El Ministerio de Hacienda limita a 197.000 euros los gastos del 1-O que la Generalitat llegó a pagar
El Ministerio de Hacienda ha cuantificado por primera vez el coste que tuvo el referéndum para las arcas públicas. Los peritos del Ministerio han cifrado en 813.000 euros el importe total de fondos del Govern previstos para la votación, si bien sólo 197.00 euros se llegaron a pagar para sufragar el 1-O. Ambas cifras se sitúan bastante por debajo de los casi 4 millones de euros que la Guardia Civil calcula que costó el 1-O, aunque el propio Instituto Armado reconoce que la Generalitat no abonó todos los gastos. Por su lado, la Fiscalía cifró en casi 3 millones el dinero supuestamente malversado.
Antes de fallecer, el juez de Barcelona que investigaba los preparativos del referéndum, Juan Antonio Ramírez Sunyer, encargó a los técnicos de Hacienda un informe pericial sobre el coste del 1-O. La respuesta de los peritos llegó el pasado 12 de noviembre al juzgado en un informe, del que ha informado en primer lugar TV3 y al que ha tenido acceso este diario.
Los peritos de Hacienda llegan a la “conclusión”, después de analizar los expedientes de gasto de la Generalitat, de que un total de 812.624,78 euros de la administración catalana “se han empleado en actuaciones relacionadas con el referéndum”. De estos, 196.906,90 euros sí se han pagado, pero 615.717,88 no se han llegado a abonar. Los gastos que la Generalitat ha abonado corresponden a el coste de los honorarios y el desplazamiento de los observadores internacionales de la votación –177.304,90 euros– y la traducción al inglés de una web dedicada al 1-O –19.602 euros. Para el mismo fin se previeron, según Hacienda, 13.068 euros que no se han pagado.
Tampoco se han llegado abonar, concluyen los peritos del Ministerio, 336.143,34 euros correspondientes a la campaña institucional del 1-O y 266.506,54 euros dedicados a anuncios para promover el registro de catalanes en el exterior. El informe de Hacienda añade que su cálculo se basa en todos los expedientes de gasto de la Generalitat así como en el “análisis de la evolución de la intervención” de las cuentas catalanas por parte del Ministerio de los años 2017 y 2018, por lo que el gasto “real” en el referéndum no necesariamente es el que indica el informe.
Este informe pericial de Hacienda no consta en la causa del Tribunal Supremo contra los exconsellers. La polémica entre el exministro Cristóbal Montoro y el magistrado Pablo Llarena a cuenta del gasto de la Generalitat en el 1-O se cerró con la renuncia del instructor a un informe contable del Ministerio sobre la presunta malversación, aunque dejó la puerta abierta a que técnicos de Hacienda declararan durante el juicio y de hecho la Fiscalía ha pedido que lo hagan.
Mientras los exconsellers en el Supremo y los altos cargos investigados en Barcelona defienden que el 1-O no hubo malversación porque muchas facturas no se llegaron a pagar, la Guardia Civil eleva la presunta malversación a más de 3,2 millones de euros. Además, para la Fiscalía hay malversación aunque no se abone la factura: basta con que se acredite el empleo de recursos públicos para objetivos contrarios a los de una administración que actúa bajo el principio de legalidad. En el 1-O sería el caso de la cesión de locales públicos para que fueran colegio electoral y de los gastos previstos pero que no se llegaron a ejecutar para el referéndum.
En la causa del Supremo, Fiscalía y Abogacía del Estado difirieron sobre cuánto costó el 1-O. El ministerio público cifró en 2,91 millones de euros el dinero supuestamente malversado, mientras la Abogacía del Estado redujo a 1,97 millones de euros la cantidad gastada o comprometida por el Govern para el 1-O. En cualquier caso, ninguna de las dos acusaciones pidieron responsabilidad civil por el gasto público en el 1-O, por lo que la cantidad malversada la tendrá que concretar y reclamar el Tribunal de Cuentas en otro procedimiento en vez del Supremo aunque este último condene por malversación.
Del informe de Hacienda, además de la rebaja en la cantidad presuntamente malversada, destaca varias ausencias. Es el caso del millón de euros que las acusaciones sostienen que la Generalitat gastó en el envío de sobres y papeletas del 1-O, pese a que el administrador concursal de Unipost ha declarado que no le constan como facturas pendientes de cobro porque se anularon. Y también de otro millón de euros que el Govern abonó, según la Guardia Civil, para reformar una nave que sería el centro de datos del 1-O, aunque la obra se terminó de pagar cuando la Generalitat ya estaba intervenida por el 155.
