El defensor del pueblo catalán pide que se libere a los presos independentistas hasta que se celebre el juicio

El Síndic de Greuges (defensor del pueblo catalán) ha reclamado este lunes la liberación “inmediata” de los políticos catalanes presos hasta que se celebre un juicio con plenas garantías. Lo ha hecho con motivo de la presentación de un informe en el que analiza tanto el proceso penal seguido por el Tribunal Supremo por los hechos del proceso independentista, como la intervención de la autonomía con el 155. A su juicio, se ha producido un rosario de violaciones de derechos y libertades en ambos aspectos.

Respecto a los presos, Ribó ha recordado que “realizar consultas sin amparo legal no es un delito” a tenor de la propia ley española, por lo que no puede tener reproche legal. A su juicio los cargos de rebelión y sedición no tienen base en los hechos ocurridos en octubre, entre el referéndum del 1-O y la declaración de independencia, dejando abierta la puerta a otros delitos como la desobediencia o la malversación.

El síndic entiende que la medida de prisión cautelar impuesta es por tanto desproporcionada. Pero, también, que los reos han podido ver vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva por cómo se ha procedido en la causa. Ribó recuerda, por ejemplo, que Jordi Sànchez y Jordi Cuixart fueron citados ante el juez sin tener conocimiento del contenido de la denuncia de la Fiscalía, o que los miembros del Govern no pudieron preparar sus defensas en libertad.

La desproporción de la prisión cautelar se agrava, a juicio del síndic, cuando el juez Pablo Llarena ha denegado en diversas ocasiones a diferentes presos las salidas para atender a diferentes sesiones parlamentarias, como fue la negativa de que Jordi Sànchez se sometiera a una investidura. El informe asegura que esta negativa violó los derechos políticos de Sànchez, pero también el derecho a la participación política del conjunto de los catalanes a quienes el diputado representa.

Otra de las preocupaciones fundamentales recogidas en el informe que Ribó ha entregado al presidente del Palament, Roger Torrent, versan sobre la intervención de la Generalitat por el 155. Al entender del equipo de la Sindicatura, las medidas que se han aplicado podrían estar fuera de la Constitución. “La disolución del Parlament y la destitución del Govern difícilmente se pueden considerar habilitadas por el artículo 155 CE”, asegura el informe, que asegura que estas medidas se rechazaron hasta en tres ocasiones durante la redacción del artículo constitucional.

Por esta razón, Ribó considera que la intervención de la comunidad autónoma debe acabar en todas sus dimensiones, también en lo que afecta a la supervisión financiera que el Gobierno central aseguró que no levantaría. Según el síndic, devolver a Catalunya su autogobierno es la forma de auspiciar un “diálogo constructivo”, que a su entender debe ser entre Catalunya y España, pero también interno entre catalanes.

Entre las recomendaciones que hace el defensor, además de la liberación de los presos Ribó reclama revertir la erosión de derechos y libertades que ha venido sucediendo en los últimos meses, y también que se diluciden las responsabilidades oportunas por la violencia ocurrida el 1 de octubre.