Las entidades sociales piden al futuro Govern un empleo de más calidad y la Renta Garantizada de Ciudadanía
La creación de puestos de trabajo que no sean precarios y la puesta en marcha de una Renta Garantizada de Ciudadanía son dos de las reclamaciones que hacen la Taula del Tercer Sector Social y ECAS (Entidades Catalanas de Acción Social) a las candidaturas que se presentan a las elecciones del próximo día 27. La Taula y ECAS, las dos instancias en torno a las cuales se coordinan las entidades que trabajan en los diferentes ámbitos de acción social, han presentado sus propuestas poco días antes del inicio de la campaña electoral.
La Renta Garantizada de Ciudadanía fue discutida durante muchos meses en el Parlamento de Cataluña después de que una iniciativa legislativa popular recogiera más de 120.000 firmas para reclamarla. Finalmente, el adelanto electoral ha evitado que la propuesta acabara convirtiéndose en ley. ECAS considera que “garantizar unos ingresos mínimos para una vida digna de toda la ciudadanía es el elemento fundamental para luchar contra la pobreza y combatir las desigualdades, cada día más acentuadas” y entiende que “asegurar una renta mínima de subsistencia para hacer frente a los gastos de la vida cotidiana es un instrumento educativo y de apoderamiento individual que permite la autonomía económica y personal de cada individuo, y que le otorga la capacidad de gestionar y asumir sus propias responsabilidades”.
Oriol Ila, presidente de la Taula, ha afirmado, en la presentación de sus 'Propuestas para un país más justo' que la Renta Garantizada de Ciudadanía “es un objetivo asumible, teniendo en cuenta que Cataluña genera riqueza pero que no se distribuye bien”. Los promotores de la ILP fijaron esta renta en 674 euros mensuales, con doce pagas anuales. Illa considera que “el cómo y el qué” de la puesta en marcha de esta Renta dependerá del debate entre las diferentes opciones políticas. La candidatura que todos los sondeos indican que quedará primera en los comicios del 27S, 'Juntos por el Sí', ha mostrado divisiones en su seno al respecto. El cabeza de la lista, Raül Romeva, la considera un elemento fundamental de su programa mientras que el economista Oriol Amat, número siete de la misma, la criticó de forma demoledora cuando compareció en la Comisión del Parlamento que la discutía. “Tendremos que buscar apoyo en los que son partidarios de esa renta”, ha respondido Ila a una pregunta durante la presentación del informe.
Tanto la Taula como ECAS apuestan por la unificación de prestaciones, que permita una sistematización y una rentabilidad mejores del esfuerzo que suponen y superar así las deficiencias que ha mostrado la aplicación de la Renta Mínima de Inserción, en los últimos años.
En cuanto al empleo, desde la Taula se recuerda que el pasado julio había más de medio millón de catalanes en paro y que un 15% de los que tienen trabajo viven bajo el umbral de la pobreza por culpa de la precariedad de sus salarios. Según sus datos, un 20,9% de los catalanes viven por debajo de este umbral, uno de cada tres de los cuales es un niño. Por ello, ECAS considera que es necesario “incrementar la inversión en políticas de empleo que, más allá de generar puestos de trabajo y facilitar la incorporación al mercado laboral de los colectivos más afectados por las elevadas tasas de paro y con mayor dificultad de inserción -jóvenes, mujeres, mayores de 45 años, personas en situación de vulnerabilidad-, contribuyan a combatir la precarización ya conformar un nuevo mercado de trabajo en condiciones dignas y justas”.
Ambas plataformas piden que se cree empleo en el sector de la atención a las personas. ECAS pide que “se reconozca la función en este ámbito de las entidades sin ánimo de lucro, con un amplio y extenso bagaje en el acompañamiento de los colectivos más vulnerables”, y la Taula del Tercer Sector Social que “se incrementen los recursos para fomentar la empleabilidad de las personas con discapacidad y/o trastornos de salud mental y de las personas más alejadas del mercado laboral”.
Además, piden que las dificultades financieras del Gobierno catalán no impidan que se recupere el nivel de inversión social por habitante de hace diez años y que se supere la etapa de las políticas sociales paliativas y parciales y que se apueste por ir a la raíz de un sistema que funciona mal y redistribuye injustamente la riqueza y el bienestar.
Los nuevos gobernantes de Cataluña se encontrarán sobre la mesa las propuestas de estas dos entidades, con reivindicaciones que van desde el pago de la deuda económica que tiene la Generalitat con muchas asociaciones del tercer sector hasta buscar vías para reducir el número de personas que duermen en la calle, el de niños y niñas con problemas de alimentación y el de mujeres en familias monoparentales desatendidas, o corregir las carencias del sistema de la dependencia, facilitar la acogida de las personas inmigrantes y refugiadas y erradicar la pobreza energética y los desahucios sin realojos garantizados.
