La ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León creará un censo de bienes existentes para garantizar su seguridad jurídica

La futura Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León, aprobada este jueves por el Consejo de Gobierno en su fase inicial de anteproyecto, compatibilizará la protección y conservación del mismo con el aprovechamiento social y económico del territorio donde se asienta ese legado histórico y artístico.

La norma creará un censo de los bienes patrimoniales existentes para garantizar una seguridad jurídica que seguirá teniendo en los BIC (Bien de Interés Cultural) el “máximo nivel de protección”, pero se añadirán otras dos categorías: Conjunto Industrial y Paisaje Cultural.

Lo ha explicado el consejero de Cultura y Turismo, Gonzalo Santonja, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno que ha aprobado el anteproyecto de Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León, que sustituye a la anterior normativa de 2002, hace más de dos décadas.

Entre otras novedades del articulado, Santonja se ha referido a la creación de las denominadas “zonas de amortiguamiento” en las inmediaciones de los BIC, “sean adyacentes o no”, para garantizar una protección adicional contra agresiones o impactos, caso de la instalación “de un parque eólico”, ha puesto como ejemplo acerca de una figura que responde a un modelo internacional surgido desde la UNESCO.

El conocimiento, la investigación, la protección y la conservación son los principios rectores de una futura ley que Santonja ha considerado “muy necesaria, verdaderamente trascendente, porque la sensibilidad y la realidad (hacia el patrimonio) ha ido cambiando y las normas presentaba insuficiencias obvias”.

“El patrimonio es una responsabilidad compartida de toda la sociedad y la ley crea cauces para ello”, para la cooperación y colaboración público-privada mediante ayudas y subvenciones para los propietarios, poseedores y gestores de los bienes, pero también para favorecer la participación empresarial en la gestión patrimonial.

La ley, otra de las aportaciones, establecerá un mecanismo para la gestión propia de los Caminos a Santiago por Castilla y León, un sistema específico para preservar los valores culturales y espirituales, mediante una clasificación o tipología de los mismos y un régimen de protección.

Gonzalo Santonja, con el ejemplo del reciente destrozo de la calzada romana a su paso por Castrocalbón (León), ha llamado la atención sobre el régimen sancionador que establecerá la nueva norma, con multas de hasta 10.000 euros (leves), hasta 200.000 (graves) y 600.000 (muy graves).

El consejero, que tiene la potestad de aplicar las sanciones muy graves, ha advertido que en su caso no se va a mostrar “ni conciliador ni benigno cuando se produzcan atentados contra el patrimonio”.

La nueva concepción del patrimonio cultural, objetivo de esta revisión normativa, “ha abandonado el carácter exclusivo del legado del pasado para pasar a ser considerado como un recurso imprescindible” para el futuro de la comunidad autónoma debido, entre otras causas, a su valor educativo y social, pero también a su potencial económico“, ha insistido.

El consejero, por otra parte, ha anunciado un incremento anual de 5 millones de euros para la restauración del patrimonio histórico y artístico, con el fin de reforzar el caudal económico procedente del denominado 1,5 por ciento Cultural establecido por el Gobierno de España para el mismo objetivo.

De esta manera, con 20 millones más durante toda la legislatura (2022-2026), ha calculado que podrán salir de la Lista Roja de Hispania Nostra el 87,5 por ciento de los bienes de Castilla y León incluidos en la misma.

Especial atención prestará también la futura ley al patrimonio arqueológico de titularidad autonómica como son Atapuerca (Burgos), Las Médulas (León) y Siega Verde (Salamanca), además de todos los bienes englobados dentro de los Caminos a Santiago y el Románico Atlántico.