El juez rechaza que el Govern acuse en el caso del 3% porque Junts es “heredero” de Convergència

Frenazo del juez al objetivo de Pere Aragonès de que el Govern acuse en el caso del 3%. El magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha rechazado la personación de la Generalitat de Catalunya como acusación particular en la pieza separada del caso del 3% en la que se investiga la financiación ilegal de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) a través de la productora audiovisual Triacom.

El juez impide la personación del Govern por la presencia en el Ejecutivo catalán de Junts, partido heredero de Convergència. “En la Generalitat hay miembros del partido político directamente heredero de los partidos políticos investigados en esta causa”, señala el magistrado citando el informe del fiscal anticorrucpión José Grinda, quien se había opuesto a la petición de Aragonès al considerarla “ficticia, de imagen y meramente provocada por una estrategia política”.

Además el instructor constata que, en su escrito, los servicios jurídicos jurídicos de la Generalitat no han acreditado “la condición de ofendida” ni han aportado datos para considerar que la administración autonómica resultó perjudicada por los contratos de Triacom. La Audiencia Nacional ya expulsó hace un año a la Generalitat de la causa principal del 3%, que versa sobre comisiones de constructores a cambio de obra pública, al no ver compatible que el Govern ejerciera la acusación contra distintos cargos que formaron parte de la institución, como el exconseller y exgerente de Convergència Germà Gordó.

En el caso de Triacom, además, Aragonès instó a ejercer la acusación, presentando al Govern como perjudicado mientras los responsables de los medios públicos catalanes negaban en sede parlamentaria cualquier anomalía en los contratos entre Triacom y TV3 investigados. El director de TV3, Vicent Sanchis, aseveró que los precios de los contratos fueron “normales, adecuados y ajustados al mercado”.

Tal y como desveló una investigación de elDiario.es, la productora Triacom hinchaba más del 50% el precio de los programas que facturaba a TV3. Los investigadores del caso 3% mantienen que las cantidades que la televisión catalana pagaba de más servían luego para emitir facturas falsas emitidas por empresas relacionadas con Convergència y sus dirigentes.

En concreto, los investigadores tienen el foco en la presunta financiación ilegal de CDC a través de la campaña electoral de Artur Mas en 2010. Las pesquisas empiezan por los primeros contratos del año 2009 y se extienden a lo largo de la presidencia de Mas, quien situó al frente de la empresa de medios públicos a Brauli Duart. En ese periodo el sobreprecio con Triacom llegó al 60%.

El esquema corrupto del 3% audiovisual sería el mismo que ya quedó probado por la Justicia en el caso Palau, en el que un empresario confesó que giró al Palau de la Música facturas falsas por valor 824.299 euros por servicios que en realidad se prestaron al partido en la campaña electoral de las generales de 2004.

Rechazo del fiscal

El juez basa su providencia en buena medida en el escrito del fiscal José Grinda que se había opuesto a la personación del Govern. “El señor Aragonès forma parte de un Gobierno en el que está representada la coalición Junts per Catalunya (JxCat), en la que está presente el Partit Demòcrata Europeu (PDeCat), que tiene la condición de investigado”, esgrimió en un reciente escrito el fiscal.

Grinda hizo hincapié en que “tras varios escalones de galimatías de siglas y partidos y asociaciones políticas, lo cierto es que los partidos políticos aquí investigados son bien socios, bien alguno de los que actualmente forman parte de la Generalitat de Catalunya”. Para el fiscal, la petición de la Generalitat era “parca en la exposición de la legitimación como perjudicada, huérfana en la exposición de los elementos o parámetros de un perjuicio, e inexistente en cuanto a la aportación de información de por qué la Generalitat de Catalunya se persona, en definitiva, contra sí misma”.