, el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha tratado de desviar la atención de este hecho señalando que “lo importante” es fijarse “en el articulado” y no “tanto” en la parte expositiva y antecedentes.

Es en esta parte, según el consejero, donde figuran los derechos y obligaciones de apoyo a las víctimas. “Si alguien lee la Ley de Concordia de Castilla y León, es una Ley que contiene 20 artículos, supera en cuatro al anterior decreto que tenía la comunidad autónoma”, ha explicado.

El portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo, se ha enrocado en defender que con el trámite parlamentario se buscará “puntos de encuentro en común” y lograr “la concordia y huir del frentismo” con el resto de grupos, algo que la norma estatal sí hace al estar “inspirada en lo que había dicho Bildu”.

Para Carriedo el texto presentado este martes “seguro que a quien no le gusta es a Bildu y a sus socios, que es quien apoyó la normativa nacional, extendiendo además todo el periodo a la época incluso del gobierno de Felipe González”. Este último periodo, ha significado, es la justificación para incluir también a la Segunda República.

Ante las críticas tanto de la oposición como de asociaciones de romper el consenso logrado con la anterior normativa sobre Memoria Histórica, con el 'popular' Juan Vicente Herrera, Carriedo ha reiterado que esperan lograr el mismo resultado y ha descargado la posibilidad de introducir cambios al debate parlamentario, algo que con la mayoría absoluta de PP y Vox en las Cortes autonómicas, se antoja complicado.

Según ha explicado Gago, para la elaboración de la nueva ley la Junta ha preferido dejar a los Grupos parlamentarios de PP y Vox desarrollar el texto haciendo un trabajo conjunto con el Ejecutivo gracias a una “colaboración recíproca”.

Preguntado varias veces por la omisión de la palabra dictadura y una condena al franquismo, Fernández Carriedo sí ha hecho propia su repulsa a la “dictadura franquista” -que sí está en el decreto de 2018- aunque ha preferido volver a referirse al “trabajo del parlamento” para hacer una condena implícita.

Dos años de trabajo para la Ley de Concordia

Esta ley, presentada en medio de la Semana Santa, se encontraba dentro de los acuerdos de gobierno entre PP y Vox, que según el consejero de la Presidencia se llevaba fraguando desde la formación del gobierno. La mayoría parlamentaria de ambos grupos hará que se derogue el actual Decreto de Memoria Histórica y Democrática que aprobó el último Gobierno presidido por Juan Vicente Herrera (PP).

En la presentación de la normativa, han señalado que el objetivo es “reivindicar” la “historia común -entre 1931 a 1978-, entendida como elemento integrador para la reconciliación, combatiendo cualquier intento de quienes tratan de utilizarlas para dividir a los españoles”. Todo ello sin mencionar ni una sola vez la palabra 'dictadura' o buscar una fórmula que condene la represión de la misma. Para el portavoz del PP, Raúl de la Hoz, es algo “es algo que está implícito” por lo que “no hay que buscar tres pies al gato”. Por su parte, el representante de Vox, Carlos Menéndez, defendía el periodo de la Segunda República al haber “conexión historiográfica”.

Otro aspecto a tratar y que el texto de PP y Vox no recoge es la partida económica de la ley. Como ha detallado Gago, será “como mínimo” los fondos que venía destinando previamente procedentes de fondos estatales y autonómicos, aunque no ha detallado cuánto.

La proposición de Ley de Concordia ha generado mucha controversia en contra. Desde el PSOE, la secretaria de Organización de Castilla y León, Ana Sánchez, ha apelado al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, a la que ha definido como “miserable” y “adoctrinamiento fascista”, mientras que ha advertido de que llegarán al Tribunal Constitucional para pedir amparo “si hace falta”.Por su parte, el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, ha asegurado que la futura Ley “asusta” y ha adelantado que se estudiará si choca con la norma nacional y si es así llevar a cabo las actuaciones que permita la legislación actual.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha presentado este miércoles un escrito en el Registro de las Cortes de Castilla y León para exigir la retirada de la proposición de ley. El presidente de la asociación, Emilio Silva, ha calificado, como también hiciera el martes, el texto como “una operación de blanqueo de la dictadura”. El sindicato CCOO ha instado al Gobierno nacional a revisar la proposición ya que entienden que “choca frontalmente” con los derechos “de memoria, reparación y voluntad de no repetición” que recogía la Ley de la Memoria Histórica.

Contrario a esta posición, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, ha acusado al PSOE de preparar “el próximo golpe de estado” desde “el Palacio de la Moncloa” y ha defendido el trabajo de Vox y la Junta para “restaurar la convivencia y recuperar el abrazo entre españoles”.