Catalunya crea una agencia para unificar la atención sanitaria y la de servicios sociales

El Parlament de Catalunya ha aprobado este miércoles la ley de la Agencia de Atención Integrada Social y Sanitaria (AGAISS), que en los próximos años deberá alumbrar un nuevo modelo unificado de atención sanitaria y de servicios sociales. Los grupos de PSC, Junts, ERC y Comuns han votado a favor, el PP y Aliança se han abstenido, y Vox y CUP han votado en contra.

La nueva entidad unirá la planificación, la gobernanza y la acción conjunta de los sistemas de salud y servicios sociales. Durante el debate parlamentario, la consejera de Salud, Olga Pané, ha destacado que la AGAISS garantizará la sostenibilidad de los sistemas sanitarios y de servicios sociales. La consejera de Derechos Sociales, Mònica Martínez, por su parte, ha afirmado que se abre una “nueva etapa” para integrar dos pilares del estado del bienestar y cambiar de forma “profunda” la asistencia a la población.

La agencia tiene por objeto garantizar una atención integrada que potencie la autonomía de las personas, la atención a las familias y el entorno de los cuidados, y uno de sus objetivos principales es mejorar las condiciones laborales de los profesionales de la atención e implantar un plan único que mejore la eficacia y sostenibilidad de esta atención. Asimismo, el texto establece que la agencia debe entrar en funcionamiento en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley con un plan estratégico aprobado y que el Govern debe reservar una partida presupuestaria para crearla.

El proyecto de ley para la creación del AGAISS superó el debate a la totalidad en el pleno hace un año, el 18 de diciembre del 2024. Todos los grupos rechazaron la única enmienda presentada por Vo, menos el PPC, que se abstuvo. Se trata de una iniciativa que empezó a tramitarse en la legislatura anterior, con el ejecutivo de Pere Aragonès (ERC), pero que decayó por la convocatoria anticipada de elecciones. A finales de octubre del pasado año el Gobierno recuperó el proyecto ley, que fue aprobado por el Consell Executiu.

La nueva AGAISS debería servir para unir, por primera vez, la planificación, la gobernanza y la acción conjunta de los sistemas de salud y de servicios sociales. Para ello los responsables de Salud y Derechos Sociales quieren crear un modelo único de atención para toda Catalunya, de modo que los ciudadanos que lo necesiten tengan una valoración única, un plan de atención único y un profesional referente, que podrá ser una enfermera o médico de cabecera, un trabajador social o cualquier otro profesional del sector, según las necesidades de cada momento.

Para ello, la ley habilita también por primera vez la compartición segura de datos entre salud y servicios sociales para fines asistenciales, con una plataforma digital integrada. Además, se priorizará la atención domiciliaria y comunitaria, para alargar la vida en el hogar y reducir las institucionalizaciones innecesarias, así como la atención a la salud mental y la discapacidad.

La atención social y sanitaria coordinada en las residencias de ancianos es la que está más avanzada, ya que el 95% del millar de residencias ya están coordinadas con la Atención Primaria y el 99,4% de los 320 equipos sanitarios que tienen residencias en su área de influencia ya trabajan con los centros residenciales. De hecho, en los territorios donde la atención social y sanitaria está más integrada se ha reducido un 20% el riesgo de acabar viviendo en una residencia de ancianos; un 13% los ingresos hospitalarios; un 10% la polimedicación y un incremento de 3 días anuales de vida media en la residencia. Por el momento, la experiencia funciona en 18 territorios.

A día de hoy, según datos de la Administración, un millón de catalanes requiere de atención combinada, sanitaria y social, de forma habitual, como suele ocurrir con personas mayores, personas con discapacidad y dependencia, con problemáticas de salud mental y adicciones, con enfermedades crónicas o que ya están al final de la vida.

De momento Generalitat calcula que una persona con necesidades sociales y sanitarias puede ser atendida por hasta 20 recursos distintos, muy a menudo de forma descoordinada. Esta fragmentación afecta negativamente a la población, los profesionales y el sistema, con necesidades no cubiertas, duplicidades, sobrediagnósticos y sobretratamientos, hospitalizaciones e institucionalización potencialmente evitables, burocracia excesiva y sobrecarga para los profesionales, entre otros.

La ausencia de una gobernanza única, de capacidad ejecutiva compartida y de un sistema de información integrado impide progresar más en calidad, equidad y sostenibilidad, según los impulsores de la AGAISS. Por eso, defienden que la agencia proporciona el marco institucional que permitirá consolidar las experiencias puntuales y locales de unificación de servicios.

La aprobación de esta ley culmina cuatro décadas de intentos de mejora de la coordinación entre el Departamento de Salud, el de Derechos Sociales y los entes locales en Catalunya. Si bien especialmente durante los últimos cuatro años ya se ha experimentado un notable impulso en atención integrada, el modelo actual de cooperación entre salud y servicios sociales ha llegado al límite estructural, según sus responsables.

A partir de ahora, el Govern debe aprobar por decreto los estatutos de la agencia antes del próximo junio y, a continuación, el plan estratégico para que la agencia entre en funcionamiento en noviembre. Posteriormente, se constituirán los órganos de gobierno, y en noviembre de 2027 debería alcanzarse la interoperabilidad total de los sistemas de información de los servicios sociales y sanitarios.

Como órganos de gobierno, la AGAISS tendrá la presidencia y dos vicepresidencias, además de un consejo rector, que será el órgano central de decisión, que integrarán la Generalitat, el mundo local, el sector social y sanitario, agentes económicos y sociales, asociaciones de usuarios, el tercer sector, colegios profesionales y sociedades científicas. Asimismo, estará el consejo general, el órgano consultivo prioritario, formado por sindicatos, patronales, corporaciones de profesionales, sociedades científicas, expertos y ciudadanía. Por último, habrá otros órganos consultivos sobre ética y varios grupos de trabajo.