Amnistía Internacional ha pedido de nuevo la libertad inmediata del exlíder de la ANC y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, condenados a nueve años de cárcel por sedición por el Tribunal Supremo. La organización ha remitido un informe a la Fiscalía del Tribunal Constitucional después de que el tribunal de garantías abriera el plazo para que las distintas partes se pronunciaran sobre la petición de los presos del procés para quedar en libertad mientras se estudia su recurso de amparo.
La entidad de derechos humanos ha subrayado la “vaguedad” del delito de sedición en el Código Penal español y ha considerado que la sentencia del Tribunal Supremo vulneró el derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica de los dos líderes sociales del procés, por lo que, a juicio de Amnistia, deben ser puestos en libertad de forma inmediata.
Según Amnistía Internacional, la definición e interpretación del delito de sedición resultan “contrarias al principio de legalidad”. Su aplicación por parte del Supremo en Sánchez y Cuixart supone una “restricción desproporcionada” de sus derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica. A criterio de la entidad, la sentencia del Supremo no cumple con los requisitos de los instrumentos internacionales de derechos humanos para poder imponer restricciones al ejercicio de estos derechos y en concreto el artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 11.2 del Convenio Europeo de derechos Humanos.
“Al excluir los hechos atribuidos a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart del ámbito de protección de la libertad de reunión pacífica, el Tribunal Supremo omite su obligación de analizar la sanción a la luz de los criterios de legalidad, finalidad legítima, necesidad y proporcionalidad, como exige el derecho internacional de los derechos humanos”, remarca el informe.
La entidad alerta de que la sentencia del Supremo abre la puerta a la posibilidad de que las autoridades impongan un límite ilegítimo al número de personas que pueden ejercer simultáneamente su derecho a protestar pacíficamente. El fallo, agrega Amnistía, “supone la criminalización de un amplio abanico de acciones directamente relacionadas con el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica, como la desobediencia civil o la protesta obstructiva”.
Además, subraya que el derecho internacional de los derechos humanos protege la desobediencia civil pacífica, y establece que las restricciones al derecho de reunión pacífica deben estar previstas en la ley, y ser necesarias y proporcionadas para un interés público específico. “Las conductas ilegales llevadas a cabo en contextos de reuniones o manifestaciones pueden ser objeto de sanción penal, pero en la medida en que no impliquen actos violentos, siguen estando protegidas por la libertad de reunión”, dice el informe.
El director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán, ha opinado que “hay que revisar sustancialmente la definición del tipo penal de sedición para garantizar que no criminaliza indebidamente el ejercicio de las libertades de expresión y reunión pacífica, ni impone penas desproporcionadas a actos de desobediencia civil pacífica ”. Esta “vaguedad” de la definición del delito de sedición, ha continuado la coordinadora de AI en Cataluña, Adriana Ribas, es lo que ha acabado con una sentencia “que criminaliza unos actos de protesta legítimos”.
Además de enviarlo a la Fiscalía, la Abogacía del Estado, las defensas y la acusación popular que ejerce el partido de extrema derecha Vox, Amnistía Internacional también ha trasladado el informe a mecanismos internacionales y regionales de derechos humanos.
Cuixart reclama a la Fiscalía que pida su libertad
Tras publicarse el informe de Amnistía, Cuixart ha emitido un comunicado para reclamar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que “tome partido” para que la Fiscalía y la Abogacía del Estado pidan su libertad inmediata y de la resta de los condenados por el Supremo en el trámite abierto en el Constitucional.
Por su lado, el vicepresidente de Òmnium, Marcel Mauri, ha afirmado que Sánchez “no puede seguir mirando hacia otro lado” porque “ya no es Òmnium, es Amnistía Internacional quien exige a la Abogacía del Estado y la Fiscalía que pidan la libertad de Cuixart y Sánchez ante el Constitucional”. Mauri también ha destacado que el informe de la ONG alerta de que “la sentencia del Supremo es una amenaza a las libertades de todos”.