Entre Estados Unidos y México existe una línea fronteriza de 3.169 Km en la que se ha levantado una barrera infranqueable fuertemente militarizada y controlada. El despliegue de seguridad y armamento que controla la frontera resulta muy similar al de dos estados en situación de tensión armada. No hay ni un sólo tramo libre de vallas de acero, cámaras, helicópteros Blackhawk, drones Predator, agentes de patrulla fronteriza, inmigración y protección de aduanas, cuya presencia se ha doblado en los últimos seis años llegando a 25.000 agentes.
Cada año la militarización fronteriza aumenta, en 2014 el gobierno de Estados Unidos aprobó el despliegue de hasta 1.000 agentes de la Guardia Nacional, que actúa como milicia estatal, especialmente en la zona de río Bravo, barrera natural que marca la división entre los dos países, una decisión que el gobierno justifica por la necesidad de combatir el tráfico de drogas.
A este despliegue de componente militar se le suma la nueva ley que el gobernador de Texas, Greg Abbott ha aprobado este mismo año, la ley HB11 ha supuesto un aumento para el control de la zona con un prepuesto de hasta 800 millones de dólares para entrenamiento, compra de tecnología y equipamiento.
Estos hechos han levantado fuertes protestas por parte del gobierno de México, generando tensiones internacionales, además del impacto social para las comunidades a ambos lados de la barrera que encuentran sus lugares de residencia y sus calles convertidas en crecientes zonas militarizadas.
¿Qué ocurre a lo largo de la frontera de Estados Unidos con México para que se den semejantes medidas de control?
La respuesta va más allá del concepto de seguridad promulgado por los estados y de la lucha contra las drogas o el control de los flujos migratorios. Para entender el papel de la barrera hay que profundizar en la situación social que encontramos a ambos lados y su extensión más allá de ella, así como su razón de ser como dique de contención y de mantenimiento del status quo a través del uso de la fuerza.
Con apenas unos kilómetros de diferencia las cifras del índice de desarrollo humano nos dicen mucho de la situación de ambos países, según el Human Development Report publicado por el programa de desarrollo de las Naciones Unidas, las regiones colindantes a la barrera del lado de EEUU tienen el IDH más bajo del país, que a pesar de todo resulta ser más elevado que el de las regiones del otro lado, que tienen el IDH más alto de México. Así mientras alejarse de la barrera por un lado promete mejoras para el desarrollo de la persona, por el otro promete mayor precariedad. Esto no sólo sirve para explicar el evidente sentido de los flujos migratorios, sino también la manera en que la barrera establece un modelo de relaciones políticas y sociales Norte-Sur acorde a intereses económicos, necesarios para la supervivencia del estado neoliberal y capitalista.
Estas relaciones se hacen patentes a lo largo de la frontera mexicana a través de la masificación de la precariedad laboral, nutrida de la inmigración de las regiones del sur de México. Encontramos la presencia de maquiladoras, centros de ensamblaje que producen productos de exportación donde lo común es la mano de obra barata, impuestos casi inexistentes y autoridades poco cuidadosas en control de derechos laborales. Todo ello a pocos kilómetros de la principal potencia mundial.
Establecidas en México desde los años 60, las maquiladoras se expanden con fuerza a finales del siglo XX y principios del XXI, sobre todo para satisfacer la mano de obra barata necesaria para satisfacer el acuerdo de libre cambio entre EEUU y México (TLCAN), que entró en vigor en 1994, mediante el cual las multinacionales de Estados Unidos pueden transferir su producción a las maquiladoras mexicanas.
La mano de obra de las maquiladoras vive en estado de precariedad y necesidad absoluto, donde el sueldo apenas llega a los 45 euros semanales, el 80% de ellas no tienen ningún sindicato y los derechos laborales son casi inexistentes.1
De esta manera la relación se establece de tres maneras; precariedad laboral para satisfacer el abaratamiento y la expansión de la producción de Estados Unidos, dependencia económica y social de México hacia su vecino de manera que si cae la producción, como ha pasado con las recientes crisis, el desempleo se multiplica. Y la contención, a través de la barrera altamente militarizada para mantener la precariedad alejada de leyes y regulaciones más estrictas.
Los estados-nación levantan muros en sus bordes para protegerse del exceso de liberalismo fronterizo. Desde la óptica neoliberal la pobreza es criminalizada, en este caso en forma de inmigración que es vista como una amenaza para los países más desarrollados, genera colapso y conflictos por lo que es necesario invertir millones de dólares para imponer su control, siempre mediante el uso de la fuerza. En cambio el flujo de capital no encuentra barreras y se establece legalmente mediante acuerdos que reproducen situaciones de precariedad.
La situación fronteriza militarizada compone un escenario de apartheid humanitario que no es exclusiva de esta zona geográfica, donde en apenas unos kilómetros convergen dos realidades que se alimentan y repelen a la vez. El estado neoliberal necesita la existencia de la precariedad pero siempre bajo su control, a ser posible externo a su margen geográfico.
Los estados reproducen en sus fronteras las mismas actuaciones que realizan dentro, entre sus poblaciones, la precariedad es barrida hacia los bordes y las periferias. En este caso las fronteras no existen como tales y son más porosas por lo que también requieren de militarización y control; agentes de seguridad y agentes antidisturbios.
Esta tendencia es cada vez más común, anula la cooperación social, económica y política entre los estados y nos dirige hacia la militarización creciente de los bordes, ya no sólo entre fronteras estatales sino entre realidades sociales y crisis humanitarias, generando un modelo de contención a través de la fuerza que deja poco espacio para la cooperación social y la paz.
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