La PAH se querella contra cinco Mossos por su actuación en un desahucio
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) denunciaba la semana pasada una actuación “ilegal” por parte de los Mossos que este miércoles se ha materializado en una querella contra el cuerpo de policía de la Generalitat. El desahucio de una familia con menores en Hospitalet el pasado sábado 8 de octubre ha acabado en los juzgados: la familia afectada ha interpuesto una querella como acusación particular y la misma PAH, además del centro de derechos humanos Irídia y el Observatori DESC, se personarán como acusación popular. Las entidades en defensa de los derechos humanos acusan a los cinco Mossos que participaron del desahucio de los delitos de allanamiento de morada, coacción y detención ilegal.
“Los agentes de la Guardia Urbana siguieron los protocolos habituales. Pero en cambio los Mossos protagonizaron hechos muy graves”, ha destacado la abogada de Irídia, Anaïs Franquesa. Franquesa ha considerado “mala praxis” la actuación de los Mossos en Hospitalet, ya que el juzgado de guardia –sabedor de la ocupación por la denuncia de un vecino– no instó ninguna medida cautelar, por lo que la abogada ha considerado la acción de la policía “desproporcionada”. Hay que recordar que, antes de la reforma del Código Penal del PP del año pasado, la usurpación era considerada como un delito grave, pero ahora es leve, por lo que no caben medidas cautelares.
Los Mossos aseguran que el sábado 8 de octubre intervinieron en una denominada acción “en caliente”, una actuación que no necesitaría orden judicial. Según ha podido recoger este diario, los Mossos consideraron que los colchones en los pasillos de la vivienda mostraban que no se había producido pernoctación, requisito para poder intervenir sin requerimiento del juez. La actuación se saldó con dos detenidos: una activista de la PAH, acusada de resistencia a la autoridad, y el padre de las criaturas, que pasó a disposición judicial al día siguiente de la detención.
“Si no se ha constituido domicilio, como nos consta, la actuación ha sido correcta”, destacaron fuentes policiales a Catalunya Plural, lo que niegan los afectados. Según explicó la PAH, la familia desahuciada –de siete miembros– se acercó a la Plataforma el pasado julio, momento en el que ya evitaron otro desahucio. Servicios Sociales le concedieron un piso en septiembre que, según la Plataforma, no cumplía con las necesidades de espacio de la familia.
La familia habría accedido a la vivienda de donde fue desahuciada el pasado 7 de octubre, previa transacción con el propietario –manifiesta la PAH– de 500 euros. Según la misma plataforma, la familia debería haber firmado un contrato el lunes 10 de octubre pero fue desahuciada antes. La PAH no ha podido contactar el propietario todavía, pero el piso donde se produjo el desahucio era de la Sareb, el banco malo. Actualmente, la familia se encuentra en una situación incierta, compartiendo dos habitaciones para siete personas.
¿Nuevas directrices de los Mossos?
Según datos del Consejo General del Poder Judicial, en Catalunya se producen 46 desahucios diarios. La PAH teme que la actuación del pasado 8 de octubre suponga una nueva forma de actuar de la policía catalana, por ello ha instado a las instituciones a “movilizar los pisos vacíos”. “El uso de la fuerza debe ser siempre la última opción: los desalojos forzosos son la injerencia más grave en el derecho a la vivienda, y se deben cumplir garantías procesales”, han destacado representantes del Observatori DESC.
“La Generalitat tiene la obligación de garantizar la protección de los ciudadanos. El uso de la fuerza es la última opción que se debe utilizar, pedimos que se depuren responsabilidades”, ha esgrimido la PAH este miércoles en la sede de la plataforma en Sants, ante una treintena de simpatizantes del colectivo. La PAH ha destacado que en siete años de existencia de la plataforma sólo se habían detectado dos situaciones de abuso con las condiciones de esta actuación, la última con una familia a Santos hace un mes.
