La Policía Nacional ha interrogado este jueves a la alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat y presidenta de la Diputación de Barcelona, Núria Marín, por las presuntas irregularidades económicas del Consell Esportiu de la ciudad denunciadas por un concejal socialista. La alcaldesa ha quedado en libertad tras declarar durante unas dos horas.
La declaración de Marín se ha producido en el marco de las pesquisas de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional de Barcelona, comisionada como policía judicial del caso, y según la alcaldesa los agentes le han formulado “preguntas técnicas”. No obstante, la jueza no ha imputado a Marín en el caso, precisan fuentes judiciales.
En una rueda de prensa en la tarde de este jueves, Marín se ha mostrado “a disposición” de la jueza para declarar y ha cortado de raíz las peticiones de ERC y de los 'comuns' para que se aparte de sus cargos. “No dimitiré porque no hay motivos para ello”, ha zanjado la alcaldesa y alto cargo socialista, que ha asegurado que son los funcionarios del Consell Esportiu los que podrán dar más detalles sobre el funcionamiento del ente.
JxCat, que gobierna junto al PSC en la Diputación de Barcelona, ha descartado que Marín tenga que apearse del ente provincial por el caso del Consell Esportiu de su municipio.
La causa judicial que sigue el juzgado de instrucción número 2 de L'Hospitalet por los delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias investiga una trama de supuesto desvío de subvenciones públicas del Consell Esportiu, una entidad privada dedicada a la promoción del deporte escolar, cuya comisión directiva está formada por seis personas designadas por el consistorio y otras seis elegidas por las escuelas y clubes deportivos de la ciudad.
Se investiga en concreto si algunos representantes de la entidad ocultaron 400.000 euros a la asamblea del Consell Esportiu en sus cuentas de 2019 al presentar una contabilidad paralela con 900.000 euros. La validación de la doble contabilidad. sospecha la Policía, permitió la concesión de subvenciones públicas por mayor importe que las que habrían correspondido, 114.000 euros por parte del Consejo Catalán del Deporte y 250.000 por el consistorio de L'Hospitalet.
En esta causa, han sido detenidas en los últimos meses trece personas, entre ellas dos concejales de L'Hospitalet y el secretario general de Deportes de la Generalitat, Gerard Figueras, a las que la Policía también atribuye el delito de pertenencia a organización criminal. La UDEF registró el pasado 10 de junio la sede del Consell Esportiu en el marco de una investigación de una jueza para determinar si el organismo destinó a fines particulares algunas de las ayudas públicas que gestiona, y justificó las subvenciones concedidas mediante documentos falsos.
El caso tiene su origen en una denuncia presentada por el concejal del PSC de L'Hospitalet Jaume Graells -que dimitió como teniente de alcalde, pero no ha dejado su acta- por supuestas irregularidades en el Consell que desembocaron en la detención de dos compañeros de gobierno: Cristian Alcázar, que se mantiene como segundo teniente de alcalde, y Cristóbal Plaza, que dimitió como concejal de Deportes pero sigue siendo edil.
Según ha explicado Marín, antes de la pandemia se reunió con los dos concejales enfrentados y constató que tenían dos versiones “contradictorias” sobre el caso. “Incluso se volcaron temas personales y sentimentales”, ha añadido la alcaldesa. Para zanjar el asunto, Marín encargó el 25 de febrero una auditoría “contable y de gestión” sobre el Consell, que quedó truncada por la pandemia y la judicialización del caso. La alcaldesa ha indicado que ahora corresponde a la autoridad judicial decidir los próximos casos.