Iceta pide a Torrent que paralice la denuncia contra Llarena hasta tener el aval de los letrados del Parlament

No sin unanimidad y menos sin el aval de los letrados. Este es el mensaje que Miquel Iceta le ha enviado este viernes por carta al presidente del Parlament, Roger Torrent, para reclamarle que paralice la denuncia interpuesta contra Pablo Llarena y otros tres magistrados del Tribunal Supremo. El primer secretario del PSC recuerda que en abril pasado la Mesa reclamó a los letrados un estudio sobre las posibles medidas penales que aún no ha sido presentado.

En la carta, Iceta pide a Torrent que reconsidere su actuación penal del Parlament contra los magistrados al menos hasta tener este informe de los servicios jurídicos de la Cámara. Además le recuerda que el grupo de Ciudadanos interpuso un recurso de reposición contra el acuerdo de la Mesa en esta dirección, recurso que aún no ha sido contestado. Por eso el socialista requiere a Torrent para que espere al informe letrado o, si es que no lo encargado, lo haga.

Más allá de esto, Iceta recuerda que el representante del PSC en la Mesa “ya manifestó que una acción de estas características debería ser presentada por el diputado afectado o por su grupo parlamentario”. El socialista pide también que, respecto a la comunicación de iniciativas que considera “tan controvertidas” como ésta, el presidente especifique que no cuentan con el apoyo unánime de los órganos de la Cámara.

La carta de Iceta llega después de que Torrent haya registrado ante el Tribunal Supremo la denuncia contra Llarena y otros tres jueces de la sala de Apelaciones del Tribunal Supremo, tal y como había anunciado este jueves. En la denuncia el presidente argumenta en nombre de la Cámara que los cuatro magistrados han podido vulnerar los derechos políticos de diversos diputados. En concreto, las denuncias se fundamentan en los impedimentos puestos por el tribunal para investir a hasta dos diputados, Jordi Sánchez y Jordi Turull.

Según el texto de la denuncia presentada, el Parlament considera que Llarena y los magistrados de la sala de Apelaciones han podido incurrir en los delitos de detención ilegal (artículo 167 CP), vulneración derechos fundamentales (art. 542 CP) y prevaricación judicial (446 CP), en las sucesivas resoluciones que impidieron primero a Sánchez acudir al debate sobre su investidura y, después, la que encarceló a Turull entre la primera y la segunda votación de su debate.