Bruselas recuerda que la ampliación de El Prat sigue condicionada a que se resuelva el último expediente medioambiental

La batalla por la ampliación del aeropuerto de El Prat se libra en Bruselas, donde las instituciones europeas tienen la última palabra sobre proyectos de alto impacto medioambiental. Después de que el Gobierno aprobara la semana pasada el documento de inversiones de Aena que da luz verde al primer paquete para la remodelación de El Prat, la Comisión recuerda que España aún debe cerrar satisfactoriamente el procedimiento de infracción abierto en 2021 por las obras anteriores en el aeropuerto barcelonés.

“Cerrar el expediente”, aseguran fuentes de la Comisión en respuesta a este diario, “es necesario para establecer la situación de referencia a partir de la cual se pueda evaluar el impacto de cualquier nuevo proyecto”.

De esta manera, Bruselas deja claro que no tomará una posición sobre el polémico alargamiento de la pista, por encima de espacios naturales protegidos, hasta que no certifique que España ha cumplido las compensaciones exigidas por las actuaciones anteriores.

La Unión Europea sacó tarjeta roja a España en 2021 al considerar que no había cumplido con los compromisos adquiridos para llevar a cabo la ampliación proyectada en 1999. En una carta enviada por el comisario, consideraba que el Gobierno no había protegido suficientemente el delta del Llobregat, una zona preservada por la Red Natura 2000, y le emplazaba a hacerlo.

El Gobierno ha tratado desde entonces de apurar los trámites. Tras una reunión mantenida con la Comisión, el pasado julio Gobierno y Generalitat enviaron los documentos que, según la parte española, confirmarían que ya ha satisfecho sus obligaciones. De ser así, el procedimiento se cerraría sin sanción.

Pero la Comisión recuerda que eso aún no ha ocurrido, porque siguen examinando la respuesta dada por las autoridades del país. Y, sin eso, Europa no puede evaluar aún el nuevo proyecto de ampliación, que supondría la destrucción de una parte significativa de una de las lagunas del Delta y la construcción de pista tanto sobre parte de la zona protegida al norte del aeropuerto como sobre parte de la zona sur.

El proyecto final para la ampliación de El Prat se acordó en junio pasado entre el Gobierno y la Generalitat. El nuevo trazado de la pista sur continúa invadiendo zonas de alto interés ecológico, pero sus autores aseguran que puede compensarse en otras áreas. Este argumento no convence a las entidades ecologistas ni a ERC y los Comuns, aliados de Salvador Illa, que mantienen intacta su oposición a una remodelación pensada para aumentar los pasajeros de 55 a 80 millones anuales.

Ante esa controversia, será decisivo lo que acabe diciendo la Comisión Europea, que deberá aceptar o rechazar la propuesta del Ministerio de Transportes. Algunos de los detractores de la ampliación son optimistas porque consideran que Bruselas no avalará poner cemento sobre una laguna protegida. Mientras, Gobierno y Generalitat creen que el proceso sancionador anterior concluirá de forma favorable y, una vez que eso pase, podrán centrarse en intentar que Europa avale la nueva remodelación.