El Defensor del Pueblo catalán pide a la Consejería que proteja a los profesores denunciados de Sant Andreu

El Síndic de Greuges, figura análoga al defensor del pueblo en Catalunya, ha emitido este miércoles un comunicado en el que reclama al Departamento de Enseñanza y al resto de administraciones que protejan a los profesores denunciados por supuestos delitos de odio en el instituto El Palau de Sant Andreu de la Barca, en Barcelona.

A su entender estos nueve profesores han visto lesionados sus derechos a la intimidad y a la propia imagen después de que el diario El Mundo publicara el pasado fin de semana sus nombres y fotos personales, una difusión a la que se sumaron cargos políticos como el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, tal como denunció la propia comunidad docente del centro.

“El Departamento de Enseñanza debería adoptar medidas inmediatas para proteger a estos docentes, y garantizar y evitar vulneraciones de su derecho a la intimidad y la propia imagen. A estas alturas no se tiene constancia de que la Administración educativa haya llevado a cabo ninguna actuación con este objetivo”, asegura el Síndic.

Ribó además considera “desorbitada e inadecuada” la denuncia por la vía penal, al entender que el caso estaba encauzado por la vía administrativa y por la propia inspección de la Generalitat. En este sentido, el defensor informa de que su oficina inició una actuación de oficio el 5 de octubre, a raíz de las informaciones aparecidas sobre las presuntas afirmaciones vejatorias contra hijos de guardias civiles estudiantes en el centro.

Con esta actuación, explica en el comunicado, pudo comprobar que la inspección había visitado el centro en diversas ocasiones para recabar información necesaria y velar por el buen funcionamiento del centro. Además asegura que la dirección del instituto “ha actuado en todo momento de acuerdo con sus funciones para recuperar el clima de convivencia respecto de toda la comunidad escolar y ha hecho múltiples actuaciones para devolver la dinámica habitual en el centro”.

Ribó indica además que, a pesar de que se invitó a los padres y madres de los alumnos presuntamente afectados a formalizar quejas por el canal administrativo, ninguno de ellos lo hizo. “Se han llevado a cabo actuaciones para comprobar los hechos y que, aunque no se ha recibido denuncia de ninguna familia, se ha mantenido entrevistas con docentes, alumnos y familias”, asegura el Síndic en análisis de la información que la propia Consejería le ha remitido.