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El juez del 1-O de Barcelona pide a Llarena imputar por rebelión a Salvadó y Jové

Forcadell, Junqueras, Jové y Salvadó

elDiario.es Catalunya

El juez de Barcelona que investiga los preparativos del 1-O ha pedido al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena que incluya a los excargos de la Generalitat Josep Maria Jové y Lluís Salvadó en la causa que instruye por rebelión, sedición y malversación contra los dirigentes independentistas.

El magistrado Juan Antonio Ramírez Sunyer ha elevado al Supremo una exposición razonada en la que pide a Llarena investigar a Jové, exsecretario general de la Vicepresidencia y Economía y Hacienda, y a Lluís Salvadó, exsecretario de Hacienda, ambos diputados de ERC en el Parlament en la actual legislatura.

En el escrito, del que ha informado en primer lugar TV3, el juez Ramírez Sunyer insta a Llarena a incluir en la causa contra el 'procés' a los dos exaltos cargos porque Salvadó y Jové “aceptaban plenamente la posibilidad de que para el logro de sus fines se requiriesen actos de violencia al tener que acudir a la vía de la declaración unilateral”. Cabe recordar que el delito de rebelión castiga el alzamiento violento y público y el último condenado en España por este delito fue el coronel Tejero por el 23-F.

La Fiscalía del Tribunal Supremo ya había pedido a Llarena que incluyera a Jové en la causa contra el 'procés' el pasado mes de enero, pero el magistrado lo descartó por tratarse de un alto cargo y no de un conseller. Tampoco aceptó la petición fiscal y de la defensa del exconseller Joaquim Forn de asumir la investigación contra el exmajor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero.

Si acepta la exposición razonada de Ramírez Sunyer, Salvadó y Jové serán los primeros altos cargos de la Generalitat sin rango de conseller investigados por el Supremo. Pero si Llarena mantiene su tesis y descarta investigar a los dos políticos de ERC, Ramírez Sunyer tampoco podrá citarles a declarar como imputados. Al ser diputados en el Parlament, Salvadó y Jové son aforados, por lo que la competencia para interrogarles corresponde o bien al Supremo o bien al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

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