El concejal de Urbanismo de Valladolid, sobre el decreto que suspendía la obra de la Vera Cruz: “No responde a la realidad”

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Valladolid, Ignacio Zarandona, asegura que no se iban a paralizar las obras de la Iglesia de la Vera Cruz a pesar de que su decreto advertía de la “imposibilidad de ejecutar la obra”. El decreto, que Zarandona firmó el decreto 20 días después de que rubricara el director de área de Urbanismo, preveía notificar también a la Policía Municipal para que controlara el cumplimiento de esa orden que, según el edil, “no responde a la realidad”. “Es como una especie de advertencia para decir que no es suficiente”, ha asegurado Zarandona en una rueda de prensa posterior a la Comisión Extraordinaria celebrada este miércoles en el Ayuntamiento de Valladolid.

El 30 de abril de 2024, el Ayuntamiento de Valladolid recibió la solicitud de la Declaración Responsable de Obras y Uso (DROU) para la intervención en la Iglesia de la Vera Cruz. El 21 de mayo, los técnicos municipales revisaron la documentación y advirtieron que faltaba bastante documentación: no estaba visado por el Colegio Profesional de Arquitectos, el informe de la Comisión de Patrimonio de la Junta de Castilla y León (porque la iglesia está en un entorno BIC, aunque no sea Bien de Interés Cultural en sí misma), la autorización del estudio arqueológico, el proyecto completo, el justificante de pago del impuesto, el nombramiento de coordinación y seguridad de la obra ni el cuestionario estadístico.

“Parece una irregularidad documental extensa, en dos días lo presentaron y volvió a habilitar la DROU”, ha valorado el edil 'popular'. Los funcionarios firmaron el decreto de paralización de las obras el 22 y el 24 de mayo. El concejal de Urbanismo suscribió esta orden el 13 de junio y la Cofradía entregó la documentación dos días después de que se les notificara el decreto, entre ellos el escrito del Colegio Profesional, que visó las obras después de que se cayera la cúpula de la iglesia.

Durante la comisión, Zarandona ha asegurado que entiende que a la oposición le parezca “una barbaridad” que tardara veinte días en firmar el escrito, pero ha explicado que cuando llegó el decreto a su despacho quiso revisar bien la documentación y que además llegó el fin de semana y hubo pleno, después junta de gobierno local... “20 días no es un plazo extremadamente largo. Para esto no hay un plazo determinado”, ha apostillado Zarandona, que ha defendido que estaba entre sus prioridades, aunque no informó de esta situación al alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero.

“Que yo firmara antes o después no paraliza las obras, que seguían ejecutándose. No se paralizan las obras porque si falta documentación subsanable, sabemos que se va a subsanar. Y de hecho, en 2 días quedan resueltas”, ha insistido el concejal de Urbanismo, a pesar de que en 2023 la Cofradía no había entregado toda la documentación para la misma obra (salvo un cortavientos, que en el segundo proyecto se eliminó) y no habían llegado a iniciarse las obras.  

Zarandona ha insistido en que por el Ayuntamiento pasan miles de declaraciones responsables para obras (que pueden ser de sobre obras menores como alicatados o de rehabilitación en cualquier edificio) y en que la orden de paralizar las obras tenía “una redacción habitual”. “Se solicita ese complemento para no declarar la DROU ineficaz, pero el Ayuntamiento nunca paralizaría esa obra. Es una redacción acostumbrada que viene existiendo desde que se aprueban las DROU. En muchas ocasiones también iba esta frase y nadie se presenta a paralizar las obras”, ha sostenido el concejal de Urbanismo en la rueda de prensa.

La oposición plantea “más dudas”

El concejal socialista Luis Vélez ha asegurado que ha salido de la comisión con “más dudas” de las que tenían al inicio. Como el Grupo Municipal Socialista tenía 25 preguntas relativas a los trámites administrativos de las obras, que al presidente de la Comisión le han parecido muchas como para responderlas en la comisión. El equipo de gobierno se ha comprometido a dar una respuesta por escrito a todas las cuestiones, que incluyen si el Ayuntamiento podría haber pedido un estudio previo a la intervención o si bastaba con esa Declaración Responsable de Obras.

“Si hubiera habido diligencias, las obras se habrían paralizado. Se entregó toda la documentación después del derrumbe, entonces fueron muy ágiles en dar seguridad jurídica a la DROU. Pero antes del derrumbe pasaron 48 días desde que la cofradía presenta la comunicación de la DROU hasta que se emite el decreto. Son plazos injustificables. Si lo hubiera firmado a tiempo, se habrían paralizado las obras, ha reiterado.

Desde Valladolid Toma La Palabra (VTLP), Jonathan Racionero ha valorado que el concejal de Urbanismo estaba “muy nervioso”. “No hemos tenido la suficiente capacidad para preguntar todo lo que queríamos, porque querían acabar cuanto antes. Más allá de dar explicaciones, han intentado salir del paso con lo que podría pasar en otros momentos y casi no dar explicaciones sobre su gestión”, ha reprochado Racionero, que ha destacado que la obra era “patrimonial” y el seguimiento del expediente era “prioritario”. “Era un expediente más y ha habido falta de seguimiento”, ha criticado el edil de VTLP, formación integrada por IU, Podemos y otras formaciones.

El Ayuntamiento ejemplifica trámites del equipo anterior

El Ayuntamiento de Valladolid ha equiparado las obras en la iglesia de la Vera Cruz con la limpieza de la fachada en la iglesia del Salvador y el apuntalamiento urgente de las vigas del tejado de la parroquia del Carmen, en el barrio de Las Delicias, cuya obra realizó la misma empresa que la de la Vera Cruz.

“Faltaba documentación y así se señaló por los servicios técnicos, y esa documentación se presentó y esa obra en la iglesia del Carmen se realizó”, ha subrayado Zarandona, que asegura que el 5 de agosto se presentó la DROU, el 5 de septiembre se requirió la documentación y veinte días más tarde se aprobó el decreto, que fue notificado el 12 de noviembre de 2019. El 8 de mayo de 2020 se dictó el decreto de revocación del decreto del 27 de abril, que declaraba que las obras no podían continuar.