En la cocina financiera del 1-O: “No van a encontrar malversación porque no se ha pagado un euro”
Sin pagos no hay malversación. Así lo creen quienes fueran algunos de los cargos del departamento de Economía que estuvieron en la cocina financiera del referéndum del 1-O, que han accedido a hablar con eldiario.es sobre la investigación que la Guardia Civil sigue contra el Govern por este aspecto. Según indican, pese a los informes remitidos por la policía todas las facturas emitidas durante su mandato están justificadas y avaladas por la Intervención General de la Generalitat.
“No van a poder justificar el delito de malversación porque no se ha pagado un euro”, aseguran dos de los hombres que conocen uno de los secretos mejor guardados del 1-O. Las dos fuentes consultadas aseguran que las indagaciones de la Guardia Civil dan “palos de ciego”, pues se limitan a tratar de deducir, a partir del material electoral incautado o conocido, cómo se pudo pagar desde la Generalitat. “Y no lo encontrarán, porque simplemente no se abonó”, remacha una de ellas.
El equipo económico de Junqueras tomó posesión después de que el ministerio de Hacienda hubiera impuesto un control total a los gastos de la Generalitat, como condición para que la administración autonómica pudiera acceder a ingresos del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). “El objetivo es que no se gaste ni un euro en veleidades independentistas”, declaró en noviembre de 2015 el ministro Cristobal Montoro.
Con estas medidas el Gobierno central no solo controlaba el destino de los recursos del FLA, como hasta el momento, sino también y desde noviembre de 2015 todos los pagos realizados a cuenta del sistema de financiación autonómica. Pero, en julio de 2017, Montoro apretó más y obligó a la Intervención General a emitir informes de justificación de pagos y gastos de todas y cada una de las entidades del sector público catalán. Con esto se evitaba que el Govern pudiese utilizar la recaudación por tributos propios para pagos al referéndum.
Pero, por si todo esto pudiera dejar aún alguna grieta financiera, el 18 de septiembre de 2017, a 12 días de la fecha marcada para el referéndum, Hacienda tomó el control total de las finanzas de la Generalitat, haciendo cargo del conjunto de los pagos de la comunidad. “Era imposible pagar nada no justificado al menos desde julio y, en la recta final, directamente era imposible pagar nada”, aseguran estas fuentes del departamento.
Y sin embargo, el referéndum se hizo. Sin querer revelar más de la cuenta por autoprotección, la fórmula a la que apuntan desde las fuentes consultadas de la Generalitat dibuja un sistema mediante el que los proveedores pudieron haber aportado el material sin esperar que fuera pagado desde la consellería. A partir de aquí, algunas voces han especulado con donaciones a fondo perdido y otras con la promesa de pagos desde una futura República catalana. Incluso hay quien no descarta que todo lo pagaran particulares adinerados comprometidos con el movimiento independentista.
Los cocineros económicos del 1-O prefieren no entrar en estas teorías. Tras asegurar que “no pueden confiar en la justicia” por lo que han visto en los últimos meses, de lo que sí están seguros es de que el juez Llarena no será capaz de probar ningún desvío de fondos ni pago irregular. “Había dos millones de votantes, estos sí que estaban. Todo lo demás son informaciones interesadas”, ha asegurado este jueves, con la misma convicción, el diputado de ERC Ernest Maragall. El juicio constatará si tienen razones para estar tan seguros.
La Guardia Civil insiste y apunta a las entidades
Tras cifrar ante el Tribunal Supremo en 1,9 millones la cantidad presuntamente malversada por el Govern el 1-O –incluyendo facturas que no se abonaron, estimaciones y gastos de partidos políticos– la Guardia Civil ha apuntado ahora a las entidades independentistas. Paradójicamente, en un nuevo informe del pasado 11 de abril aportado al juzgado de instrucción 13 de Barcelona, el Instituto Armado se asoma a la tesis de que el 1-O lo pagaron la ANC y Òmnium Cultural. Los investigadores no descartan que el Govern estuviera detrás de los gastos, pero no explican cómo.
¿Cuál es el nexo con el Govern, y por lo tanto, con los fondos públicos? En primer lugar, un correo electrónico entre la exconsellera de Trabajo Dolors Bassa y su segundo, Josep Ginesta, en el que se adjuntan un extracto de la ley de referéndum que detalla que el Govern asumiría la financiación del 1-O. Y también el ya célebre documento Enfocats, el powerpoint sin sello oficial incautado en casa de Josep Maria Jové en el que se basó el inicio de la instrucción de la causa, pero que desapareció en el auto de procesamiento del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena del pasado 23 de marzo.
En opinión de la Guardia Civil, esto demuestra que el papel de las entidades soberanistas en el 1-O “no solo sería la movilización de la sociedad para alcanzar una participación activa” en la votación, “sino que su participación también se circunscribe al plano económico, afrontando el coste de diferentes campañas promotoras del referéndum”.
En el informe, al que ha tenido acceso este diario, los agentes certifican que la ANC pagó de su bolsillo los 115.218 que costó el acto de inicio de la campaña del referéndum del 1-O, celebrado en el recinto Tarraco Arena de Tarragona. Todo ello, según la Guardia Civil, lleva a pensar que la ANC, Òmnium y el Govern, además de compartir ideario independentista, se concertaron para pagar el 1-O.
De ahí que la Guardia Civil concluya: “Se desprende que si bien es cierto que los mensajes de las campañas del referéndum han sido costeados por ANC y Òmnium, existe una idea inicial de asumir el gasto por parte de la Generalitat, por lo que no se descarta que esos gastos hayan sido reembolsados de alguna forma, que hasta la fecha no se ha determinado”. En la cocina del referéndum están seguros que no la Guardia Civil no logrará determinarlo ni mañana ni dentro de cien años.
