Las Cortes de Castilla y León han rechazado con los votos de PP, Vox y los procuradores no adscritos una iniciativa del PSOE para apoyar al Gobierno a que blinde el aborto en el artículo 43 de la Constitución y que se garantice su aplicación en la Comunidad.
La propuesta ha sumado los votos de PSOE, UPL-Soria Ya y el Grupo Mixto y ha contado con la abstención de Por Ávila, y se ha debatido en el pleno de la Cámara de este miércoles.
Además, se planteaba la eliminación de la web de la Junta de Castilla y León del documento de “medidas sanitarias relacionadas con el fomento a la natalidad y el apoyo a las familias”, conocido como el 'protocolo antiaborto'.
La viceportavoz socialista Nuria Rubio ha justificado la presentación de esa proposición no de ley en la necesidad de “blindar” que las mujeres tengan la libertad de abortar “ante las amenazas que suponen los gobiernos retrógrados de las derechas”; y ha incidido en que “los derechos sexuales y reproductivos han sido reconocidos internacionalmente como Derechos Humanos”.
“Los derechos se protegen, se blindan y se garantizan y este debate entra de lleno en el ámbito de Castilla y León, porque mientras el Estado avanza nuestra comunidad retrocede y aquí aún nos encontramos con obstáculos reales, palpables, que atentan contra nuestro derecho a decidir”, ha afirmado.
Rubio ha afeado que Castilla y León fuera pionera al permitir la entrada de la extrema derecha “que niega las desigualdades” en los gobiernos y ha lamentado que en Castilla y León sólo se ejerza la interrupción del embarazo en tres hospitales públicos (dos en la provincia Burgos y uno, en Salamanca).
Por su parte, Beatriz Coelho (PP) ha rechazado las críticas del PSOE y ha asegurado que en Castilla y León se cumple el derecho al aborto y la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios, y ha criticado la política del Gobierno central en esa materia tras la llamada ley del sólo sí es sí o los fallos de las pulseras telemáticas contra maltratadores.
También ha insistido en que en Castilla y León no hay ningún protocolo antiaborto, sino una nota de prensa con medidas de apoyo a la familia y ha afeado que el PSOE intente blindar el aborto en el artículo 43 y no en el 15 de la Constitución, en el bloque de derechos fundamentales, porque eso obligaría a Pedro Sánchez a convocar elecciones.
Por su parte, Fátima Pinacho (Vox) ha remarcado su postura de “defensa de la vida” en oposición al aborto, ha advertido del incremento las interrupciones al embarazo en la Comunidad y ha criticado que el Gobierno gaste “doce veces más en ayudar a las mujeres a abortar que a ser madres”
En sentido opuesto, la procuradora Vanessa García (Soria Ya) ha recordado que los derechos reproductivos ya se reconocen como Derechos Humanos y ha señalado que la mayor parte del centenar de sorianas que abortaron en 2024 lo hicieron en la Comunidad de Madrid.
Pablo Fernández (Unidas Podemos) ha acusado al PP de incumplir la ley al no permitir a las mujeres que lo deseen abortan en la sanidad pública y de “convertir un derecho en un negocio”, ya que el 84 por ciento de estas intervenciones se realizan en centros privados.
También ha afeado que hay médicos que esgrimen la objeción de conciencia en los centros públicos, pero sí los realizan en centros privados y ha urgido a la Junta a cumplir con la normativa nacional y a eliminar de su web el llamado protocolo antiaborto.
Su compañero en el Grupo Mixto, Francisco Igea, ha pedido que la interrupción del embarazo “deje de ser un negocio” y ha acusado a PP y Vox de haber incrementado en un 22 por ciento el aborto en la Comunidad con la “mierda” de su protocolo.