Miembros de CDC, ERC y BComú apoyan a la CUP en su crítica a la “persecución política” del Estado
La CUP calienta motores para la manifestación que celebrará este sábado en Barcelona con un manifiesto en el que critica la “clara voluntad del Estado de atemorizar” a la sociedad catalana en general y a los cargos electos independentistas en particular. Al texto se han sumado, además de las voces clásicas de la izquierda independentista catalana, miembros de Convergència (Víctor Terradellas, consejero nacional de CDC), ERC (el diputado en el Congreso, Joan Tardà o el exconseller en cap de la Generalitat, Josep Lluís Carod Rovira) o Barcelona en Comú (como Jordi Bonet o el cuarto teniente de alcaldía de Barcelona, Jaume Asens).
El manifiesto recuerda que un total de 291 ayuntamientos han sido requeridos por la Audiencia Nacional por aprobar mociones de apoyo a la declaración de inicio del proceso de independencia que el Parlament validó el pasado 9 de noviembre, lo que a juicio de la CUP supone una “una campaña de persecución”.
“No podemos permitir que el Estado español ponga bajo investigación y juicio a concejales, a ayuntamientos, y quizás a diputados bien pronto, por promover debates, opiniones y posicionamientos democráticos sobre cómo creen que debería poder decidirse el futuro de nuestro pueblo”, señala el manifiesto, que también rechaza la suspensión de leyes aprobadas en el Parlament por parte del Tribunal Constitucional.
Asimismo, la CUP reclama a la Generalitat y a los ayuntamientos que “aseguren la cobertura política, legal y económica de las personas encausadas, de manera que tengan garantizado el apoyo a cualquier decisión que puedan tomar en relación con su situación, incluida la desobediencia a las leyes injustas”.
Entre los firmantes, además de políticos en activo o retirados, figuran, entre otros, el director de Vilaweb, Vicent Partal, el cantante y diputado de Junts pel Sí, Lluís Llach, o el politólogo Ramon Cotarelo. Todos ellos apoyan la manifestación de la CUP del próximo 7 de mayo, “que quiere mostrar que la sociedad catalana no tiene miedo de ninguna amenaza judicial ni de ningún tribunal de excepción, y que estamos decididos a avanzar con paso firme y por vías democráticas hacia a la soberanía política como país”.
