Absueltos los estudiantes a los que Fiscalía pedía 8 años de cárcel por quemar un contenedor y romper un escaparate

Sentencia absolutoria para los 13 estudiantes catalanes los que la Fiscalía pedía 8 años de cárcel por quemar un contenedor y romper el escaparate de una sucursal bancaria durante una manifestación en contra de la subida de tasas universitarias en 2017. La sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, concluye que la investigación del caso vulneró los derechos fundamentales de los jóvenes al imputarles "de forma indiscriminada e imprecisa" los disturbios.

En su resolución, los magistrados de la sección 7a de la Audiencia de Barcelona resaltan el "quebranto de garantías procesales" de los jóvenes vivido durante la fase de instrucción del caso, que provoca una "material indefensión a los acusados" y que se tenga que anular toda la causa, lo que deriva en su absolución. Los magistrados atienden así la petición de las defensas de los jóvenes, que ejercieron los letrados Eduardo Cáliz, Xavier Monge, Júlia Humet y Adrià Roger.

Los jueces determinan que la investigación quebrantó el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de los jóvenes porque los acusados no tuvieron "información ni concreción previa" de los hechos objeto de investigación hasta conocer el escrito de acusación de la Fiscalía. Al contrario de lo que exige la ley, no se informó a los jóvenes de los hechos delictivos que se les imputaban cuando prestaron declaración en fase de instrucción.

"No existe referencia alguna en las actuaciones a que se haya dado cuenta a los encausados de los hechos que les son imputados", resuelve la sentencia, que además señala que no ha quedado "suficientemente acreditado" que los jóvenes causaran los disturbios de los que les acusaba la Fiscalía. El Ministerio Público mantuvo su acusación al final del juicio, pese a admitir que se trataba de una petición de penas muy alta en unos altercados sin policías heridos y admitir que no podía señalar concretamente qué hicieron cada uno de los acusados al actuar "en grupo" para provocar los disturbios.

El juicio estuvo marcado además por la manera en que los Mossos d'Esquadra identificaron a los jóvenes acusados. La policía autonómica admitió que dispone de un archivo y de un banco de imágenes de protestas de estudiantes –sin aclarar si se trataba de un archivo meramente policial o que forma parte de investigaciones judiciales– que le sirve para cotejar a eventuales implicados en desórdenes, tal y como ocurrió en este caso que ha terminado sin condena alguna.

Sentencia absolutoria para los 13 estudiantes catalanes los que la Fiscalía pedía 8 años de cárcel por quemar un contenedor y romper el escaparate de una sucursal bancaria durante una manifestación en contra de la subida de tasas universitarias en 2017. La sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, concluye que la investigación del caso vulneró los derechos fundamentales de los jóvenes al imputarles "de forma indiscriminada e imprecisa" los disturbios.

En su resolución, los magistrados de la sección 7a de la Audiencia de Barcelona resaltan el "quebranto de garantías procesales" de los jóvenes vivido durante la fase de instrucción del caso, que provoca una "material indefensión a los acusados" y que se tenga que anular toda la causa, lo que deriva en su absolución. Los magistrados atienden así la petición de las defensas de los jóvenes, que ejercieron los letrados Eduardo Cáliz, Xavier Monge, Júlia Humet y Adrià Roger.

Los jueces determinan que la investigación quebrantó el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de los jóvenes porque los acusados no tuvieron "información ni concreción previa" de los hechos objeto de investigación hasta conocer el escrito de acusación de la Fiscalía. Al contrario de lo que exige la ley, no se informó a los jóvenes de los hechos delictivos que se les imputaban cuando prestaron declaración en fase de instrucción.

"No existe referencia alguna en las actuaciones a que se haya dado cuenta a los encausados de los hechos que les son imputados", resuelve la sentencia, que además señala que no ha quedado "suficientemente acreditado" que los jóvenes causaran los disturbios de los que les acusaba la Fiscalía. El Ministerio Público mantuvo su acusación al final del juicio, pese a admitir que se trataba de una petición de penas muy alta en unos altercados sin policías heridos y admitir que no podía señalar concretamente qué hicieron cada uno de los acusados al actuar "en grupo" para provocar los disturbios.

El juicio estuvo marcado además por la manera en que los Mossos d'Esquadra identificaron a los jóvenes acusados. La policía autonómica admitió que dispone de un archivo y de un banco de imágenes de protestas de estudiantes –sin aclarar si se trataba de un archivo meramente policial o que forma parte de investigaciones judiciales– que le sirve para cotejar a eventuales implicados en desórdenes, tal y como ocurrió en este caso que ha terminado sin condena alguna.

Sentencia absolutoria para los 13 estudiantes catalanes los que la Fiscalía pedía 8 años de cárcel por quemar un contenedor y romper el escaparate de una sucursal bancaria durante una manifestación en contra de la subida de tasas universitarias en 2017. La sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, concluye que la investigación del caso vulneró los derechos fundamentales de los jóvenes al imputarles "de forma indiscriminada e imprecisa" los disturbios.

En su resolución, los magistrados de la sección 7a de la Audiencia de Barcelona resaltan el "quebranto de garantías procesales" de los jóvenes vivido durante la fase de instrucción del caso, que provoca una "material indefensión a los acusados" y que se tenga que anular toda la causa, lo que deriva en su absolución. Los magistrados atienden así la petición de las defensas de los jóvenes, que ejercieron los letrados Eduardo Cáliz, Xavier Monge, Júlia Humet y Adrià Roger.

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9 de julio de 2021 - 19:10 h