La Junta de Castilla y León ha afirmado este jueves que no está entre sus planes incluir el “síndrome posaborto” —que PP y Vox han 'colado' en el Ayuntamiento de Madrid— dentro de su cartera de servicios dentro del programa de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Según ha señalado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo, su “idea” es “no realizar modificaciones y respetar los derechos vigentes”.
El portavoz ha zanjado que la postura del gobierno autonómico para por respetar “todos derechos vigentes y haciéndolos compatibles” por lo que no habrá modificaciones.
Protocolo de Vox y PP en la Junta de Castilla y León
Vox hizo ya un intento de implantar un protocolo antiaborto en Castilla y León que recuerda en sus planteamientos a lo que se ha aprobado en Madrid. Cuando Vox estaba en el Ejecutivo regional junto al PP, el entonces vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo (Vox), presentó en rueda de prensa una batería de “medidas pro-vida” destinadas a mujeres embarazadas, incluidas aquellas que querían abortar y que incluían la opción de escuchar el latido fetal en el primer trimestre o realizar una ecografía 4D, una fórmula con la que pretendía disuadir a las mujeres que no quieran continuar con su embarazo. A pesar de que Vox no tenía competencias en materia de Sanidad —en manos del PP— el partido reivindicó este protocolo antiaborto durante su gobierno con el PP y tras su ruptura.
El objetivo, según relató en enero de 2023 García-Gallardo, es que el embarazo pudiera afrontarse en las mejores condiciones. “Se trata de que todas las mujeres que acudan por primera vez a una consulta en situación de embarazo tengan posibilidades para que puedan tomar, lo más informadas posible, cualquier decisión: la de seguir o la tragedia a nivel social, por la huella que deja a las mujeres, de abortar”, afirmó en esa rueda prensa.
Tras la polémica decisión, que tomó Vox sin tener la cartera de Sanidad en Castilla y León, desde el Gobierno central se trasladó la oposición frontal a la medida y el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, tuvo que salir a la palestra para matizar a sus socios de Gobierno pero sin contradecirles. Inicialmente, se hizo de forma interna y de forma no oficial, periodista a periodista, mientras que Vox aseveraba que se iba a implantar “inmediatamente”.
El desencuentro entre PP y Vox escaló a nivel público. Mañueco, ya en el ojo del huracán por dejarse imponer una medida en una competencia ajena a Vox, hizo equilibrios para dar a entender que el protocolo de Vox no se iba a implementar como tal. En las Cortes, el presidente de la Junta defendía sus políticas en defensa de la mujer, mientras que en el seno de las reuniones del Consejo de Gobierno, Mañueco acusó a su entonces vicepresidente de ser “un liante” y García-Gallardo le replicó acusándole de “cobarde” y le recriminó haberse echado atrás en unas medidas que habían pactado y revisado las dos alas del Gobierno antes de presentarlas a los medios la semana anterior.
Definitivamente, y más con la ruptura de Vox del pacto en Castilla y León con el PP, el protocolo no fue implementado aunque a día de hoy sigue colgada la nota de prensa en el portal de comunicación de la Junta de Castilla y León que recoge las medidas que quería desarrollar el Ejecutivo autonómico.