El juez Llarena implica a Òmnium en los indicios de malversación enviados a Alemania
El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha asumido una de las recientes líneas de investigación del juez de instrucción 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, sobre el uso de fondos públicos para el referéndum. En su último escrito remitido a la Fiscalía alemana en el que expone la “fuerza de los indicios” de la presunta malversación, Llarena incluye “la posibilidad” de que Òmnium Cultural actuara como una sociedad interpuesta para encargar trabajos publicitarios del 1-O, que luego varios empresarios facturarían a la Generalitat.
Esta fórmula se habría utilizado para encargar 117.516 carteles publicitarios, 26.000 folletos y 513.000 dípticos del 1-O. No fueron distribuidos porque la Guardia Civil los intervino durante el mes de septiembre. A partir de su incautación, el juez de instrucción 13 y el Instituto Armado fueron tirando del hilo hasta dar con un nombre clave: Enric Vidal, coordinar de acción política de ERC en Badalona y socio de Òmnium.
Según declaró ante la Guardia Civil, Vidal encargó el material gráfico a distintos proveedores “en nombre de un tal Toni”, del que aportó un número de teléfono móvil que Llarena ha incluido en el informe enviado a Alemania. Tanto el número como el “tal Toni” corresponden, señala Llarena, a Antoni Molons, exsecretario general de difusión de la Generalitat. Molons fue detenido el pasado 15 de marzo en una operación ordenada por el juez de Barcelona para investigar la relación entre Òmnium, la Generalitat y los pagos del 1-O.
Llarena ha enviado a Alemania todos estos datos pese a que por el momento sólo ha comparecido en sede judicial una de las partes del triángulo formado por Òmnium, la Generalitat y empresarios gráficos. Vidal y Molons tienen cita ante instrucción 13 el próximo 16 de mayo, según ha podido saber este diario.
El primero ha sido citado como testigo, mientras que el exalto cargo –fue cesado por el Gobierno después de su detención– sí deberá comparecer ante el juez Ramírez Sunyer como imputado (investigado, según la nueva denominación). Molons ya fue interrogado por la Guardia Civil en noviembre de 2017, en esa ocasión como testigo. Entonces apuntó al exconseller de Presidència Jordi Turull como el responsable de autorizar la publicidad del Govern del 1-O.
Por su lado, los empresarios Sergi Aymerich y Ricard Martí declararon el pasado mes de marzo como imputados ante el juez Ramírez Sunyer y señalaron a Enric Vidal como el “intermediario freelance” que, en nombre de la Generalitat, les encargó trabajos relacionados del 1-O. Ambos añadieron que todavía no habían cobrado –ni de la Generalitat, ni de nadie– por los dípticos y los carteles del referéndum. Desde Òmnium Cultural se viene manteniendo desde hace semanas que la entidad no ha jugado papel alguno en la presunta malversación del 1-O.
“Existen indicaciones testificales de que fue un representante de Òmnium Cultural quien interesó el presupuesto del material y consta además la referencia Òmnium en las cajas que contenían esos carteles”, señala en referencia a Vidal el magistrado Llarena en el documento enviado a Alemania. En este escrito, el magistrado defiende ante las autoridades germánicas el procesamiento por malversación de los dirigentes catalanes mientras espera a que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, le aporte un informe en el que certifique sus declaraciones sobre la imposibilidad de que los investigados utilizaran dinero público para celebrar el 1-O.
Llarena, igual que la Guardia Civil, asegura que el material gráfico encargado por Òmnium a petición de la Generalitat “estaría valorado”, conforme con la declaración prestada por una empleada de las empresas, en 61.869 euros. El magistrado añade que “si limitamos la valoración del material efectivamente intervenido, su importe alcanzaría los 47.151,7 euros”. Sea cual sea la cantidad, los empresarios han asegurado que no han cobrado.
“No se excluye la posibilidad de que el pago del material fuera una obligación asumida con cargo a la propia Generalitat de Catalunya, con independencia de que haya sido o no pagada”, concluye Llarena. Está por ver si esta respuesta convence al tribunal de Schleswig-Holstein respecto a las dudas mostradas sobre el delito de malversación tras negar la extradición de Puigdemont por rebelión.
Los jueces alemanes consideraron que la euro-orden inicial de Llarena no incidía en un aspecto importante, esto es, si Puigdemont dio la orden directa de sufragar a cargo del presupuesto público los 1,6 millones de euros que habría costado el 1-O según los cálculos del magistrado. Si bien el tribunal alemán consideraba “corresponsable” políticamente a Puigdemont de los costes del referéndum, también añadía que en la petición de extradición de Llarena “no queda aclarado si el Estado tuvo que hacerse cargo realmente de estos costes por haber sido sufragados con cargo al presupuesto regional”.
A 1.860 kilómetros, el juez Ramírez Sunyer sí lo tiene claro. En una resolución del pasado 2 de mayo, el magistrado insiste en que el contenido las polémicas conferencias del exsenador de ERC Santiago Vidal que permitieron abrir la causa hace más de un año ha resultado “plenamente coincidente con los hechos sucedidos meses después”. Por ejemplo, señala el juez, la “obtención ilegal de fondos sin que los mismos estuvieran incluidos en los presupuestos o que hubieran sido adecuadamente ocultados”. Son los 400 millones que Vidal dijo que el Govern tenía como “partida oculta” para celebrar el referéndum y que a día de hoy no han aparecido.
