Más de 2.000 vecinos de la comarca de Pinares, entre Burgos y Soria, han firmado un escrito dirigido al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández-Mañueco, en el que denuncian la “inacción negligente” del Gobierno autonómico ante el riesgo de incendios forestales, al que acusan de dejación de funciones en labores de prevención.
En un comunicado remitido a los medios, recuerdan al presidente que como máximo responsable del Gobierno es responsable civil y penal del “abandono del entorno, tanto de la biomasa acumulada por derechos sin gestionar que son caldo de cultivo para los incendios como por la retirada de agentes forestales, vigilantes de torretas y personal indispensable para ordenar y cuidar los montes”.
En el escrito insisten en que tareas como la prevención -realizando cortafuegos, manteniendo las pistas o desbrozando-, la contratación de bomberos forestales, las torres de vigilancia, los guardias rurales y la organización de retenes y turnos son responsabilidad directa de la Junta, lo mismo que la reserva de presupuesto y las decisiones sobre medios y operativos.
“El gobierno de Castilla y León no ha puesto y no pone los medios necesarios para prevenir y gestionar nuestros montes, ni aporta suficientes recursos para extinguir el fuego”, afirman los vecinos, que ponen como ejemplo los incumplimientos del Plan Anual de Prevención, Vigilancia y Extinción de Incendios Forestales 2025.
En la comarca de Pinares Burgos-Soria hay puestos de vigilancia sin vigilante desde primavera, sustituido por cámaras, “algo no previsto en el plan”, afirman; hay una única autobomba para toda la mancomunidad burgalesa, sin dotación nocturna; las cuadrillas terrestres solo cuentan con siete personas algunos meses.
Tampoco hay retenes de maquinaria, medios aéreos, ni cuadrillas helitransportadas, ni se han establecido convenios con administraciones locales y provinciales, denuncian.
“La política forestal y de prevención de incendios del gobierno de Castilla y León no mejora ni optimiza, no es eficaz ni eficiente. Simplemente recorta recursos. Los pocos puestos de vigilancia, torres operadas por vigilantes de incendio sólo en época de peligro medio y alto de incendios forestales (no todo el año), han sido sustituidas por cámaras”, lamentan.
Y se preguntan el porqué de la falta de medios, materiales y humanos; de planificación y de prevención; el porqué la privatización de servicios y las condiciones precarias de los bomberos forestales, con contratos de cinco meses, insuficiente formación, inestabilidad, falta de profesionalización, y escasos salarios y recursos.
Por ello, los vecinos demandan a la Junta que una gestión forestal continua, no solo en verano, y una permanente vigilancia, con más vigilantes apoyados con toda la tecnología disponible; que dote de recursos y estabilidad laboral al sector, y que el servicio sea íntegramente público y profesional, con bomberos contratados todo el año en condiciones dignas y con formación.